Al margen - Noviembre 2018

Al margen - Noviembre 2018

 

La guerra sucia en la Suprema Corte está a todo lo que da: que si este ministro se fue a Las Vegas; que si aquél dijo que en todo el Poder Judicial impera la corrupción; que si éste y aquél tienen a sus hijas cobrando altos salarios en el Alto Tribunal… Y todo indica que los golpes y filtraciones vienen de adentro, antes de que se decida quién encabezará la Corte a partir de enero de 2019. Los ministros tendrán que esperar, sin embargo, a saber quién va a sustituir a José Ramón Cossío en diciembre. Mientras ellos se patean bajo la mesa, quien sustituya a Cossío decidirá la ecuación… Y no sólo por su voto.

 


 

Aunque sin la estridencia de la Corte, otro sitio donde hay movimiento frenético es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Un ejército de abogados trabaja día y noche para ver cómo puede darle la vuelta a la Constitución de la ciudad y conseguir que Álvaro Pérez Juárez, presidente del tribunal, pueda ser reelegido. Hasta Edgar Elías, nuestro embajador en los Países Bajos, trabaja sin descanso en el asunto.

 


 

La disminución de salarios inquieta a toda la burocracia. Los únicos que han salido a protestar, sin embargo, son los jueces de distrito y los magistrados de circuito, que expresaron su “preocupación” por la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados para derogar diversas disposiciones de los artículos 94 y 116 de la Constitución, que busca reducir salarios de ministros, consejeros, jueces y magistrados, pues “va en sentido contrario al interés histórico de preservar la independencia de los encargados para velar por los derechos humanos de los mexicanos y, por lo tanto, de la autonomía del Poder Judicial”. Si estas medidas progresan, el presidente López Obrador perderá paulatinamente apoyo tras apoyo donde, quizás, más lo necesite. Si quiere un gobierno fuerte que lo apoye en la ejecución de su Cuarta Transformación, no va a conseguirlo con salarios raquíticos. ¿O será que quiere autoboicotearse desde el principio?

 


 

A propósito de López Obrador, no fueron nada afortunadas las adjudicaciones que anunció en público, tanto a Bombardier, para que construya el Tren Maya, como al Banco Azteca, para que emita las “tarjetas de bienestar social” que ha prometido. Si su manera de combatir la corrupción es desapareciendo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y haciendo designaciones directas para que no haya trampa en los concursos, el panorama no resulta alentador.

 


 

La convocatoria que logró Alberto Elías Beltrán fue prodigiosa: siete antiguos titulares de la Procuraduría General de República, algunos de los cuales no se quieren entre sí, se unieron a su llamado para el Día Nacional del Ministerio Público que, a partir del 22 de octubre, se celebrará en México: Macedo, Cabeza de Vaca, Medina Mora, Chávez Chávez, Marisela Morales, Murillo Karam y Arely Gómez. Humberto Benítez y Jorge Madrazo andaban fuera de México, a Diego Valadés no le gustan los actos tumultuarios y Sergio García Ramírez ya tenía otro compromiso… ¿La gran ausencia?: Raúl Cervantes.

 


 

De acuerdo con Norberto Bobbio y los constitucionalistas y politólogos contemporáneos, la democracia es la forma de gobierno en la que una sociedad elige a quienes tomarán las decisiones colectivas. Por ello, la consulta a la que convocó Andrés Manuel López Obrador para ver qué aeropuerto se prefería no fue un ejercicio democrático como tal. Si el presidente de veras quiere que hable el pueblo y busca imponer una democracia directa, también deberá someter a consulta la construcción del Tren Maya, las refinerías, los sueldos del poder judicial, la designación de los encargados de despacho y otras muchas de sus propuestas. Eso sí, deberá hacerlo en los farragosos términos del artículo 35-VIII de nuestra Carta Magna para que tengan validez.

 


 

Más allá del resultado sobre la consulta popular acerca del aeropuerto, el mensaje que se ha enviado a los inversionistas extranjeros fue muy negativo: da igual lo que se pacte pues, en cualquier momento, todo puede cambiar. Independientemente del costo del aeropuerto de Texcoco, si olvidamos que Pacta sunt servanda, pronto estaremos metidos en problemas graves.

 


 

El pasado mes de septiembre, el Pleno de la LXIII Legislatura del Congreso de Tabasco aprobó modificaciones a la Ley de Obras Públicas de ese estado que han desatado el miedo de la comunidad jurídica de México. Las nuevas disposiciones permitirán adjudicar contratos de manera directa sin celebrar licitaciones públicas, cuando se trate de “infraestructura prioritaria”. Aunque nadie sabe qué es esto, todo huele al regreso del poder imperial. La disposición abre la puerta a contrataciones millonarias sin competencia, que podrían atentar contra el artículo 134 constitucional… y contra el Estado de Derecho que tanto nos ha costado erigir.

 


 

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El Mundo del Abogado