Al margen - Enero 2020

Al margen - Enero 2020

 

Los vientos soplan a favor del gobierno del presidente López Obrador: el arresto de Genaro García Luna, aunque se llevó al cabo en Estados Unidos, pareció confirmar lo que él había venido diciendo sobre los móviles ocultos de la lucha contra el narcotráfico. Queda mucho por ver, sin duda, pero la sola detención ha sido una buena noticia para el primer mandatario. Lo mismo habría que decir sobre la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque hubo quien protestó por los “agregados laborales” que Estados Unidos incluyó tras la firma, la verdad es que cada país puede designar supervisores de sus intereses en el extranjero cuando así lo considere oportuno. Con sus exigencias y desventajas, la firma del tratado permitirá saber a empresarios y autoridades a qué atenerse. La ligera revaluación del peso mexicano así lo dejó ver.

 


 

A pesar del optimismo de Mara Gómez, nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y de los buenos augurios del subsecretario Alejandro Encinas, parece que ninguno ha advertido que la comisión no es sino una caja para repartir dinero. ¿De qué depende que una víctima se lleve más y otra menos? Eso lo irá descubriendo la abogada Gómez cuando se interne en las cenagosas aguas del activismo social, donde quien tiene más saliva traga más pinole, y no es lo mismo ser víctimas si se pertenece a un grupo delictivo que a otro. Ojalá que la reforma que anunció Encinas prospere.

 


 

La iniciativa de ley que presentó la senadora María Soledad Luévano para que las iglesias tengan acceso a los medios de comunicación y para que las autoridades puedan asistir en tal carácter a actos religiosos dejó mal sabor de boca. Somos un estado laico y no parece buena idea volver a convertir la fe y la religión en asunto político. Ya vimos todas las tragedias que ésta provocó en el siglo XIX y a principios del XX. Hay quienes dicen que con los sermones y los llamados a portarse bien podrá controlarse mejor a la población y, así, disminuir los índices delictivos. Es posible. Pero también podrían hacerse otras muchas cosas que acabarán por lastimar educación y democracia.

 


 

Salvo que se trate de una estrategia para elevar el valor de un cuadro, como la que urdió Bansky en 2018, las manifestaciones para que se retire del Palacio de Bellas Artes el cuadro Revolución, del artista plástico Fabián Chairez, resultaron fuera de tiempo y de lugar. Sin negar la controversia que genera el cuadro en todo sentido, y sin desconocer que Emiliano Zapata es un símbolo para algunos mexicanos, la libertad de expresión de un artista debe ser protegida en un Estado Democrático de Derecho como el nuestro.

 


 

Va bien Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su lucha contra la corrupción. Haber cambiado de adscripción a 569 funcionarios judiciales —“de los cuales 98 eran claros casos de nepotismo”— es buen comienzo. De él, sin embargo, se espera más. Que aclare, por ejemplo, la inexplicable riqueza de algunos juzgadores y que, en su caso, se castigue de modo ejemplar a quien haya que castigar. El hecho de que no haya jueces ni magistrados federales en prisión podría deberse a la honestidad que campea en el interior de este poder, pero también a otros factores menos encomiables. Confiemos en que Zaldívar llegue hasta el fondo.

 


 

Hablando de la Suprema Corte, muchos abogados se preguntan si ésta se animará a contradecir la opinión del Tribunal Federal Electoral que, a solicitud del ministro Fernando Franco, ya expresó su opinión en torno de la “Ley Bonilla”. Puesto que el gobernador de Baja California fue elegido para gobernar dos años y una reforma, salida de quién sabe qué chistera, determinó que lo mismo son dos años que cinco, el Tribunal señaló la inconstitucionalidad de la ley. Ahora, la Corte tendrá que validar este criterio. Para echar abajo la ley, sin embargo, se necesitarán ocho votos. Si falta uno, la ley quedará firme... Pero la Corte, tambaleando.

 


 

Durante la cena de fin de año que ofrece a sus miembros la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la conversación de casi todas las mesas tuvo que ver con las declaraciones que hizo José Mario de la Garza a La Jornada, mediante las cuales criticó al gremio y lo acusó de ser parte de la corrupción que impera en el país. Se habló, también, de la airada respuesta que le dieron 15 ex presidentes de la Barra, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Hubo comentarios a favor y en contra, pero la mayoría coincidió en que la reacción de los ex presidentes fue desproporcionada y desafortunadísima: “Si no les quedaba el saco, ¿por qué se lo pusieron?”

 


 

En esta misma cena, José Ramón Cossío recibió el Premio Nacional de Jurisprudencia 2019. Lo presentó Cuauhtémoc Reséndiz, quien afirmó que la hiperactividad de Cossío —“está en todo”— ha hecho creer a muchos que más que un abogado se trata de un consorcio. El premiado agradeció el galardón con unas palabras espontáneas —no leyó una línea—. Habló de su vocación y de la importancia que hoy día tiene el Derecho. ¡Felicidades!

 


 

Aunque el Congreso tendrá 180 días para valorar los delitos que incluirá la Ley de Amnistía —y a pesar de los límites que le impone su carácter federal— su aprobación es una buena noticia. No sólo se convertirá en un modelo que las entidades federativas podrán calcar, y así aliviar el rezago en tribunales y en prisiones, sino que permitirá que algunas personas que no tenían por qué estar en prisión puedan salir de ella. Interrumpir un embarazo voluntariamente o ser sorprendido con seis gramos de marihuana no parece digno de que se prive a alguien de su libertad. “La ley es inútil”, claman algunos. ¿Será que meter dos años a prisión a quien se robó un libro sí lo es?

 


 

Otra buena noticia es la ratificación que hizo el Senado del Convenio 189 de la OIT, el cual garantiza ciertos derechos para los 2.5 millones de trabajadoras domésticas que hay en México, quienes se beneficiarán con el esquema de seguridad social previsto en el convenio. Todo instrumento jurídico, toda política pública que abone a la inclusión, debe ser celebrada en nuestro país, pese a quien le pese.

 


 

 

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