Al margen - Enero 2019

Al margen - Enero 2019

México aún tiene mucho que aprender en materia democrática. Negarnos a aceptar el triunfo del otro es, desde hace siglos, un rasgo lamentable en nuestra forma de ser: o gano yo, o no juego. O gano yo o los otros hicieron trampa. O gano yo o no hubo democracia… La última manifestación de esta actitud fue el berrinche de José Luis Vargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) que, como no se salió con la suya para anular la elección en Puebla, ahora exige que renuncie la presidenta del Tribunal, quien no votó con él. Es difícil defender las pifias e inconsistencias del TRIFE, pero es fácil criticar la inmadurez de este funcionario que, con sus pataleos, poco contribuye a la fortaleza de nuestras instituciones.

 

 


 

 

Hablando de juzgadores, qué vergonzoso resultó descubrir la red de magistrados, jueces y visitadores del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit que, entre 2013 y 2018, se coludieron para despojar a más de 60,000 personas de sus casas del INFONAVIT. Tras las constancias falsas y notificaciones que no tenían forma de llegar a los notificados, los magistrados Pedro Antonio Enrique Soto y José Ramón Marmolejo Coronado, así como los jueces Braulio Meza, Mario Alberto Cervera, Justino Rodríguez y Baldomero Zamora, no sólo merecen ser desaforados sino sancionados de manera ejemplar. Si no castigamos a estos impartidores de justicia, estaremos enviando un mensaje desalentador a todo el país.

 

 


 

 

Aunque se aprobó la extinción de dominio con bombo y platillo, la noticia no debe entusiasmarnos: se sigue condicionando la figura a la investigación de un delito; no incluye retroactividad ni imprescriptibilidad, como lo exigen los cánones internacionales. Donde funciona, este procedimiento de carácter civil permite despojar de sus propiedades a quien no logre explicar su procedencia. A un prestanombres, por ejemplo. Esto inhibe a todo aquel corrupto que sabe que, aunque no podrán probarle su delito, el Estado acabará por quitarle aquello que obtuvo al margen de la ley. En los términos en que se aprobó, esta figura resultará inocua y dejará una sospecha: ¿a qué le tienen tanto miedo nuestros legisladores?

 

 


 

 

Lo que tenía que pasar, pasó: los fiscales dizque transexenales de las entidades federativas ya están renunciando a la llegada de los nuevos gobernadores. Para los que se aferren al cargo, se prevén auditorías, investigaciones y hasta procesos penales con el fin de que dejen sitio al fiscal de confianza del nuevo gobernador. Dado el diseño institucional de nuestro sistema penal, pensar en fiscales independientes es una candidez, con perdón de los colectivos que tanto se han esmerado al respecto.

 

 


 

 

Para muchos resultó muy afortunado que se eliminara de la Ley de Ingresos la cláusula de “compensación universal”, beneficio fiscal para las empresas que les permitía acreditar el IVA contra el impuesto sobre la renta. En la práctica, esta cláusula se utilizaba para facilitar la elusión fiscal a través de facturas falsas. Pareciera un buen esfuerzo para evitarla, pero no se ataca el fondo del problema y se deja en desventaja a quien sí utilizaba este beneficio correctamente, pagando justos por pecadores. Ojalá que mejore la recaudación y que los ingresos que se obtengan de veras vayan a causas sociales y no se queden en manos de los grupos clientelares del nuevo gobierno.

 

 


 

 

En el poco tiempo que Alejandro Gertz Manero ha ocupado la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en funciones de titular de la Procuraduría General de la República ha mostrado carácter y oficio. Ojalá que el Senado tome en cuenta estos dos factores a la hora de designar al próximo fiscal general de la República.

 

 


 

 

A principios de 2019 tendrá que decidirse quién ocupará la presidencia del Consejo Nacional de la Abogacía. Luis Ortiz Hidalgo realizó un papel más que decoroso al conciliar a las distintas asociaciones que lo integran pero —en adelante— quien lo encabece deberá lograr que este colegio de colegios se convierta en el gran interlocutor de la abogacía mexicana. Más aún: en antesala de la colegiación obligatoria que dé paso a la profesionalización del gremio. Quienes están satisfechos con el statu quo abogan por algún candidato mediocre que no haga ruido. Quienes apuestan por la modernización y el fortalecimiento institucional, en cambio, exigen a un presidente echado p’adelante y con visión. ¿Cuál de las facciones se saldrá con la suya?

 

 


 

 

El accidente aeronáutico que costó la vida a la gobernadora de Puebla y al coordinador de los senadores del PAN ocurrió en el peor momento. Cuando es imposible evitar conjeturas. “Nada es casualidad en política”, decía Franklin D. Roosevelt. Puebla se perfilaba como una piedra en el zapato para la Cuarta Transformación y, como piensan algunos, bastó echar una estopa al tanque de gasolina del helicóptero para conjurar la amenaza. Aunque éstas no son sino elucubraciones conspiracionistas, hay algo que no lo es: en una democracia son fundamentales los contrapesos. Por ello, será conveniente que el PAN y el PRI se alíen en una coalición. Si en esos partidos de oposición prevalece la visión de Estado, lograrán que Puebla siga representando un interlocutor vigoroso, cuya resistencia beneficiará a todos los mexicanos.

 

 


 

 

Independientemente de lo que ocurra con las elecciones extraordinarias en Puebla, harían bien los legisladores morenistas en mostrar visión de Estado y no afanes revanchistas. Esto fortalecería a Morena. Por lo pronto, tendrían que nombrar gobernador interino a Jesús Rodríguez Almeida, quien fue el secretario de gobierno de la fallecida gobernadora, o algún panista distinguido. Otro rasgo que confirmaría la intención democrática de Morena sería que Yeidckol Polenvsky anunciara, a la brevedad posible, que no será Luis Miguel Barbosa quien contienda en las próximas elecciones. Es fundamental dejar claro que, por parte de este partido, hay fair play.

 

 


 

 

José Mario de la Garza cerró con broche de oro su gestión como presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, al presidir la ceremonia en la que se otorgó el Premio Nacional de Jurisprudencia a Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Aunque el Club de Banqueros no fue la mejor opción, dada su pésima acústica, los discursos fueron muy aplaudidos y el mensaje que se envió resultó contundente. La Barra Mexicana —y toda la abogacía de México— deben unirse para defender los derechos humanos, la división de poderes y el Estado Democrático de Derecho. Con las limitaciones que tiene un país donde la colegiación no es obligatoria, De la Garza desplegó un dinamismo envidiable y desempeñó una presidencia excepcional. Su sucesor va a batallar para llenar la silla.

 

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