AL MARGEN - Julio 2016

AL MARGEN - Julio 2016

Entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se rumora que los automóviles del personal judicial, que pueden apreciarse en algunos estacionamientos de juzgados y tribunales, no corresponden a lo que ganan en nómina secretarios, jueces y magistrados. “Y hay que ver las casas de algunos, los viajes que hacen otros y las universidades del extranjero a las que van sus hijos”, dicen los ministros en voz baja. La independencia judicial se obtuvo respecto del gobierno federal, pero no respecto del capital…


La gestación del sistema anticorrupción retrata, de cuerpo entero, la falta de compromiso de nuestros legisladores. Por un lado, la reforma parece más un acto de simulación. Por otro, entrará en vigor hasta un año después de su promulgación y los estados tendrán seis meses para adecuarla a su marco legal. Esto supone, en pocas palabras, que hasta el próximo sexenio tendremos funcionando este sistema… si el nuevo presidente o presidenta no decide borrón y cuenta nueva. En un país sin instituciones sólidas, todo puede pasar.


Muy decepcionante resultó la declaración de Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, en el sentido de que pescar “peces gordos” es muy difícil. ¿Para qué se supone que está él entonces? Su declaración equivale a la de un jefe de la policía que admite que es complicado “agarrar rateros”. Los resultados de las elecciones de junio deben obligar a Andrade a ponerse las pilas pues, si no lo hace, el próximo gobierno va a dedicarse a consignar a los peces gordos… y a los que no se animaron a pescarlos.


“El nuevo sistema de justicia penal terminará con la impunidad”, ha declarado Miguel Osorio Chong con optimismo. Sin embargo, aún quedan obstáculos monstruosos que remontar: la falta de preparación de la policía para recabar pruebas, la nula independencia de los fiscales para decidir qué hechos deben ser probados ante un tribunal y la visión burocrática de los jueces penales —sobre todo— que, más que jueces penales deberían llamarse “verificadores del proceso” o “inspectores de control de calidad”, dado que lo que menos hacen es juzgar.


Lamentable el papel de la Iglesia católica —y de algunos jerarcas en especial— al oponerse con uñas y dientes al matrimonio gay. ¿No habrán entendido que la figura no tiene otro propósito que ampliar el alcance de la seguridad social? El término “matrimonio” puede tener un significado más amplio y cada legislación está obligada a actualizarlo. Así como el papa pidió perdón, en su momento, por la condena a Galileo, que desafió a la Iglesia católica por sugerir que la tierra giraba alrededor del sol, así veremos pronto a otro papa ofreciendo disculpas por la intolerancia y la agresividad con que la Iglesia se ha portado contra quienes prefieren compartir la vida con una persona de su propio sexo.


Hablando del discurso antigay, éste es fundamental para explicar la masacre que hubo en Orlando a mediados de junio. El enfermo mental que la perpetró estaba cooptado por el discurso radical del ISIS, sin duda, pero también por el de grupos de derecha que atizan el odio. La Iglesia católica mexicana debería ser más cuidadosa con su discurso.


A quien se ha visto de muy buen humor durante las últimas fechas es a Alejandro Gertz Manero, dada la buena acogida que ha tenido su libro Psicoanálisis. La gran alternativa (Grupo Editorial Tomo, 2016). El ensayo constituye una amena y bien planteada invitación para conocernos a nosotros mismos.


Cayó bien la declaración de Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el sentido de que 60 por ciento de las autoridades incumplen las recomendaciones que hace este órgano autónomo.


Más que oportunas resultaron las órdenes de aprehensión que obtuvo la Procuraduría General de la República para detener a los líderes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo que parece extraño es que algunos de los 57 maestros señalados por lavado de dinero seguían cobrando en la nómina, cuando la Secretaría de Educación Pública había anunciado que se les había dado de baja.

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