Al margen - Julio 2019

Al margen - Julio 2019

¿Cuándo se considera que la Suprema Corte ha fallado un asunto? Cualquier abogado diría que, en principio, cuando el secretario da cuenta de los votos que emitieron los ministros… Por eso resultó tan confuso que el pasado 25 de junio, una vez emitida la votación sobre qué autoridad podría solicitar las cuentas bancarias de un imputado —si el ministerio público o el juez—, los ministros dieran marcha atrás a una resolución ya adoptada. La jurisprudencia a la que se aludió —dicen algunos constitucionalistas— fue estirada hasta lo inconcebible. Incluso, cuatro integrantes del pleno lo expresaron así. Ojalá que el Máximo Tribunal aclare los hechos porque hay quienes piensan que, si sigue así, pronto dejará de ofrecer seguridad jurídica...

 


 

El 70 por ciento de los jueces que hoy operan el sistema penal acusatorio fueron designados tras pasar concursos internos de oposición. El problema es que en estos concursos no se consideró su experiencia: se eligieron abogados con trayectorias fiscales, laborales y civiles, sin privilegiar a aquellos que han pasado su vida en los juzgados y en los tribunales en materia penal. ¿Ésta ha sido una omisión imperdonable o sólo una estrategia para que los juzgadores lleguen sin los vicios del viejo sistema penal?

 


 

Contra viento y marea, Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha sido congruente y consistente en realizar las tareas que le tocan. Señaló, en su momento, a las autoridades responsables de practicar torturas en el caso Ayotzinapa y no le ha temblado el pulso para arremeter contra quienes no respetan los derechos humanos. Esto le ha granjeado, además de los denuestos de María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, que el presidente de la República no recibiera su informe. Pero el ombudsman cumple con lo que se espera de él: una SCJN, un INAI y una CNDH cómodos para el gobierno no pueden ser confiables.

 


 

Hablando de la reacción de la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, qué imagen tan lamentable dio al impugnar la recomendación que hizo la CNDH a favor de las estancias infantiles. Su tono exacerbado y la pobreza de su argumento —“El ombudsman actuó por consigna de intereses creados”— reveló su auténtica estatura y su falta de asesores jurídicos.

 


 

Desafortunada resultó, asimismo, la amenaza que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno de los amparos que se han presentado para suspender las obras en Santa Lucía: “Si mis adversarios logran frenar el nuevo aeropuerto —amagó— los exhibiré para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intereses”. Independientemente de los intereses que tengan los quejosos, éstos tienen derecho a pelear en los tribunales para defenderlos. Por otra parte, el litigio estratégico en materia de impacto ambiental, preservación arqueológica y seguridad aérea ha probado sus bondades. Si el aeropuerto de Santa Lucía no cumple con ciertos requisitos, que no prospere y punto.

 


 

Hablando de otros temas, qué buen papel está haciendo José Luis Nassar al frente de la Fundación Barra Mexicana. Hiperactivo, innovador y echado p’adelante a la hora de llevar casos pro bono de las personas más necesitadas, está moldeando la imagen de la Barra Mexicana con magníficos resultados.

 


 

La renuncia de Tonatiuh Guillén, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), fue bien recibida, puesto que el académico parecía vivir más en la abstracción teórica de los derechos humanos que en la realidad. Paradójicamente, también se recibió bien la designación de Omar Gómez Trejo al frente de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa, justamente porque no es un policía sino un académico vinculado con los derechos humanos. Cosas de la vida…

 


 

Son cada vez más los servidores públicos que lamentaran no haberse amparado en contra de las disposiciones jurídicas que disminuyeron sus ingresos. Aquellos que lo hicieron, hoy gozan no sólo de sus emolumentos y sus prestaciones sino, también, de su chamba. En cambio, muchos que no se ampararon para mostrarse “institucionales” dejaron de percibir el sueldo que tenían, perdieron sus prestaciones y, en muchos casos, también la chamba.

 


 

A diferencia de la versión anterior, que establecía cierta dependencia respecto de la acción penal, la versión 2.0 de la extinción de dominio que aprobó el Congreso es plenamente autónoma. Supera, incluso, las tesis de la Suprema Corte al respecto. Por añadidura, como lo ha sugerido la ONU, es imprescriptible y procede contra delitos de corrupción. Con una ley como ésta las autoridades ya no tendrán pretexto para no poner tras las rejas a los corruptos. Hay que felicitar a nuestros legisladores.

 


 

La que anda desatada estos días es María Amparo Casar, directora ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. De acuerdo con su más reciente declaración, el gobierno federal ha incurrido en más de 30 acciones ilegales, que incluyen el impulso a disposiciones que violentan el Estado de Derecho: cancelar recursos para estancias infantiles, emitir un memorándum para anular la reforma educativa, vetar empresas farmacéuticas y autorizar el uso del Palacio de Bellas Artes para realizar una ceremonia religiosa, entre ellas. Esto, sin contar la cancelación del aeropuerto y de echar a andar un Tren Maya sin cumplir con los requisitos legales.

 


 

Por donde se mire, no hay elementos que permitan sostener el supuesto conflicto de interés de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, al perseguir a Emilio Lozoya. El hecho de que Javier Coello Trejo sea abogado defensor del antiguo director de PEMEX y de que, tiempo atrás, haya sido gestor de Gertz no representa conflicto alguno, dado que son casos muy distintos. Si se declarara este conflicto, también habría que declararlo a todos los clientes de aquellos litigantes que, alguna vez, tuvieron una controversia con una persona física o moral donde hubieran participado los abogados que pudieran haberlos representado. Esto acabaría con la abogacía. Hay que celebrar que el presidente López Obrador haya expresado su confianza a Gertz.

 


 

El Mundo del Abogado lamenta profundamente los sensibles fallecimientos de la señora Concepción Malvido Arias y del joven Jorge Pérez de Acha, madre e hijo, respectivamente, de María de la Luz Lima Malvido y Luis Manuel Pérez de Acha, integrantes del consejo editorial de esta revista.

 

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