Al margen - Noviembre 2015

El ministro José Ramón Cossío fue el orador principal en la ceremonia en la que tomaron posesión 63 jueces especializados en el sistema penal acusatorio. Fue duro y a la cabeza: asumen su cargo, dijo, ante “una sociedad agraviada por una gran cantidad de motivos […] tenemos un sinnúmero de denuncias sobre corrupción e incapacidad para conducir los asuntos públicos y altos niveles de impunidad”. Tiene razón. Pero si hay responsables de este escenario son, precisamente, algunos jueces.

El titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb, propuso aumentar las dosis legales para el consumo personal de ciertas drogas. En teoría, hoy basta que un joven sea sorprendido con más de cinco gramos de mariguana o con más de medio gramo de cocaína para que se le inicie un proceso penal. En la práctica, sin embargo, aunque se le sorprenda con menos, las básculas suelen ser manipuladas por policías, peritos y agentes del Ministerio Público, según se quiera que el joven sea consumidor o narcomenudista. La corrupción está a la orden del día. Aumentar la dosis no detendrá la corrupción pero sí la hará más difícil y habrá menos adictos encarcelados. La pregunta es: ¿aumentarla a cuánto? ¿Cinco kilos de mariguana, por ejemplo?

En un acto sin precedentes, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación solicitó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que los candidatos a ministros de la Suprema Corte que a él le corresponde proponer provengan de la carrera judicial. Para apuntalar su petición, citaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado que todo Estado debe generar la percepción de que sus juzgadores sean independientes y estén alejados de todo interés político. El manifiesto, sin embargo, además de conllevar una enorme carga política, genera vínculos: si alguien pide que se le considere para un cargo, lo quiera o no, está generando compromisos… ¿Dónde ha quedado la división de poderes? ¿Los académicos y los litigantes también publicarían un manifiesto exigiendo que se les considere para el cargo?

El Comité del Parlamento Noruego, que decide cada año al ganador del Premio Nobel de la Paz, decidió otorgarlo, en 2015, al Cuarteto Tunecino, un grupo de la sociedad civil integrado por una organización no gubernamental que defiende los derechos humanos, un sindicato, una asociación patronal… y la Asociación Nacional de Abogados, que encabeza Fadhel Mahfoudh. Los cuatro han sido decisivos en la transición democrática de Túnez. En México, nuestros colegios de abogados deberían seguir el ejemplo. En lugar de actuar como clubes de amigos que se capacitan entre sí, y se festejan mutuamente, podrían elegir una causa social para luchar por ella. Esto, claro, les haría perder miembros, pero ¿para qué queremos asociaciones enormes sin utilidad social? Mejor una pequeña que influya en nuestro país de modo contundente.

Quienes apostaban contra la reforma energética, han tenido que comerse el sombrero: en la fase 2 de la Ronda Uno, se adjudicaron tres de cinco contratos para extraer hidrocarburos en aguas someras, con lo que la Secretaría de Hacienda obtuvo más del doble de lo que fijó a las empresas concursantes. Adjudicados los campos de Amoca, Miztón, Teocalli, Hokchi, Ichalkil y Po Koch, quedan pendientes Xulum, Misión y Nak. Algunos grupos que ven esfumarse lo que consideraban su patrimonio, no han perdido ocasión de protestar. Hay que admitir, sin embargo, que vivimos en un mundo global y competitivo. Lo que hay que hacer no es denostar estos contratos sino afinar y sacar filo a aquellas instituciones diseñadas para evitar que las ganancias pueden desviarse. Éste es el auténtico peligro.

A comienzos de octubre de este año concluyó la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) del que México es parte, lo mismo que otros 11 países. Aunque su propósito es equilibrar la inflación de China en la región —a la que deliberadamente se dejó fuera del acuerdo—, habrá efectos colaterales para todos sus miembros. A poco que lo pensemos, el TPP representa 38 por ciento del PIB y 25 por ciento del comercio mundial. Al reducir las barreras arancelarias de muchos productos, países como Chile y Perú, Japón y Singapur, Malasia y Vietnam, competirían abiertamente con México en el mercado de Estados Unidos… A ver cómo nos va.

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