Al margen - Mayo 2019

Al margen - Mayo 2019

El pasado16 de abril, el presidente de la República instruyó a los titulares de Gobernación, Hacienda y Educación para que dejaran sin efecto la Reforma Educativa que se impulsó el sexenio pasado. Salvo un par de trasnochados —algunos ni el título de abogado tienen—, la comunidad jurídica de México se levantó al unísono: contradecir a la Constitución y a las leyes a través de un memorándum significaba una estocada directo al corazón del Estado de Derecho. Hacía mucho tiempo que los abogados de México de todas corrientes y filiaciones no hacían causa en común como lo hicieron con el memorándum.

 


 

Entre las revelaciones más inquietantes que dejó el memorándum estuvo la dolorosa división que existe en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Mientras Héctor Herrera, su nuevo presidente, se esmera en continuar el legado de José Mario de la Garza, algunas fuerzas hacen todo lo que está de su parte para evitar la modernización del colegio. Que nada se comprometa, que nada se mueva, que no se hagan olas, que no se toque al poder político ni con el pétalo de una rosa, parecieron decir. A tal grado, que el posicionamiento de la Barra fue el último en aparecer y, esto, a costa de muchas desazones. Los barristas tendrán que decidir, de una vez por todas, si quieren seguir siendo un club de amigos, manteniendo su histórica irrelevancia, o si prefieren convertirse en la conciencia jurídica de México, como algunos lo pretenden.

 


 

Con el pie derecho ha iniciado Margarita Ríos-Farjat su gestión al frente del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Durante el pasado mes de abril el SAT recibió 40 por ciento más de declaraciones fiscales en relación con el año pasado. Esto se debe a las facilidades concedidas, sin duda, pero también a la política de transparencia que ha impulsado su titular. Hoy sabemos que, en 2018, el gobierno de Enrique Peña condonó 747,000 millones de pesos, lo cual ha alertado a muchos contribuyentes: ¿por qué a unos sí y a otros no? El anuncio de Ríos-Farjat de que combatirá la “planeación fiscal” con la que muchos de los grandes contribuyentes burlan la ley es una buena noticia para todos los mexicanos.

 


 

Donde la recaudación, en cambio, es una mala noticia para México es en el ámbito de los peajes carreteros. No es Caminos y Puentes Federales quien recauda sino embozados, sindicalistas o personas que se anuncian como trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana en huelga y “profesores” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Toman las carreteras y no permiten el paso a quien no contribuya con su causa. En la carretera México-Cuernavaca, por ejemplo, de acuerdo con el periódico Reforma, “mientras CAPUFE dejó de cobrar casi un millón de pesos de peaje por cuatro horas de bloqueo en la caseta, los manifestantes se embolsaron por lo menos la mitad de ese dinero”.

 


 

Reabrir el caso Ayotzinapa ofrece la posibilidad de que se admita que la “versión histórica” fue acertada y que no hay nada que añadir. Pero hay otra: que el Ejército estuvo involucrado. En el primer caso, la decepción será enorme. Se acusará al gobierno federal y al subsecretario Alejandro Encinas de estar coludidos con quienes desaparecieron a los 43. En el segundo, sin embargo, el efecto puede resultar peor: la luna de miel que ha iniciado el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Ejército podría sufrir un descalabro… Y quién sabe qué tan severo.

 


 

Hablando de las Fuerzas Armadas, fue muy criticado el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, por admitir que tenía muchas dudas sobre la corporación de la que se ha hecho cargo. En defensa del general, habría que preguntarnos quién no las tiene.

 


 

Qué lástima que, en la reforma laboral, la Cámara de Diputados haya ignorado el tema del outsourcing. Si a nuestros legisladores de veras les interesara proteger a los trabajadores, deberían empezar por eliminar esta figura que les niega toda suerte de derechos. Con esta figura, los auténticos patrones quedan liberados de sus obligaciones en materia de seguridad social y pensiones. Si ha habido una figura neoliberal por excelencia en México ésta es el outsourcing.

 


 

Otro tema laboral que debiera atenderse es el de los contratos colectivos, que se hallan dispersos en las juntas —la Federal y las locales—, y de los que nadie sabe ni cuántos son ni qué implican. La obligación de tenerlos digitalizados se ha ignorado olímpicamente y, según algunos laboralistas, la mayoría de ellos son “de protección”, para evitar presuntas huelgas de sindicatos fantasmas.

 


 

Nadie niega las virtudes del #MeToo, que ha funcionado a la manera de la picota medieval: hay que exhibir a adúlteros, impíos y a cuantos infrinjan la ley. El problema es que se presta a todo género de abusos por parte de personas resentidas o deseosas de cobrar cuentas pendientes a quienes les hicieron promesas que luego no pudieron cumplir. Quizás haya llegado el momento de pensar en algún mecanismo menos ruidoso y más eficaz para castigar el hostigamiento.

 


 

Algunos juristas españoles y algunos expertos en Derecho internacional han llegado a pensar que la disculpa que el presidente André Manuel López Obrador exigió a España tiene doble propósito. “Después de la disculpa —aducen— podría solicitarse la correspondiente indemnización, como ya ha ocurrido en otros casos.”

 


 

Aunque nunca lo confesará, Olga Sánchez Cordero debe preguntarse un día sí y otro también por qué aceptó ser secretaria de Gobernación. Concluyó su labor en la Suprema Corte con broche de oro: como una ministra liberal, comprometida con las causas más progresistas. Ahora su pedestal se resquebraja. A veces, con los gritos de “¡Asesina, asesina!”, como los que le dedicaron en Puebla, tras el “accidente” de la gobernadora y su marido. Otras, teniendo que decidir si cumple o no con una orden de su jefe que va contra la ley… o contra la Constitución.

 


 

A propósito de la Suprema Corte, qué idea tan disparatada fue la de crear una nueva sala “anticorrupción”. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Hacer aún más paquidérmico e inoperante al Sistema Nacional Anticorrupción, que no ha tenido un solo resultado desde que se creó? Ahora, si lo que se busca es tener ministros que no den problemas, esos ya se tienen. Más aún, con la espada de Damocles que representa una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores con mayoría para el partido del presidente pendiendo sobre sus cabezas.

 

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