Al margen - Diciembre 2018

Al margen - Diciembre 2018

 

Muy estruendosas han resultado algunas de las reacciones ante la creación de la policía militarizada —la Guardia Nacional— que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. En España existe la Guardia Civil; en Francia, la Gendarmerie Nationale, y en Italia, los Carabinieri, todas ellas policías militares que gozan de gran prestigio. ¿Que la propuesta conlleva riesgos en México? Por supuesto. Pero, si se pone atención a los derechos humanos, hay más razones para la esperanza que para el miedo.

 

 


 

 

Entre los abogados que se dedican a la procuración de justicia, la ley que crea la Fiscalía General de la República suscita dudas a granel: la fiscalía no tiene atribuciones para perseguir a la delincuencia organizada, el lavado de dinero ni el contrabando. ¿Bastarán las atribuciones genéricas? No señala quién ejercitará la extinción de dominio y no atribuye facultades para desahogar asistencias jurídicas internacionales. ¿Lo que se busca es dejar al Estado en la indefensión? Algunos litigantes ya se relamen los bigotes e imaginan cómo van a dejar sin efecto muchas determinaciones de la naciente fiscalía que —eso sí— nace equipada con principios y normas éticas hasta la saciedad.

 

 


 

 

Como medida para mantener el poder político en su puño, la decisión de Andrés Manuel López Obrador de no tocar la estructura de Morena y —artículo transitorio de por medio— dejar a la cabeza de la coalición a Yeidckol Polevnsky fue inobjetable. En términos de acción partidista, sin embargo, será necesario definir la posición de Morena y controlar desde ahí a sus integrantes. De otro modo, cada facción querrá actuar como partido político independiente. Unas, intentando penalizar el aborto; otras, queriendo despenalizarlo en todo el país, y así, ad infinitum… Sin un partido político en forma, con un ideario claro, todo resultará más complicado… O todo dependerá de la voluntad de una sola persona.

 

 


 

 

México no se ha preocupado por formar fiscales ni jueces que sepan argumentar. Pero no por falta de voluntad política o de capacidad institucional sino porque no hay incentivos para argumentar. El artículo 19 de la Constitución, que tanto prometía, con su infinito catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, vuelve a ser una excusa para que los fiscales se limiten a rellenar expedientes y los jueces, en lugar de juzgar, palomeen esos expedientes. La prisión preventiva oficiosa debe ser la excepción y no la norma. ¿No habrá quien lo explique a nuestros ínclitos diputados y senadores?

 

 


 

 

Mientras a los legisladores les hace falta entender de qué va eso de hacer la ley, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue la incertidumbre. Se dice que Luis María Aguilar, presidente de nuestro Máximo Tribunal, tiene como su carta fuerte a Alberto Pérez Dayán, a quien no le faltan méritos para sustituirlo, pero quien, al ver crecer tanto a Arturo Zaldívar, está dispuesto a cambiar a su candidato y a apoyar a quien sea para que no llegue el ministro queretano.

 

 


 

 

A los que les salió el tiro por la culata fue a los enemigos del magistrado Álvaro Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Lo atacaron y lo dinamitaron para poner en su lugar a un juez “imparcial, alejado de los intereses que defendió Edgar Elías”, pero para su mala suerte Pérez Juárez cayó ante los embates, sí, pero no para se quedara “un juez independiente” sino Rafael Guerra, un incondicional de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien defendió cuando el gobierno de Vicente Fox pretendió desaforar.

 

 


 

 

Las fotografías de los migrantes centroamericanos tratando de derribar la pared de alambre y lámina en El Chaparral deben haberle alegrado estos días al presidente Donald Trump. Al fin parece tener en la mano las cartas necesarias para “obligar a México” a pagar por el muro de piedra con el que quiere aislar a su país del nuestro. “La única manera de evitar la migración masiva”, ha dicho Carlos Morazzani, coordinador de operaciones de la Cruz Roja para las Américas, “es el desarrollo”. De acuerdo. Pero ¿qué sé hace en el ínterin?

 

 


 

 

Mientras el semanario The Economist anuncia con bombo y platillo, en una de sus más recientes portadas, que los índices de suicidio decrecen en el mundo, en México aumentan la tensión, la depresión y la angustia de nuestros soldados y marinos. A tal grado que en los últimos dos sexenios han desertado más de 50. De acuerdo con el diario La Jornada, “al repeler las agresiones, la Sedena abatió a 3,907 personas, mientras la Marina respondió en 176 ocasiones, dando muerte a 449 civiles armados”. Y esto, claro, genera miedo, desánimo y crisis que acaban en el hospital o en la deserción.

 

 


 

 

Con bombo y platillo se publicaron en el Diario Oficial (16 de noviembre de 2018) los formatos para las nuevas declaraciones patrimoniales y de intereses que deberán presentar todos los servidores públicos. Hay que incluir información sobre 35 rubros en 66 páginas. Estos formatos dan constancia del modo en que han empleado su tiempo los burócratas del Sistema Nacional Anticorrupción. Con esto justifican su salario. No prometen, sin embargo, combatir las prácticas ilícitas: quienes ganan 10 y tienen 1,000 millones no ponen sus propiedades a nombre propio ni al de su familia. Tampoco tienen sus cuentas en bancos mexicanos. Los nuevos formatos sólo anticipan burocracia y tiempo perdido para los servidores públicos honestos.

 

 


 

 

A nadie le gusta que le reduzcan el sueldo, pero los recursos que han promovido ante la Suprema Corte de Justicia algunos integrantes del Poder Judicial se antojan patéticos. ¿Nadie les habrá dicho a estos jueces que, si lo quiere, López Obrador sólo tiene que ordenar al Congreso que se derogue el antepenúltimo párrafo del artículo 94 de la Constitución para que todo su pataleo quede sin materia? En este escenario, nadie citará doctrina ni documentos internacionales…

 

 


 

 

Vaya escándalo se suscitó con la concesión de El Águila Azteca a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. La intención de darla fue abiertamente política: apoyar los futuros planes de Luis Videgaray. Pero, por otra parte: ¿no siempre ha sido así? ¿Quién de nosotros recuerda a cinco personas distinguidas con esta presea?

  

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