Al Margen Julio 2017

Al Margen Julio 2017

¿Se darán cuenta los ministros de la Suprema Corte del daño que han causado al sistema electoral mexicano al avalar la ocurrencia que tuvieron algunos legisladores, en el último momento, para prorrogar los periodos de dos integrantes del Tribunal Federal Electoral una vez que éstos habían sido designados y habían tomado protesta? El problema no es si el artículo transitorio se actualizó o no, sino el mensaje que envía la Corte: en México da lo mismo lo que diga la ley. Lo importante es la ocurrencia del momento. Si a un presidente de la República se le ocurre prorrogar su periodo a ocho años, también lo avalaremos… Esto tendrá consecuencias en 2018: se impugnará, con seguridad, la legitimidad de estos magistrados, encargados de calificar la elección de 2018 y de 2024… si, para entonces, el Congreso no ha vuelto a configurar al Tribunal.

 


Es más que entendible que algunos gobernadores estén molestos con el nuevo sistema penal: antes era muy fácil detener a cualquiera, fabricar culpables y decir “cumplimos”. Bastaba plantar una arma a cualquier incauto para enviarlo a prisión. Con el nuevo sistema, en cambio, hay que investigar y probar… Esto es para indignar a cualquier gobernador sin ganas de chambear. Además, tuvieron mucho tiempo —y 21 mil millones de pesos— para capacitar policías, fiscales y jueces. ¿A dónde fue a dar ese dinero? Exigir que se vuelva al pasado o asegurar que el nuevo sistema es el que provoca la inseguridad pública es demagogia pura, insistimos, comprensible...


 

Con relación a las armas, por cierto, el hecho de que la simple portación ya no esté señalada en el artículo 19 constitucional como delito que merezca prisión preventiva oficiosa, no significa que quien sea detenido portando granadas y metralletas tenga que quedar en libertad. Si el agente del Ministerio Público aporta elementos sobre el riesgo y peligrosidad del sujeto —lo cual no debe ser difícil— y el juez hace su chamba, quien sea sorprendido con estas armas puede ir, sin problema alguno, a prisión. Ahora bien, si esto es tan complicado en un principio, atendamos lo que sugiere Renato Sales, nuestro comisionado de Seguridad Nacional, e incluyamos la portación de armas en el artículo 19. Esto, sin embargo, no nos ayudará a tener fiscales y jueces competentes.


 

Otro ejercicio demagógico es que la declaración patrimonial de los servidores públicos deba ser pública, como sugiere el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Esto sólo perjudicaría a los servidores públicos honestos, a quienes colocaría en una posición de vulnerabilidad. Aquellos que han labrado su patrimonio a costa de la corrupción no tienen a su nombre inmuebles ni cuentas bancarias, como lo demuestran los recientes casos de políticos corruptos. ¿A qué entonces la exigencia? Si de veras se quiere combatir la corrupción hay que hacer lo que hacen Singapur y otros países que han tenido éxito en este desafío: poner una excepción a la presunción de inocencia y exigir de quienes se sospecha de enriquecimiento ilícito que prueben el origen de sus bienes. El que nada debe, nada teme…


 

Muy significativo resulta el aumento de solicitudes para obtener el estatus de refugiado en México. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en 2107 esta cifra aumentó 70 por ciento en relación con 2016. Más de 6,000 personas solicitaron refugio en el país. La mayoría proviene de Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela y Haití. Dar refugio a quien lo necesita es una obligación internacional y un gesto de solidaridad, pero la pregunta es la misma aquí que en Europa: ¿se vale acoger a extranjeros cuando tantos nacionales padecen inseguridad y pobreza?


 

El tema de la segunda vuelta electoral no puede quedar confiado al capricho de un partido político. Si en 2018 los tres partidos mayoritarios tuvieran 20, 19 y 18 puntos, el que ganara tendría 20 a favor… pero 37 en contra. Así, sería imposible aspirar a la gobernabilidad. Una segunda vuelta permitiría al elector repensar su voto, elegir entre dos proyectos de nación y permitir que el presidente de la República tuviera un margen de maniobrabilidad más amplio y compromisos con un mayor número de mexicanos. Que lo diga, si no, la reciente elección de Francia.


 

Los enemigos de la segunda vuelta han aducido que ésta no será posible, dados los tiempos que señala la Constitución, pero ¿desde cuándo les importa tanto la Constitución a nuestros diputados y senadores? De un plumazo disolvieron la Suprema Corte en 1994, y lo mismo hicieron con el IFE y el IFETEL cuando así convino a sus intereses. Su repentina institucionalidad no convence a nadie.


 

Es posible que las pensiones del IMSS no sean suficientes a la hora de la jubilación y que el modelo de seguridad social esté agotado en México, pero admitamos que el abogado Mikel Arriola ha hecho un estupendo trabajo de rescate. Será hasta 2035 cuando disminuyan las presiones financieras sobre el régimen de jubilaciones y pensiones, según dice el propio Arriola, pero las medidas administrativas que él ha adoptado han revertido los riesgos de quiebra del instituto. Enhorabuena.


 

¿Quién va a ser el candidato del PRI a la presidencia de la República? De conformidad con el artículo 166, fracción IX, de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, quien pretenda serlo deberá acreditar la calidad de “cuadro”. Esto significa que debe haber desempeñado cargos directivos en el partido o haber sido candidato a cargos de elección popular, con 10 años de militancia partidaria. El requisito de 10 años de militancia lo satisfacen todos los aspirantes priístas, excepto José Antonio Meade, quien ya se autodescartó para la contienda interna. Sin embargo, la calidad de cuadro solamente podría ser acreditada por Miguel Ángel Osorio, Enrique de la Madrid, José Narro, José Calzada, Ivonne Ortega y Eruviel Ávila. No obstante lo anterior, todo puede cambiar el próximo 12 de agosto en la XXII Asamblea Nacional del PRI, órgano supremo del partido, en el cual se podrán retirar o colocar candados al reformar los estatutos y donde se definirá el método de designación del candidato.

 

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