Al margen - Noviembre 2019

Al margen - Noviembre 2019

 

El problema jurídico de la liberación del hijo de el Chapo en Culiacán no podría resolverse a la luz de la figura del Estado de necesidad, pues ello alentaría a todos los delincuentes a amenazar con causar un daño si no se les libera. ¿O bastará que el padre de un narcotraficante amenace con asesinar a tres niños para que se deje en libertad a su hijo sin ninguna consideración? “Se evitó un mal mayor”, dicen algunos. Pero el Estado no puede estar sujeto a estos chantajes. Todo México espera que rueden algunas cabezas por la pésima planeación...

 


 

La Cámara de Diputados aprobó reformas para obligar al Poder Judicial a hacer públicos los textos íntegros de sus sentencias. Ya no bastará explicarlos, como ordena el artículo 17 de nuestra Constitución: habrá que publicarlos. Se trata de una excelente noticia pues someterá a los jueces a intenso escrutinio. Estarán obligados a ser claros y —¿por qué no?— breves. Tendrán que dejarse de los infames fárragos repetitivos de los que muchos de ellos se valen para disfrazar su incompetencia.

 


 

Otra buena noticia es la que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, decidió conceder el Premio Nacional de Jurisprudencia 2019 a José Ramón Cossío. Un premio merecido, si los ha habido. Cossío representa lo mejor de la clase jurídica mexicana. Enhorabuena.

 


 

Por más que los partidarios de Jaime Bonilla se esmeren en justificar la ampliación de su periodo y aludan a doctrina, jurisprudencia y tratados, las cosas son clarísimas: si se votó para que permaneciera en su cargo dos años, debe quedarse ahí dos años. Punto. Tratar de torcer esta decisión a través de artilugios disparatados, como ya ocurrió con los magistrados del Tribunal Federal Electoral, podría desembocar en problemas mayores. Un buen día se votará para que un presidente de la República gobierne seis años, como prescribe la Constitución, pero será posible que se amplíe su periodo a 18 años… La Suprema Corte ya examina el caso y, naturalmente, no tendrá para dónde hacerse: dos años son dos años, mal que les pese a muchos.

 


 

Hablando de la Corte, mal se vio la renuncia de Medina Mora en la comunidad jurídica. Debió aducir que salía para defender su buen nombre, para facilitar la investigación, cualquier cosa antes de desaparecer por la puerta de atrás. Los abogados de México esperamos que nos brinde una explicación, así sea a destiempo. Es un hombre inteligente que, seguramente, lo hará.

 


 

Entre los penalistas, se dice que el Código Penal Único dejará fuera delitos como el incesto, la bigamia, el aborto y la manipulación genética. Enhorabuena. Poner de cabeza al país y llenar las cárceles de personas de escasos recursos con el único propósito de dar gusto a grupos de fundamentalistas religiosos no parece una opción acertada. Porque, a poco que lo pensemos, quien va a prisión por estos delitos es quien no pudo pagar a un abogado que le tramitara el divorcio o no pudo costear un viaje a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo.

 


 

 

Sin negar los muchos méritos de algunas de las personas que contendieron para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hay que admitir que el perfil más completo de los contendientes fue, por mucho, el de José de Jesús Orozco Henríquez, quien ha dedicado su vida al estudio del tema y, por añadidura, ocupó la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué más se necesitaba?

 


 

No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Si el presidente López Obrador no tiene intenciones de reelegirse, ¿para qué permite que el Congreso discuta la revocación de mandato? Esta figura fue empleada en Cuba, en Venezuela y en los países donde el jefe de gobierno pretendía decir: “Yo no me quería reelegir y hasta firmé, pero… ¿qué podía hacer si el pueblo lo ordenaba?”

 


 

Si las propiedades del magistrado José Luis Vargas Valdez son bien habidas o no, eso tendría que investigarse. Lo que es indiscutible es que ningún funcionario debiera tener todas las prerrogativas de las que gozan los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Viajes, asistentes, teléfonos, viáticos, automóviles… ¿para qué tanto? Hablar de austeridad republicana, cuando existen funcionarios que, con la ley en la mano, derrochan los recursos públicos es una ironía. Peor aún: una hipocresía. Si de veras vamos a apostar por la austeridad, comencemos no por Vargas Valdez sino por el Tribunal Electoral, el Poder Judicial y todas aquellas instituciones que son sinónimo de dispendio y, en algunos casos, de utilería escenográfica.

 


 

Hacía mucho que un gobierno no actuaba con tanto desdén frente a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Hubo una época en que bastaba una recomendación de este organismo autónomo para liberar a un detenido, despedir a un empleado público o poner tras las rejas a un violador de las garantías individuales. Pero esto parece cosa del pasado. Ojalá que sólo se trate de un malentendido pasajero pues, hoy por hoy, la CNDH es uno de los organismos más sólidos y confiables para los mexicanos.

 


 

Si hay una institución educativa que tiene razones para sentirse satisfecha, ésa es la Escuela Libre de Derecho. Más allá de las encuestas, puede presumir que el presidente de la Suprema Corte y el fiscal general de la República son sus egresados. Lo mismo habríamos de decir del presidente de la Barra Mexicana, del de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y del del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Con estos egresados es difícil que, hoy por hoy, otra universidad la haga sombra.

 


 

Hay que aplaudir la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia para eliminar las compañías de outsourcing. Por donde se mire, estas empresas han sido responsables de la explotación de los mexicanos más desfavorecidos. Les niegan toda suerte de derechos y los hacen trabajar de sol a sombra sin consideración. Su contribución a la desigualdad social es equiparable a la de los evasores fiscales y, en opinión de muchos, mayor. Los beneficiarios, desde luego, alegan que, dadas las condiciones económicas de México, desaparecer “la terciarización” es imposible. Pero ¿de veras es imposible respetar los derechos que consagra nuestra Constitución?

 

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