Al margen - Noviembre 2015

El ministro José Ramón Cossío fue el orador principal en la ceremonia en la que tomaron posesión 63 jueces especializados en el sistema penal acusatorio. Fue duro y a la cabeza: asumen su cargo, dijo, ante “una sociedad agraviada por una gran cantidad de motivos […] tenemos un sinnúmero de denuncias sobre corrupción e incapacidad para conducir los asuntos públicos y altos niveles de impunidad”. Tiene razón. Pero si hay responsables de este escenario son, precisamente, algunos jueces.


El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb, propuso aumentar las dosis legales para el consumo personal de ciertas drogas. En teoría, hoy basta que un joven sea sorprendido con más de cinco gramos de mariguana o con más de medio gramo de cocaína para que se le inicie un proceso penal. En la práctica, sin embargo, aunque se le sorprenda con menos, las básculas suelen ser manipuladas por policías, peritos y agentes del Ministerio Público, según se quiera que el joven sea consumidor o narcomenudista. La corrupción está a la orden del día. Aumentar la dosis no detendrá la corrupción pero sí la hará más difícil y habrá menos adictos encarcelados. La pregunta es: ¿aumentarla a cuánto? ¿Cinco kilos de mariguana, por ejemplo?


En un acto sin precedentes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación solicitó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que los candidatos a ministros de la Suprema Corte que a él le corresponde proponer provengan de la carrera judicial. Para apuntalar su petición, citaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado que todo Estado debe generar la percepción de que sus juzgadores sean independientes y estén alejados de todo interés político. El manifiesto, sin embargo, además de conllevar una enorme carga política, genera vínculos: si alguien pide que se le considere para un cargo, lo quiera o no, está generando compromisos… ¿Dónde ha quedado la división de poderes? ¿Los académicos y los litigantes también publicarían un manifiesto exigiendo que se les considere para el cargo?


El Comité del Parlamento Noruego, que decide cada año al ganador del Premio Nobel de la Paz, decidió otorgarlo, en 2015, al Cuarteto Tunecino, un grupo de la sociedad civil integrado por una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos, un sindicato, una asociación patronal… y la Asociación Nacional de Abogados, que encabeza Fadhel Mahfoudh. Los cuatro han sido decisivos en la transición democrática de Túnez. En México, nuestros colegios de abogados deberían seguir el ejemplo. En lugar de actuar como clubes de amigos que se capacitan entre sí, y se festejan mutuamente, podrían elegir una causa social para luchar por ella. Esto, claro, les haría perder miembros, pero ¿para qué queremos asociaciones enormes sin utilidad social? Mejor una pequeña que influya en nuestro país de modo contundente.


Quienes apostaban contra la reforma energética, han tenido que comerse el sombrero: en la fase 2 de la Ronda Uno, se adjudicaron tres de cinco contratos para extraer hidrocarburos en aguas someras, con lo que la Secretaría de Hacienda obtuvo más del doble de lo que fijó a las empresas concursantes. Adjudicados los campos de Amoca, Miztón, Teocalli, Hokchi, Ichalkil y Po Koch, quedan pendientes Xulum, Misión y Nak. Algunos grupos que ven esfumarse lo que consideraban su patrimonio, no han perdido ocasión de protestar. Hay que admitir, sin embargo, que vivimos en un mundo global y competitivo. Lo que hay que hacer no es denostar estos contratos sino afinar y sacar filo a aquellas instituciones diseñadas para evitar que las ganancias pueden desviarse. Éste es el auténtico peligro.


A comienzos de octubre de este año concluyó la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) del que México es parte, lo mismo que otros 11 países. Aunque su propósito es equilibrar la inflación de China en la región —a la que deliberadamente se dejó fuera del acuerdo—, habrá efectos colaterales para todos sus miembros. A poco que lo pensemos, el TPP representa 38 por ciento del PIB y 25 por ciento del comercio mundial. Al reducir las barreras arancelarias de muchos productos, países como Chile y Perú, Japón y Singapur, Malasia y Vietnam, competirían abiertamente con México en el mercado de Estados Unidos… A ver cómo nos va.


Azuzados por la Friedrich Ebert Stiftung, De Justicia, Cels, Conecta y otras organizaciones de la sociedad civil, algunos legisladores y servidores públicos se han visto obligados a tomar postura sobre la “legalización” de la mariguana. Mientras senadores como Alejandro Encinas y Angélica de la Peña lo ven recomendable, la panista Laura Rojas dice que sólo para casos médicos. Otros, más hábiles, como el subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, Roberto Campa, dicen que la idea es interesante pero que, bueno, cuando Uruguay lo hizo unilateralmente, fue criticado y que hay que ser cautos… La ONU dedicará 2016 a discutir este espinoso tema.


Quien se perfila como uno de los candidatos para ocupar una de las magistraturas vacantes dentro del Tribunal Superior Agrario es Arturo Nahle García. Su desempeño como coordinador de Pago de Predios e Indemnizaciones y contralor general adjunto en la Secretaría de la Reforma Agraria, así como subsecretario de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), aunado a su experiencia como diputado federal, coordinador general jurídico del Gobierno de Hidalgo, coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, secretario general de Gobierno y procurador general de justicia de la misma entidad, lo convierten en un excelente candidato.


¿En qué estaría pensando la jueza Laura Gutiérrez de Velasco cuando otorgó una suspensión indefinida a la resolución del INAI para que se dieran a conocer los detalles del crédito que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó a una filial del Grupo Higa? La “apariencia del buen derecho” aconseja no hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿Es el caso? Porque nadie entiende las razones de una decisión así. Hasta al más bien pensado le queda la idea de que aquí hay gato encerrado y la independencia de la judicatura federal no queda bien parada.


A diferencia de la jueza Gutiérrez de Velasco, que se empeña en ocultar una información que debería ser pública, el SAT se esmera en balconear a los morosos de toda índole. Ahora tocó su turno a las autoridades locales que tienen créditos en firme. Muchas de ellas, gobiernos municipales como Anáhuac (Nuevo León), Los Cabos, Chapala y San Juan de los Lagos. Qué bueno que podamos enterarnos de quién cumple y quién incumple sus obligaciones fiscales.El ministro José Ramón Cossío fue el orador principal en la ceremonia en la que tomaron posesión 63 jueces especializados en el sistema penal acusatorio. Fue duro y a la cabeza: asumen su cargo, dijo, ante “una sociedad agraviada por una gran cantidad de motivos […] tenemos un sinnúmero de denuncias sobre corrupción e incapacidad para conducir los asuntos públicos y altos niveles de impunidad”. Tiene razón. Pero si hay responsables de este escenario son, precisamente, algunos jueces.


El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb, propuso aumentar las dosis legales para el consumo personal de ciertas drogas. En teoría, hoy basta que un joven sea sorprendido con más de cinco gramos de mariguana o con más de medio gramo de cocaína para que se le inicie un proceso penal. En la práctica, sin embargo, aunque se le sorprenda con menos, las básculas suelen ser manipuladas por policías, peritos y agentes del Ministerio Público, según se quiera que el joven sea consumidor o narcomenudista. La corrupción está a la orden del día. Aumentar la dosis no detendrá la corrupción pero sí la hará más difícil y habrá menos adictos encarcelados. La pregunta es: ¿aumentarla a cuánto? ¿Cinco kilos de mariguana, por ejemplo?


En un acto sin precedentes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación solicitó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que los candidatos a ministros de la Suprema Corte que a él le corresponde proponer provengan de la carrera judicial. Para apuntalar su petición, citaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado que todo Estado debe generar la percepción de que sus juzgadores sean independientes y estén alejados de todo interés político. El manifiesto, sin embargo, además de conllevar una enorme carga política, genera vínculos: si alguien pide que se le considere para un cargo, lo quiera o no, está generando compromisos… ¿Dónde ha quedado la división de poderes? ¿Los académicos y los litigantes también publicarían un manifiesto exigiendo que se les considere para el cargo?


El Comité del Parlamento Noruego, que decide cada año al ganador del Premio Nobel de la Paz, decidió otorgarlo, en 2015, al Cuarteto Tunecino, un grupo de la sociedad civil integrado por una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos, un sindicato, una asociación patronal… y la Asociación Nacional de Abogados, que encabeza Fadhel Mahfoudh. Los cuatro han sido decisivos en la transición democrática de Túnez. En México, nuestros colegios de abogados deberían seguir el ejemplo. En lugar de actuar como clubes de amigos que se capacitan entre sí, y se festejan mutuamente, podrían elegir una causa social para luchar por ella. Esto, claro, les haría perder miembros, pero ¿para qué queremos asociaciones enormes sin utilidad social? Mejor una pequeña que influya en nuestro país de modo contundente.


Quienes apostaban contra la reforma energética, han tenido que comerse el sombrero: en la fase 2 de la Ronda Uno, se adjudicaron tres de cinco contratos para extraer hidrocarburos en aguas someras, con lo que la Secretaría de Hacienda obtuvo más del doble de lo que fijó a las empresas concursantes. Adjudicados los campos de Amoca, Miztón, Teocalli, Hokchi, Ichalkil y Po Koch, quedan pendientes Xulum, Misión y Nak. Algunos grupos que ven esfumarse lo que consideraban su patrimonio, no han perdido ocasión de protestar. Hay que admitir, sin embargo, que vivimos en un mundo global y competitivo. Lo que hay que hacer no es denostar estos contratos sino afinar y sacar filo a aquellas instituciones diseñadas para evitar que las ganancias pueden desviarse. Éste es el auténtico peligro.


A comienzos de octubre de este año concluyó la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) del que México es parte, lo mismo que otros 11 países. Aunque su propósito es equilibrar la inflación de China en la región —a la que deliberadamente se dejó fuera del acuerdo—, habrá efectos colaterales para todos sus miembros. A poco que lo pensemos, el TPP representa 38 por ciento del PIB y 25 por ciento del comercio mundial. Al reducir las barreras arancelarias de muchos productos, países como Chile y Perú, Japón y Singapur, Malasia y Vietnam, competirían abiertamente con México en el mercado de Estados Unidos… A ver cómo nos va.


Azuzados por la Friedrich Ebert Stiftung, De Justicia, Cels, Conecta y otras organizaciones de la sociedad civil, algunos legisladores y servidores públicos se han visto obligados a tomar postura sobre la “legalización” de la mariguana. Mientras senadores como Alejandro Encinas y Angélica de la Peña lo ven recomendable, la panista Laura Rojas dice que sólo para casos médicos. Otros, más hábiles, como el subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, Roberto Campa, dicen que la idea es interesante pero que, bueno, cuando Uruguay lo hizo unilateralmente, fue criticado y que hay que ser cautos… La ONU dedicará 2016 a discutir este espinoso tema.


Quien se perfila como uno de los candidatos para ocupar una de las magistraturas vacantes dentro del Tribunal Superior Agrario es Arturo Nahle García. Su desempeño como coordinador de Pago de Predios e Indemnizaciones y contralor general adjunto en la Secretaría de la Reforma Agraria, así como subsecretario de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), aunado a su experiencia como diputado federal, coordinador general jurídico del Gobierno de Hidalgo, coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, secretario general de Gobierno y procurador general de justicia de la misma entidad, lo convierten en un excelente candidato.


¿En qué estaría pensando la jueza Laura Gutiérrez de Velasco cuando otorgó una suspensión indefinida a la resolución del INAI para que se dieran a conocer los detalles del crédito que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó a una filial del Grupo Higa? La “apariencia del buen derecho” aconseja no hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿Es el caso? Porque nadie entiende las razones de una decisión así. Hasta al más bien pensado le queda la idea de que aquí hay gato encerrado y la independencia de la judicatura federal no queda bien parada.


A diferencia de la jueza Gutiérrez de Velasco, que se empeña en ocultar una información que debería ser pública, el SAT se esmera en balconear a los morosos de toda índole. Ahora tocó su turno a las autoridades locales que tienen créditos en firme. Muchas de ellas, gobiernos municipales como Anáhuac (Nuevo León), Los Cabos, Chapala y San Juan de los Lagos. Qué bueno que podamos enterarnos de quién cumple y quién incumple sus obligaciones fiscales.El ministro José Ramón Cossío fue el orador principal en la ceremonia en la que tomaron posesión 63 jueces especializados en el sistema penal acusatorio. Fue duro y a la cabeza: asumen su cargo, dijo, ante “una sociedad agraviada por una gran cantidad de motivos […] tenemos un sinnúmero de denuncias sobre corrupción e incapacidad para conducir los asuntos públicos y altos niveles de impunidad”. Tiene razón. Pero si hay responsables de este escenario son, precisamente, algunos jueces.


El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb, propuso aumentar las dosis legales para el consumo personal de ciertas drogas. En teoría, hoy basta que un joven sea sorprendido con más de cinco gramos de mariguana o con más de medio gramo de cocaína para que se le inicie un proceso penal. En la práctica, sin embargo, aunque se le sorprenda con menos, las básculas suelen ser manipuladas por policías, peritos y agentes del Ministerio Público, según se quiera que el joven sea consumidor o narcomenudista. La corrupción está a la orden del día. Aumentar la dosis no detendrá la corrupción pero sí la hará más difícil y habrá menos adictos encarcelados. La pregunta es: ¿aumentarla a cuánto? ¿Cinco kilos de mariguana, por ejemplo?


En un acto sin precedentes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación solicitó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que los candidatos a ministros de la Suprema Corte que a él le corresponde proponer provengan de la carrera judicial. Para apuntalar su petición, citaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado que todo Estado debe generar la percepción de que sus juzgadores sean independientes y estén alejados de todo interés político. El manifiesto, sin embargo, además de conllevar una enorme carga política, genera vínculos: si alguien pide que se le considere para un cargo, lo quiera o no, está generando compromisos… ¿Dónde ha quedado la división de poderes? ¿Los académicos y los litigantes también publicarían un manifiesto exigiendo que se les considere para el cargo?


El Comité del Parlamento Noruego, que decide cada año al ganador del Premio Nobel de la Paz, decidió otorgarlo, en 2015, al Cuarteto Tunecino, un grupo de la sociedad civil integrado por una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos, un sindicato, una asociación patronal… y la Asociación Nacional de Abogados, que encabeza Fadhel Mahfoudh. Los cuatro han sido decisivos en la transición democrática de Túnez. En México, nuestros colegios de abogados deberían seguir el ejemplo. En lugar de actuar como clubes de amigos que se capacitan entre sí, y se festejan mutuamente, podrían elegir una causa social para luchar por ella. Esto, claro, les haría perder miembros, pero ¿para qué queremos asociaciones enormes sin utilidad social? Mejor una pequeña que influya en nuestro país de modo contundente.


Quienes apostaban contra la reforma energética, han tenido que comerse el sombrero: en la fase 2 de la Ronda Uno, se adjudicaron tres de cinco contratos para extraer hidrocarburos en aguas someras, con lo que la Secretaría de Hacienda obtuvo más del doble de lo que fijó a las empresas concursantes. Adjudicados los campos de Amoca, Miztón, Teocalli, Hokchi, Ichalkil y Po Koch, quedan pendientes Xulum, Misión y Nak. Algunos grupos que ven esfumarse lo que consideraban su patrimonio, no han perdido ocasión de protestar. Hay que admitir, sin embargo, que vivimos en un mundo global y competitivo. Lo que hay que hacer no es denostar estos contratos sino afinar y sacar filo a aquellas instituciones diseñadas para evitar que las ganancias pueden desviarse. Éste es el auténtico peligro.


A comienzos de octubre de este año concluyó la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) del que México es parte, lo mismo que otros 11 países. Aunque su propósito es equilibrar la inflación de China en la región —a la que deliberadamente se dejó fuera del acuerdo—, habrá efectos colaterales para todos sus miembros. A poco que lo pensemos, el TPP representa 38 por ciento del PIB y 25 por ciento del comercio mundial. Al reducir las barreras arancelarias de muchos productos, países como Chile y Perú, Japón y Singapur, Malasia y Vietnam, competirían abiertamente con México en el mercado de Estados Unidos… A ver cómo nos va.


Azuzados por la Friedrich Ebert Stiftung, De Justicia, Cels, Conecta y otras organizaciones de la sociedad civil, algunos legisladores y servidores públicos se han visto obligados a tomar postura sobre la “legalización” de la mariguana. Mientras senadores como Alejandro Encinas y Angélica de la Peña lo ven recomendable, la panista Laura Rojas dice que sólo para casos médicos. Otros, más hábiles, como el subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, Roberto Campa, dicen que la idea es interesante pero que, bueno, cuando Uruguay lo hizo unilateralmente, fue criticado y que hay que ser cautos… La ONU dedicará 2016 a discutir este espinoso tema.


Quien se perfila como uno de los candidatos para ocupar una de las magistraturas vacantes dentro del Tribunal Superior Agrario es Arturo Nahle García. Su desempeño como coordinador de Pago de Predios e Indemnizaciones y contralor general adjunto en la Secretaría de la Reforma Agraria, así como subsecretario de Desarrollo Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), aunado a su experiencia como diputado federal, coordinador general jurídico del Gobierno de Hidalgo, coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, secretario general de Gobierno y procurador general de justicia de la misma entidad, lo convierten en un excelente candidato.


¿En qué estaría pensando la jueza Laura Gutiérrez de Velasco cuando otorgó una suspensión indefinida a la resolución del INAI para que se dieran a conocer los detalles del crédito que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó a una filial del Grupo Higa? La “apariencia del buen derecho” aconseja no hacer cosas buenas que parezcan malas. ¿Es el caso? Porque nadie entiende las razones de una decisión así. Hasta al más bien pensado le queda la idea de que aquí hay gato encerrado y la independencia de la judicatura federal no queda bien parada.


A diferencia de la jueza Gutiérrez de Velasco, que se empeña en ocultar una información que debería ser pública, el SAT se esmera en balconear a los morosos de toda índole. Ahora tocó su turno a las autoridades locales que tienen créditos en firme. Muchas de ellas, gobiernos municipales como Anáhuac (Nuevo León), Los Cabos, Chapala y San Juan de los Lagos. Qué bueno que podamos enterarnos de quién cumple y quién incumple sus obligaciones fiscales.

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