Al margen - Julio 2018

Al margen - Julio 2018

 

El 21 de junio pasado, Alfonso Pérez-Cuéllar entregó a Ángel Junquera la estafeta como presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados (INCAM). Los discursos de los presidentes, saliente y entrante, fueron muy afortunados, pero no así los de otros oradores. La ceremonia fue larguísima y primaron boato y protocolo. Las togas y las dimensiones de las puñetas, las veneras y los collares con escudos heráldicos, lejos de contribuir a la solemnidad, obligaron a la concurrencia a preguntarse para qué sirve todo esto en un país donde la colegiación no es obligatoria ni hace ninguna diferencia entre un abogado honesto y uno que no lo es. El ministro Cossío así lo dio a entender durante su participación, en la que increpó sutilmente al gremio. Entre los asistentes se vio a Mario Molina, Premio Nobel de Química.

 


 

El 18 de junio pasado se cumplieron 10 años de la puesta en marcha del nuevo Sistema Penal Acusatorio. Se suponía que para 2016 éste debía estar funcionando a cabalidad en todo el país. No ha ocurrido así. La razón principal es que nuestros policías, fiscales y jueces siguen anquilosados. El reto es el cambio cultural que exige la desformalización del proceso. Los policías no están preparados para investigar y los fiscales y los jueces siguen actuando como burócratas decimonónicos que, en lugar de argumentar unos y juzgar los otros, continúan perdidos en formulismos y procesos sin sentido, temerosos de saltarse una norma en aras de conseguir que una prueba se valore con integridad. En algunas entidades, como Guanajuato, se ha avanzado notablemente. En otras, como el Estado de México, la cosa está para llorar…

 


 

Algo no está bien en el Instituto de la Judicatura Federal. No sólo ha sido la compra del examen para jueces que se llevó a cabo en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala —un examen que empezó costando a los aspirantes 186,000 pesos y acabó rematándose en 25,000— sino la secrecía con la que ha actuado al respecto el Consejo de la Judicatura. El escándalo costó el cargo al titular del instituto pero, dado que nadie quiere decir quiénes fueron los responsables de la venta del examen, nadie entiende por qué echaron a Salvador Mondragón, quien se limitó a denunciar la anomalía. La discreción del Consejo no se justifica en una sociedad que exige la rendición de cuentas a sus autoridades.

 


 

Otro misterio del que se habla en el ámbito jurídico de México es la destitución de Muna Dora Buchahin, directora general de Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación donde, luego de 13 años de trabajo intenso —y de haber detectado un desvío de 7,700 millones de pesos en la SEDESOL y en la SEDATU durante la gestión de Rosario Robles—, se le halló “un conflicto de interés”. Sin negar que éste existiera, su despido ocurrió en un mal momento: fue como si la decisión laboral estuviera vinculada al hallazgo de las corruptelas. Nadie creyó, por ejemplo, que Santiago Nieto, titular de la FEPADE, hubiera sido echado por violar un secreto profesional, justo cuando estaba acercándose tanto a los sobornos de Odebrecht.

 


 

Desde una perspectiva política, el “fallo” del Primer Tribunal del Decimonoveno Circuito, en relación con que se establezca una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, significó un golpe durísimo para la Procuraduría General de la República y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que dijo el tribunal, en pocas palabras, es que, mientras no se presenten pruebas, las confesiones de los más de 100 detenidos no hacen creíble la hipótesis que se presentó sobre el caso. Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, la decisión es cuestionable: ¿un tribunal puede ordenar la creación de una Comisión de la Verdad? Los defensores de las víctimas y de los criterios internacionales dicen que sí. Los abogados tradicionales y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia dicen que no… La resolución, sin embargo, da para otras lecturas. Hay quienes piensan que los magistrados de Tamaulipas fueron encarrilados por la Suprema Corte para que ésta pudiera enviar un mensaje al nuevo presidente de la República en el sentido de que el Poder Judicial de la Federación —y en especial la Corte— es útil al país, pese a las voces que señalan lo contrario. Sea lo que sea que esté detrás de la resolución, el gobierno actual debe entender que el asunto no está enterrado y que, tarde o temprano, va a resurgir…

 


           

Otro asunto que sigue vivo es el despido de la periodista Carmen Aristegui. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil confirmó la resolución del tribunal unitario que determinó que MVS no había respetado el procedimiento pactado por las partes. Más allá de lo jurídico, haber despedido a Aristegui fue, por donde se mire, una pifia de MVS… y del gobierno actual.

 


 

Después del escándalo internacional que provocó el presidente de Estados Unidos al separar niños de sus padres y colocarlos en jaulas, los observadores norteamericanos subrayaron que la práctica no era exclusiva del gobierno de Donald Trump. Los observadores mexicanos, por su parte, pusieron su mira en el Instituto Nacional de Migración (INM), en cuyos centros es frecuente que se separe a los niños de sus padres y sus acompañantes. Todo indica que el trato que da nuestro país a los migrantes centroamericanos que entran por la frontera sur no es muy distinto al que se da en los Estados Unidos a los que entran a su territorio desde México.

 


 

Ante el fracaso que ha significado la privatización de siete penales federales, contratada por el gobierno federal, donde el costo de cada recluso es de 2,400 pesos diarios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el experimento que se hizo para que los centros penitenciarios fueran operados a través del modelo de asociación pública-privada no sólo ha sido costosísimo, sino que no mejora, en nada, las prisiones que maneja directamente el gobierno. En éstas, por cierto, el costo diario de cada detenido es de 390 pesos.

 


 

La asociación civil Mexicanos contra la corrupción, que encabezan Claudio X. González y Amparo Casar, se anotó otro diez al develar el pacto que hicieron nueve partidos políticos de San Luis Potosí para repartirse entre sus líderes 336 millones de pesos, destinados a la “ayuda social”. Esto, denunció la A.C., se hizo mediante la creación de 51 empresas fantasmas. El pacto incluyó al PAN, al PRI, al PRD y a Morena. Para dar al fraude visos de credibilidad, algunas personas ya fallecidas agradecieron al Congreso —por escrito— el envío de la ayuda. Nadie podría criticar por falta de imaginación a los congresistas corruptos…

 

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El Mundo del Abogado