Al Margen - Junio 2016

Al Margen - Junio 2016

Hay que felicitar al presidente Enrique Peña Nieto por el impulso que ha dado a algunas reformas jurídicas: acabar con las corruptísimas juntas de Conciliación y Arbitraje para que sea el Poder Judicial el que asuma la impartición de justicia laboral; ampliar los juicios orales al ámbito mercantil; contar con un Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares; modernizar los registros civiles y los registros públicos de la propiedad, y extender los alcances de la justicia alternativa no son temas menores. En palabras de Miguel Carbonell, significan una “revolución jurídica”. Estamos de acuerdo.


Otra de las iniciativas del presidente Peña Nieto que hay que celebrar es la posibilidad de que, al menos en el Código Civil Federal, las parejas de un mismo sexo puedan contraer nupcias y adoptar. El PAN y la iglesia católica han puesto el grito en el cielo, como lo pusieron los productores de queroseno cuando se inventó la bombilla eléctrica, pero, mal que les pese, ya no estamos en el siglo XIX. Ahora tenemos aviones, internet, democracia… y pluralismo.


“La regla básica para que haya progreso económico en un país —dice y repite el profesor de Harvard James Robinson, coautor del libro Why Nations Fail?— es que la ley se cumpla y aplique, en igualdad de condiciones, para todos los ciudadanos, independientemente de quiénes sean, de sus contactos o de su posición”. ¿Cómo podría explicársele a Robinson que, en México, las leyes permiten que algunos ciudadanos paguen impuestos y otros no, o que algunos puedan sembrar marihuana y otros no?


Si usted es un alto mando en el servicio público y, a cambio de una generosa participación en el negocio, entrega a alguna compañía constructora las bases de una licitación pública con seis meses de anticipación para que ésta tenga ventaja sobre las competidoras, no tiene de qué preocuparse: la Secretaría de la Función Pública no lo tocará ni con el pétalo de una rosa. Pero si usted es un funcionario intermedio y no engrapa la copia amarilla o no coloca el sello en la copia azul, entonces prepárese para sufrir un calvario: la secretaría lo perseguirá y pondrá a un ejército de burócratas a documentar su omisión. Si le va bien después de que lo echen del cargo, lo inhabilitarán cinco o 10 años para trabajar en el sector público. En la lucha contra la corrupción también hay niveles.


Muy duras han sido las críticas de la Red Nacional de Juicios Orales a la miscelánea penal que aprobó la Cámara de Diputados. Basta con que a una persona se le acuse de delincuencia organizada —denuncia la asociación— para que no tenga derecho a defensa. El abogado Carlos Ríos Espinosa fue más allá: esta miscelánea sólo permitirá “la fabricación de culpables, la tortura de imputados y la simulación de la justicia”. Lo que es cierto, como ha señalado México Evalúa —Layda Negrete en concreto—, es que las reformas a los artículos 149, 165 y 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales no contribuyen en nada a la transparencia del proceso penal. ¿No se suponía que ahora sí íbamos a tener juicios públicos?


Aunque sabe que no tiene ninguna posibilidad de ser el candidato en 2018 y que su papel consiste sólo distraer la atención para que el partido pueda maniobrar el ascenso de “el tapado”, el abogado hidalguense Miguel Osorio Chong ha asumido con donaire su papel como puntero por la candidatura presidencial.


Uno de los cinco servidores públicos más eficaces del gobierno actual es, sin duda, Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Las significativas cantidades que ha recaudado, los juicios que ha ganado y la rápida respuesta que ha dado a problemas como Panama Papers, así lo confirman. Que aún queda mucho por hacer en el ámbito de la evasión y la elusión, es claro, pero debemos celebrar la decisión del presidente Peña Nieto y del secretario Luis Videgaray de haber colocado a Aristóteles Núñez en esta posición.


Llama la atención confirmar que en 2015 se aplicaron en todo el mundo 1,634 penas capitales. De acuerdo con los datos proporcionados por Amnistía Internacional, esto implica un aumento de 50 por ciento en relación con el año anterior. Arabia, Irán y Pakistán llevaron a cabo nueve de cada 10 ejecuciones. Estados Unidos ejecutó a 28 personas en este periodo. A estas cifras habría que añadir las de China, país que guarda todo con el mayor sigilo.


Tiene razón el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) al afirmar que “si se mantiene el ritmo de implementación mostrado por las entidades desde 2013, harán falta otros 11 años para alcanzar el nivel óptimo del sistema de justicia”. A pesar de que se había anunciado, con bombo y platillo, la entrada en vigor del nuevo sistema penal para 2016, la verdad es que se trata de un lenguaje nuevo que deben aprender policías, peritos, agentes del Ministerio Público, abogados postulantes y jueces. Como todo nuevo lenguaje, requerirá fracasos, errores y práctica. Mucha práctica. El hecho de que la Suprema Corte haya invalidado algunos de los procedimientos más ágiles que se diseñaron o que los diputados hayan cancelado la transparencia en otros, son indicios de las dificultades que se prevén. Los ministros siguen mirando a los agentes del MP como un padre miraría a su hijo de 40 años: demasiado joven como para prestarle las llaves del auto. Pese a todo, vamos por buen camino. Aun si, no llegamos en el plazo previsto.


¿Sabía usted que hay 1,715 programas de licenciatura en Derecho en México? ¿Y qué sólo en 2015 se emitieron 33,631 cédulas profesionales para abogados? Esto puede ser mucho o poco, según la proporción que exista entre calidad y cantidad de los jóvenes que, cada año, engrosan la familia jurídica del país.


Hizo bien la Suprema Corte de Justicia al desechar el amparo de un quejoso que pretendía concluir sus estudios como licenciado en economía en la UNAM, solicitando que se ampliara el plazo de 10 años que concede el Reglamento de Estudios Superiores. Adujo que, al no poder concluir la carrera, se le impedía ejercer la profesión elegida, como lo señala la Constitución. La Corte adujo, sin embargo, que el quejoso podía acudir a cualquier otra universidad para estudiar lo que deseara. Buen mensaje de la Corte a los fósiles académicos.

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