Al margen - Enero 2018

Al margen - Enero 2018

Hay que festejar que el presidente Enrique Peña Nieto haya enviado a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, para garantizar que en cada municipio del país haya, al menos, un juzgado cívico. Es un pequeño paso para alcanzar el acceso a la justicia en México, pero un paso indispensable.

 


 

Antes de que concluyera 2017, el presidente Peña Nieto se anotó otro punto a favor al anunciar, durante la tercera sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que este año enviará una iniciativa de ley para facilitar la adopción de aquellos menores que necesiten integrarse a una familia. Quienes han vivido el proceso de adopción saben lo complicado que éste puede llegar a ser. Ojalá que pronto contemos con un nuevo marco jurídico al respecto.

 


 

Muy oportuna fue la posición del PAN al oponerse a la terna que el PRI presentó para elegir al auditor superior de la Federación. Si se le negó la reelección a Juan Manuel Portal por haber destapado, entre otras, las corruptelas de los gobernadores de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, no parece razonable que el nuevo auditor esté tan ligado al PRI, como lo estaban los integrantes de la terna. “El PAN quiere un auditor a modo”, lloriqueó el diputado César Camacho. Dados los equilibrios de poder que tanta falta hacen a México, será mejor un auditor a modo del PAN que uno a modo del PRI. No contento con el Tribunal Electoral, el PRI también quiere ahora la Auditoría Superior de la Federación.

 


 

A propósito del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el PRI ya no tiene que preocuparse por ganar la elección: ocurra lo que ocurra, el TEPJF le dará la razón. Haber confirmado el triunfo del gobernador que excedió los gastos de campaña en Coahuila; haber “reinstalado” a Humberto Moreira en el PRI —pese a algunos priistas—; haber anulado las multas a las televisoras de las que tanto se espera en la elección de 2018 o autorizar el reparto de tarjetas sin ningún control son, apenas, indicios de lo que será capaz de hacer este tribunal. Nicolás Maduro daría cualquier cosa por tener magistrados tan obsecuentes.

 


 

 Lo ideal sería que tuviéramos una policía capacitada y sagaz. Lo ideal sería que no hubiera tantos grupos dispuestos a buscar sus fines a través de la violencia. Pero dado lo que tenemos y no tenemos en México, la Ley de Seguridad Interior es una respuesta adecuada. Esto, desde luego, no significa que la ley sea perfecta. Como todo instrumento legal, dependerá del uso que se haga de él… Ojalá que nuestros soldados y nuestros marinos lo utilicen con todas las precauciones posibles.

 


 

Al igual que ocurría con su antecesor en el cargo, el primer informe de labores del magistrado Álvaro Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quedó señalado por la presencia de Carlos Slim en primera fila. Fueron muchos los asistentes al evento que se preguntaron qué hacía el señor Slim ahí. “Viene a recordar a los magistrados que se porten bien”, dijo algún asistente mal pensado.


 

Por cierto, ojalá que los amparos que ha ganado la Procuraduría Federal del Consumidor contra Iusacell y Nextel —ambas empresas adquiridas recientemente por AT&T— sean, en efecto, a favor de los consumidores, por deficiencias en el servicio telefónico y por cobros indebidos, y no a favor de otra empresa que les haga competencia.

 


 

No parece disparatada la exigencia de la Unión Europea de que en el Tratado de Libre Comercio con México más de 350 productos europeos sean los únicos que lleven el nombre original. El queso parmesano, el queso manchego y el jamón ibérico, por ejemplo. La Unión Europea exige que se respete el indicador geográfico: la denominación de origen. Si se producen en México, debe tomar otro nombre. ¿O podría haber tequila francés o artesanías poblanas alemanas?

 


 

Entre los corrillos de abogados ha sido muy comentada la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador de nombrar como secretaria de Gobernación a Olga Sánchez Cordero, en caso de ganar las elecciones de 2018. Nadie pone en duda la inteligencia y la honestidad de la antigua ministra de la Suprema Corte, pero nadie la imagina organizando operativos policiacos para contener una manifestación, entrevistándose con los agentes encubiertos de los sindicatos o armando un juicio de procedencia contra los gobernadores que, en nombre de la soberanía estatal, se mostrarían desafiantes ante el presidente López Obrador.

 


 

Aunque asumió el cargo con una sonrisa de oreja a oreja —“Les dije que iba a llegar”—, Héctor Díaz Santana, el nuevo fiscal electoral, tendrá muy pequeño margen de maniobra… A menos, claro, que llegue a creer, como su antecesor, que de veras es independiente.

 


 

Tal parece que democracia y honestidad son incompatibles: se exige a los partidos políticos que ganen votos, muchos votos, si quieren alcanzar una posición política. Conseguir estos votos —qué obviedad— exige difusión, promoción, eventos… lo cual cuesta dinero. Obtener estos recursos financieros, por ende, se vuelve la misión de algunos políticos que, ayudados por abogados y contadores públicos, buscan cómo saltarse la ley para lograrlo. El Chihuahuagate y los escándalos que estamos por ver este año confirman que la política pierde a pasos agigantados su prestigio. Ser político en los tiempos de la democracia casi se ha vuelto sinónimo de ser deshonesto.

 


 

Mal se vio que México se abstuviera a la hora de condenar la ocurrencia del presidente Donald Trump para cambiar la capital de Israel de Tel-Aviv a Jerusalén. Esta última ciudad tiene un carácter sagrado no sólo para los judíos sino para los cristianos y los musulmanes, por lo que intentar “secuestrarla” para dar gusto a los judíos ultraconservadores no parece sensato. Así lo entendieron, al menos, los 128 países de la ONU que votaron contra la nueva provocación de Trump. En el caso de México y Canadá —otra de las abstenciones— el voto fue lamentable pero entendible: en las vísperas de que sigamos en el TLC o salgamos de él, y ante las bravuconadas del presidente norteamericano, más vale actuar con prudencia.

 


 

El Mundo del Abogado lamenta el sensible deceso de Pedro Barrera, antiguo secretario general de la Escuela Libre de Derecho, quien, durante más de 40 años, fue para muchos estudiantes el rostro amable de esta institución. Descanse en paz.

 

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