Al margen - Marzo 2016

Al margen - Marzo 2016

Aunque se habla de una “campaña difamante” contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la verdad es que este grupo no ha aportado gran cosa al esclarecimiento de los hechos de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Además de decir que en el basurero de Cocula no se quemaron sus restos y de alentar la animadversión contra el gobierno federal, sus aportaciones dejan mucho que desear. Lo mismo podría decirse del equipo argentino de forenses que ha dicho que “tal vez” hubo siembra de evidencias. Explicar lo que no ocurrió o lo que pudo ocurrir es interesante, pero lo que queremos saber los mexicanos es qué fue lo que ocurrió ahí.


Para trabajar en el equipo de Miguel Ángel Mancera hay que tener un perfil bajo. Muy bajo, a decir verdad. Sobre todo en su gabinete. Cualquiera que intente sobresalir corre el riesgo de ser despedido. Que lo diga, si no, su antiguo secretario de seguridad pública que, por aparecer demasiado en los medios, fue cesado. Al actual, nadie lo conoce. Después de nombres como Alejandro Gertz Manero, Marcelo Ebrad, Manuel Mondragón y Kalb, mereceríamos conocerlo… Tampoco es muy ubicable su procurador de justicia. Las épocas de Ignacio Morales Lechuga, Diego Valadés o José Antonio González Fernández han quedado olvidadas... En cuanto a Patricia Mercado, parece perdida.


Hablando del gobierno de la Ciudad de México, cuánta moralina está implicando la persecución de los tratantes de personas. Se ha vuelto frecuente que policías y agentes del Ministerio Público pregunten a las trabajadoras sexuales: “¿Eres víctima o cómplice?” Aun si ellas aducen que trabajan por su propia decisión, el gobierno capitalino ofrece dos opciones: las “rescata” de la mala vida o las encarcela. ¿Qué no se puede ser sexoservidor(a) por decisión propia? ¿Quién ha encomendado al gobierno capitalino que vigile la moral?


En los últimos cinco años han sido asesinados 102 abogados en Honduras. Todos los casos han quedado en la impunidad. De acuerdo con el presidente del colegio de abogados de ese país, “muchos profesionales del Derecho no han sabido cumplir con sus tareas… no deben dar falsas expectativas al cliente”. ¿Pero ésta es una razón para que se les asesine? ¿Qué lecciones debe aprender México de estas cifras?


De acuerdo con el INEGI, por cada 100,000 matrimonios que se celebran en México hay 18.6 divorcios. Los estudiosos del Derecho familiar destacan que esta cifra, correspondiente a 2014, es la más alta en la historia. Los conservadores, por su parte, denuncian las facilidades que da nuestro marco jurídico pues en la Ciudad de México el divorcio administrativo —mutuo acuerdo, no hijos, no bienes en litigio— cuesta apenas mil pesos. Pero nada de esto debe sorprendernos. Las figuras jurídicas evolucionan. Sería ingenuo empeñarnos en mantenerlas intactas cuando los valores y la visión del mundo están cambiando.


Según Peter Sands, que encabezó en su tiempo la Standard Chartered Plc., es preciso eliminar los billetes de 1,000 francos suizos, 500 euros, 100 dólares y 50 libras para dificultar las transferencias de fondos a terroristas, secuestradores y funcionarios corruptos. La medida ayudaría a disminuir, asimismo, la falsificación de moneda. En nuestro país, por cada millón de billetes auténticos —dice el Banco de México— hay 70 falsos.


Aunque los radicales de izquierda en México ya salieron a denunciar que Leopoldo Gómez no es sino un terrorista, la verdad es que al opositor venezolano no se le ha acreditado otro delito que criticar las medidas dictatoriales del presidente Nicolás Maduro. Por ello, hizo bien la canciller Claudia Ruiz Massieu al recibir a la esposa y a la madre del líder opositor a quien, por cierto, patrocina el ex presidente Felipe González. La política exterior de México no puede ceñirse a ver cómo otros países de la región cometen una tropelía tras otra, pasando sobre el Estado de Derecho.


La demanda que hizo y ganó Dante Delgado contra la Secretaría de la Función Pública, que colocó indebidamente su nombre en un portal de servidores públicos inhabilitados, confirma, una vez más, lo que hemos dicho: la única utilidad de esta secretaría es sangrar al gobierno federal. Porque la demanda de Dante costó más de un millón de pesos y se dio tras 27 sentencias judiciales, que tuvieron ocupados a muchos servidores públicos. ¿Otro dato? En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa hay pendientes de resolver otros 2,128 recursos de servidores públicos que fueron agraviados por la Secretaría de la Función Pública y exigen indemnización. Desaparezcamos, cuanto antes, este carísimo elefante blanco.


“Privilegiar a pocos trae corrupción”, advirtió el papa Francisco durante su visita a México. Tiene razón. Como se han cansado de explicarlo algunos economistas como Robinson y Acemoglú, una sociedad cuyas instituciones están diseñadas para beneficiar a unos cuantos a costa de muchos —nuestro amparo y su fórmula Otero constituyen un ejemplar insuperable— será siempre corrupta, desigual y violenta. “Hay que hacer de México un país de oportunidades”, añadió el pontífice. Esto exigiría una reestructuración a fondo de nuestro marco constitucional y legal, basado en instituciones como la Suprema Corte y el Tribunal Federal Electoral, que se dedican a mantener el statu quo contra viento y marea. Los monopolios también encarnan algo de lo que denunció el papa. Si alguien lo duda, bastaría ver cómo se defienden los legales… y los ilegales. El de la producción y venta de la marihuana, por citar uno.


Cada vez que hay una matanza con armas de fuego en Estados Unidos, los norteamericanos se rasgan las vestiduras y se preguntan por qué nadie hace nada para prohibir la venta indiscriminada de estas armas… Cada vez que hay un motín en las cárceles mexicanas, nosotros hacemos lo propio. La solución, en el caso de México, no parece tan complicada: hay 223,000 internos, distribuidos en 372 centros estatales y municipales. La capacidad instalada de estos centros está diseñada para albergar a 175,000 personas. En algunas entidades, como el Estado de México, hay 26,000 reclusos que ocupan el sitio diseñado para 9,000. Construir reclusorios y capacitar a su personal es un asunto de voluntad política. Nada más.


La autonomía de la Fiscalía General de la República anuncia ser otra simulación. Aunque, según la Constitución, el fiscal durará nueve años en su cargo y no tendrá al presidente de la República como jefe, éste podrá removerlo por “causas graves”, cuando le dé la gana. La novedad es que el Senado podrá objetar la remoción en 10 días. Esto último sería posible si hubiera un Senado de auténtica oposición —lo cual es improbable— y si el fiscal despedido tuviera la capacidad para maniobrar su reinstalación en 10 días, lo cual se antoja casi imposible. Todo apunta a que, como el INE y el INAI, la FGR será sólo un cambio de nombre. Maquillaje puro y duro.

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