AL MARGEN - Mayo 2016

AL MARGEN - Mayo 2016

Qué pobre papel ha desempeñado el Tribunal Federal Electoral para controlar los abusos del Partido Verde. “Es cierto que ha violado la ley, que ha publicado propaganda cuando no debía y que se ha beneficiado a granel con casi 300,000 spots en radio y televisión”, han dicho nuestros ínclitos magistrados, “pero las multas que le ha impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE) son altas”. Los magistrados sólo estimaron inadecuado que el Partido Verde hubiera emitido 10,000 tarjetas Premium Platinum pues, en este caso, “omitió conducir sus actividades dentro de los cauces legales”. Por lo demás, le perdonaron 100 millones de pesos en multas que le había impuesto el INE. Alentados por la esperanza de llegar a ser ministros de la Suprema Corte, lo único que han conseguido estos magistrados es debilitar las instituciones del Estado. Ojalá que ninguno de ellos llegue a ministro... por el bien de México.


El Mundo del Abogado lamenta profundamente el fallecimiento de Néstor de Buen Lozano y Miguel I. Estrada Sámano, dos de los más distinguidos abogados en su campo —Derecho laboral y arbitral, respectivamente— y miembros del Consejo Editorial de esta revista. Descansen en paz.


Algunos gobernantes están decididos a que la legislación anticorrupción llegue lo más lejos posible… mientras no los toque a ellos. Los argumentos que ha dado el senador Pablo Escudero para frenar las iniciativas ciudadanas son de lo más emblemáticos: “Esto violaría la Constitución”, ha dicho contrito. Si el senador del Partido Verde de veras estuviera comprometido con el tema ya estaría promoviendo las reformas constitucionales procedentes. "No", ha dicho éste, "porque nos exponemos a una cacería de brujas". Sus argumentos son irrefutables.


De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura, emprendido por la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una tercera parte de los mexicanos aceptan la práctica de la tortura, como castigo, en delitos como la violación, el secuestro y la extorsión. Otra tercera parte teme ser víctima de tortura en caso de caer en manos de la policía o el ejército. Es curioso advertir cómo algunas ideas tardan en desterrarse del “colectivo nacional”.


Los programas Hoy no circula y Doble hoy no circula tienen su utilidad, pero provocan suspicacias inevitables. El hecho de que la autoridad cobre por verificar que un automóvil no contamine y, luego, a pesar de que éste haya sido “verificado”, multe a su dueño por contaminar, implica una de dos: la verificación es un fraude liso y llano o la multa por no atender el programa es un acto de corrupción. Al parecer, todo indica que se trata de la primera hipótesis, pues la salida de circulación de los autos “verificados” disminuyó el índice de la polución. Aun así, muchos abogados sugieren tramitar amparos. Pero, entre que son peras o son manzanas, el coche “verificado” acaba en el corralón.


Después de escuchar el informe que rindió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, uno no tiene más remedio que preguntarse qué ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al respecto. En su último informe, se limitó a decir que había evidencias de que la Policía Federal había participado en el asunto, pero no más… Ni siquiera mencionó a los 17 torturados y más de 60 lesionados que, de acuerdo con el GIEI, constituyen un tema pendiente en el ámbito de los derechos humanos en este caso. De acuerdo con algunos activistas, la CNDH se ha convertido en un apéndice de la Secretaría de Gobernación.


En los corrillos de los abogados penalistas se rumorea que la procuradora general de la República concluirá pronto su encargo para reincorporarse al Senado. Ante la posible vacante, un grupo muy influyente dentro del Gobierno Federal está promoviendo a Alejandro Gómez Sánchez, procurador de Justicia del Estado de México. Dados sus posicionamientos en el caso Tlatlaya y de su intento por convertirse en ministro de la Suprema Corte, una designación así podría tener costos altísimos para el presidente de la República.


El caso Ayotzinapa, el video de la mujer torturada por soldados y policías y las cientos de zanjas con cadáveres que hay regados por el país sólo desaparecerán cuando se acabe con los movimientos guerrilleros que prosperan en algunas regiones de México. Pero estos movimientos no se extinguirán con la represión. Lo que hace falta es crear fuentes de trabajo, escuelas, hospitales, carreteras y mejores condiciones de vida para millones de mexicanos que aún viven en la pobreza. De aquí que la lucha contra la desigualdad y la corrupción resulten banderas tan atractivas para aquellos que se interesan por el futuro de México. No parece justo que mientras algunos políticos y empresarios se embolsan cantidades ingentes en negocios ilícitos, muchísimos mexicanos vivan condenados a la pobreza y al olvido.


El tema de las drogas no es de carácter ideológico, como todavía creen algunos. Su producción y distribución clandestina genera millones de dólares, de los cuales muchos políticos reciben beneficios para sus partidos… O para sus residencias de fin de semana. Harán todo lo que esté en sus manos para frenar la legalización de las drogas, a pesar de lo que recomienden las universidades más prestigiadas del mundo, las revistas médicas y los ex jefes de Estado… que ya no se benefician con este mercado ilícito. Echar mano del ejército y de las policías con el pretexto de que estos cuerpos salvan a niños y a jóvenes del envenenamiento, cuando lo único que hacen es preservar los privilegios de quienes lucran con este comercio, traerá costos muy altos a mediano plazo. Hay que celebrar que el presidente Enrique Peña haya declarado en la ONU que el tema de los estupefacientes es de salud pública. Tiene razón.


 

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