Al margen - Marzo 2019

Al margen - Marzo 2019

 

Qué veleidosa es la política. Ayer, abogados como Manuel Bartlett y John Ackerman denunciaban la Ley de Seguridad Interior y se desgarraban las vestiduras diciendo que se iba a militarizar al país; que no se permitiera una tropelía semejante... Hoy, son dos de los más entusiastas defensores de la Guardia Nacional.

 


 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va de bandazo en bandazo. No faltan quienes dicen que está viviendo sus estertores, antes de la extinción. Ahora, el tema es la intentona de algunos magistrados de revivir al Partido Encuentro Social (PES), que obtuvo menos de 3 por ciento de la votación en las pasadas elecciones. El artículo 41 de la Constitución es contundente al respecto —al partido político que obtenga menos de 3 por ciento en las elecciones se le cancela el registro— pero los magistrados insisten en hallarle tres pies al gato. Las malas lenguas aseguran que el propio presidente de la República ha intervenido para salvar a sus aliados del PES pero, sean peras o manzanas, el tribunal no vive sus mejores días.

 


 

Eliminar el fuero legislativo parece una causa noble, pero está probado que ninguna democracia funciona sin él. Esta figura supone que un legislador no pueda ser amedrentado por expresar sus opiniones. Si ahora cada vez que un diputado o senador no se pliegue a la solicitud del presidente va a perseguírsele por el solo hecho de que alguien le impute un delito —corrupción, para ir acordes con el artículo 19 reformado— el panorama se antoja inquietante.

 


 

Contra todas las apuestas de la comunidad jurídica de México, el artículo 19 constitucional fue reformado para que el robo de hidrocarburos, la portación de armas de fuego, el robo a casa-habitación, el robo a transporte de carga, la desaparición forzada, el abuso sexual a menores, el feminicidio y la corrupción (sea ésta la que fuere) sean sancionados con prisión preventiva oficiosa. La reforma permitirá dar la sensación de que el gobierno está combatiendo la delincuencia, metiendo tras las rejas al primero que acusen de abusador sexual o de corrupto. Pero, a la larga, significará una abolladura a nuestro Estado de Derecho. El retroceso es evidente, así como los móviles que tuvieron los diputados del PRD que desertaron de su partido para apoyar a MorenaSólo habría que echar un ojo a sus trayectorias políticas para confirmarlo.

 


 

Entre los blancos más recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo el INAI: “¿Cómo es posible —se quejó— que haya cerrado la información sobre condonaciones fiscales a algunas empresas?” En los tiempos del IFAI, esta información se cerró porque el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación preveía seis años de prisión a quien revelara un secreto fiscal. ¿El IFAI podría ordenar que se desacatara la ley? Pero el renovado INAI no la ha tenido tan difícil: la prescripción del Código Fiscal desapareció. Que el SAT no haya querido revelar esa información es otra cosa. Pero la solución jurídica es simple: que el presidente de la República ordene que se entregue y asunto arreglado. No se necesita más.

 


 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener la oportunidad de demostrar su independencia frente al actual gobierno. El ministro Pérez Dayán admitió analizar la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) por el recorte de 43.2 por ciento a su presupuesto que le hizo la Cámara de Diputados, recorte que, ha dicho el INEE, vulnera su autonomía constitucional. La decisión puede apuntalarse jurídicamente para uno u otro lado, pero la decisión que tome la Corte al respecto va a darnos una pista de lo que podemos esperar de nuestro Máximo Tribunal los próximos cuatro años…

 


 

Por lo pronto, el ministro presidente Arturo Zaldívar ha hecho nombramientos que merecen atención: designó a Netzaí Sandoval al frente de la Defensoría Pública y a Rafael Estrada Michel como director del Instituto de la Judicatura. Con perfiles completamente distintos, uno y otro son abogados ejemplares que no tardarán en posicionar a sus respectivos institutos. Lo que llama la atención es que se le hubiera pedido la renuncia a Leticia Bonifaz, si bien todo indica que esta valiente abogada cambiará de giro. Pronto la tendremos en la Secretaría de Relaciones Exteriores o como embajadora de México. Donde quiera que esté, desempeñará un papel relevante como lo ha hecho en cuanto lugar ha estado.

 


 

Si la 4T supone una renovación de las élites en nuestro país, los sindicatos no pueden ser una excepción. Ésta parece ser la perspectiva de Napoleón Gómez Urrutia quien, en poco tiempo, ha posicionado a la Confederación Internacional de Trabajadores, que incluye a 10 federaciones y cerca de 50 sindicatos, por encima de la CTM y la CROC, las cuales parecen estar viviendo sus últimos días.

 


 

En opinión de los expertos en materia penitenciaria, el Islas Marías era el penal mejor calificado de nuestro país. No entienden por qué lo cerraron. ¿Qué van a hacer ahí ahora? ¿Un centro cultural y deportivo? ¿Quién querrá hacer un viaje tan largo y complicado para asistir a un espectáculo teatral o a un partido de futbol?

 


 

Arturo Zaldívar se anotó un 10 al iniciar una política para destituir a jueces y magistrados que no hacen honor a su cargo. En escasos dos meses lleva ocho descabezados. Si sus antecesores al frente del Consejo de la Judicatura Federal —quizá por pertenecer ellos mismos a la carrera judicial— no se atrevían a destituir a antiguos amigos y compañeros y, a lo más, los cambiaban de adscripción, Zaldívar ha llegado con la espada desenvainada. Ya le hacía falta una cepillada a la judicatura federal.

 


 

Ahora que se discute el proyecto legislativo que, por iniciativa de la senadora Olga Sánchez Cordero, pretende quitar a los gobernadores la facultad de nombrar notarios, el tema vuelve a salir a la luz: ¿para que sirven los notarios? El Banco Mundial ha dicho que basta un Registro Público de la Propiedad organizado y confiable. Entre los legisladores se discute qué es peor: notarios con la patente que les dieron sus amigos gobernadores o un monopolio monolítico como el de la Ciudad de México.

 


 

Para no perder el apoyo de sus aliados de la izquierda radical, el presidente de la República no ha querido condenar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Pese a ello, ya Estados Unidos ha pedido a México que reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de ese país y ahora que retuvieron al periodista Jorge Ramos por hacer a Maduro preguntas que no gustaron al tirano, el canciller Marcelo Ebrard se vio obligado a protestar por la detención de Ramos. Veremos hasta dónde llega la presión y hasta dónde sirve la Doctrina Estada para cerrar los ojos ante la catástrofe humanitaria que han provocado Maduro y sus 2,000 generales en Venezuela.

 

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El Mundo del Abogado