Al margen - Febrero 2019

Al margen - Febrero 2019

 

Qué ironías tiene la vida: si alguien se ha esmerado durante su paso por el Poder Judicial en denunciar a las autoridades que violan los derechos humanos, en exigir que se respete el debido proceso en todos los casos penales y en que se castigue a policías, soldados, marinos, agentes de migración o médicos que ignoren sus obligaciones primordiales, ese ha sido Arturo Zaldívar. Ha sido implacable contra quienes, por sus acciones u omisiones, no han hecho valer los derechos consagrados en nuestra Constitución. Sin embargo, ahora que sus compañeros le dieron su voto para que encabezara nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que era “un buen interlocutor” con el gobierno de Andrés López Obrador, tendrá que optar por enfrentarse a este gobierno cada vez que se denuncie una violación a los derechos humanos (y con nuestra Guardia Nacional se esperan muchas denuncias) o a mantenerse en silencio para seguir siendo “un buen interlocutor”. ¿Por cuál camino optará Zaldívar?

 

 


 

 

A propósito de la elección de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, los egresados de la Escuela Libre de Derecho están de plácemes. “Esto aumenta el valor de nuestros títulos”, dicen.

 

 


 

 

La elección de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la nación es, sin duda, una buena noticia para los mexicanos. Gertz es un hombre inteligente y con un carácter excepcional. Sabe que no es autónomo (el presidente ha dejado de convocarlo a las conferencias mañaneras pero sigue diciendo que le dará instrucciones para esto y para aquello), pero también sabe que tiene un margen muy amplio para impulsar el nuevo sistema penal, capacitar al personal a su cargo y perseguir los delitos federales con audacia e imaginación. Hay que aplaudir su nombramiento.

 

 


 

 

No hay que perder de vista a Bernardo Bátiz, a quien el presidente López Obrador animó a participar en el proceso para elegir fiscal general —lo anunció en la terna que iba a contender desde antes de alcanzar la Presidencia y le envió guiños inconfundibles al respecto— para luego abandonarlo sin consideración. Se dice que, ante el temor de que Gertz llegara a la Secretaría de Seguridad Nacional o a la Guardia Nacional, Alfonso Durazo cabildeó para no tener que trabajar con él. Pero independientemente de lo que haya ocurrido, Bátiz es uno de los hombres más leales al presidente y lo ha apoyado en cuanto proyecto ha enarbolado éste. El mensaje fue desalentador para muchos fieles del mandatario.

 

 


 

 

¿Podrían aplicarse los precios de garantía que ha anunciado el gobierno federal sin perjudicar las leyes del mercado? Todo indica que no. “Ante precios artificialmente altos —dijo Francisco Chapa, tesorero del Consejo Nacional Agropecuario—algunos grandes productores buscarán la manera de recibir los apoyos fraccionando sus parcelas a los niveles establecidos en el programa.” Sin embargo, si en verdad la medida ayuda a los campesinos a salir de su precariedad y no sólo sirve para enriquecer a intermediarios y a burócratas responsables de ese programa —como suele ocurrir—, los mexicanos estaremos satisfechos de pagar más por un maíz y un frijol de menor calidad.

 

 


 

 

Nadie en su sano juicio sugeriría que el Ejército enfrentara a los maestros de la CNTE. Pese a ello, hay que desarticularlos a la brevedad posible. No sólo han causado estragos a la educación de los niños mexicanos sino que, una y otra vez, han puesto en jaque a nuestro Estado de Derecho. Su apoyo político en las elecciones de 2018 se recompensó con plazas laborales y, ahora, exigen 5,000 millones de pesos para desbloquear las carreteras. Suena a un chantaje que ninguna democracia debiera tolerar.

 

 


 

 

Si bien el Tribunal Federal Electoral dista mucho de ser una institución de la que se sientan orgullosos los mexicanos —sus bandazos y las pataletas de José Luis Vargas Valdez lo han dejado muy mal situado—, la renuncia de Janine Otálora lo lastimó aún más: ¿se sentía muy presionada por el nuevo gobierno?, ¿sus colegas no la dejaban en paz?, ¿peligraba su salud? Las explicaciones que se han dado no han convencido a nadie y la tarea de Felipe Fuentes —proyectar la independencia del tribunal— se antoja casi imposible en este escenario.

 

 


 

 

Mientras Janine Otálora, Juan Carlos Zepeda (Comisión Nacional de Hidrocarburos) y Marcelina Madrigal (Comisión Reguladora de Energía) han renunciado para no obstaculizar al gobierno entrante, los titulares de otros órganos autónomos se han envalentonado. Que lo diga, si no, Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no ha perdido ocasión de denunciar las violaciones a los derechos humanos y de exigir a las autoridades que no pierdan la brújula en este terreno.

 

 


 

 

Entre las batallas recientes de Luis Raúl González está la de reclamar, de plano, a la Guardia Nacional. El tema volverá a ventilarse hasta el próximo periodo ordinario de la Cámara de Diputados, pero el titular de la CNDH ha dicho y repetido que ampliar la influencia de las fuerzas armadas es un riesgo para los derechos humanos —los soldados quieren arreglarlo todo a balazos— y también para la democracia.

 

 


 

 

Por más que los simpatizantes de Nicolás Maduro en México dicen y repiten que sus detractores son parte de un golpe de Estado, olvidan que un golpe de Estado lo da un puñado de insurrectos —casi siempre militares— para sustituir a un jefe político y ocupar el gobierno sin alterar su estructura. Lo de Venezuela es una reacción de cientos de miles de venezolanos, hartos del desprecio que Maduro ha mostrado por los derechos humanos. Mal hace el gobierno mexicano al no sumarse a Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos y prácticamente a toda la Comunidad Europea al repudiar a un sujeto que, cuando perdió el Congreso en una elección, designó a otro formado por “patriotas bolivarianos” y desconoció al del pueblo.

 

 


 

 

Hay que celebrar que Celina Oceguera, responsable del sistema penitenciario federal cuando, en 2015, se escapó el Chapo Guzmán a través de un túnel, vaya a seguir su proceso penal en “prisión domiciliaria”, beneficio que le concedió el juez. Nadie cree que el túnel se haya cavado frente a las narices de policías y soldados y habrá que fincar claramente las responsabilidades penales, pero esto puede hacerse manteniendo a los imputados en su casa.

 

 


 

 

Lo que no debe mirarse con tanto entusiasmo es la puerta que México ha abierto a casi 9,000 indocumentados centroamericanos. Atender a los migrantes por razones humanitarias es plausible, pero también hay que velar por el Estado de Derecho. Resolver un problema puede ocasionar otros más graves si no atendemos la ley.

 

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