Atropello a la carrera de los jueces locales

Atropello a la carrera de los jueces locales

El autor relata por qué promovió un amparo contra de la designación de algunos  magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz durante la gestión del ex gobernador Javier Duarte: desde su perspectiva, fue un atropello a la carrera judicial de los juzgadores locales.

 

 

El presente artículo refleja el esfuerzo de un juez que durante más de 25 años ha desempeñado la carrera jurisdiccional en el estado de Veracruz y que creía como un dogma de fe en el nuevo escenario constitucional, el cual el Poder Judicial de la Federación tenía la obligación de respetar al resolver el juicio de amparo 995/2016, del Índice del Juzgado Primero de Distrito, con residencia en Xalapa, Veracruz, juicio que fue resuelto por el juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, donde en forma por demás errónea ese órgano sobreseyó el juicio, porque según él se carecía de interés legítimo. Esta resolución fue confirmada en el asunto en revisión número 245/2017 por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con residencia en el municipio de Boca del Río, Veracruz, en una sentencia carente de la más elemental juridicidad, como se puntualizara en párrafos posteriores, lo cual conllevará la necesidad de acudir ante los organismos internacionales de protección de derechos humanos.

Por la importancia del tópico y, sobre todo, porque este artículo tiene que ver directamente con la tutela constitucional, resulta importante citar, en principio, al doctor Arturo Hernández Abascal: “La justicia constitucional, que entre otras cuestiones se encarga de la aplicación directa de la Constitución, se ha ido extendiendo por todo el mundo como una de las formas más importantes —si no la más— de protección de los derechos y vigilancia de los poderes públicos y también como garantía de la superioridad normativa de la Constitución”.

Sentado lo anterior, y para una mejor compresión del tema, se propone utilizar el método histórico. Primero, se hará referencia a por qué se impugnó la designación del entonces gobernador señor Javier Duarte de Ochoa, hoy procesado a nivel federal; seguidamente, al proceso jurisdiccional de impugnación ante el juez primero de distrito con residencia en Xalapa, Veracruz, donde se cometieron diversas irregularidades; con posterioridad, al desaseo de la revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, y por último, a los horizontes por venir.

Hecho este acotamiento, se abordará el primer punto. Para ello, tenemos que trasladarnos a mediados de 2016, teniendo como referente obligado al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, donde los habitantes de este bello lugar tuvimos que aceptar la imposición de un gobernante. Y expongo esto pues fue ungido por la maquinaria del poder en turno, el cual no tenía el más mínimo respeto a los derechos de la gente, toda vez que se trastornó de poder y como consecuencia desatendió sus obligaciones ético-constitucionales, pues en varias ocasiones trató de imponer como magistrados,1 hasta que lo logró, a su amigo Francisco Portilla Bonilla y a la señora Lizbeth Hernández Ribbon, cuyos méritos fueron, del primero, acompañar al señor Duarte de Ochoa en diferentes tareas del orden político, y de esta última, ser la esposa de un magistrado electoral del estado.

Pues bien, en julio de 2016 se reformó la Constitución estatal para dar cabida a la Primera Sala Familiar del Poder Judicial del Estado, y en agosto de ese mismo año el entonces gobernador propuso a los ciudadanos Francisco Portilla Bonilla, Lizbeth Hernández Ribbon y Patricia Montelongo Guerrero, siendo esta última la única con el perfil idóneo para esa delicada tarea. Pero el Congreso del estado, sin mayor miramiento y ante un proceso violatorio a la Constitución local —pues no se integraba el quórum que contempla la norma—, y con franca infracción a los numerales 10 y 15 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 18 de agosto del año citado avaló la designación hecha por el Ejecutivo estatal.

Ante esa agresión a los derechos de los jueces, en septiembre de ese año impugné en amparo indirecto esas determinaciones, radicándose el expediente bajo el número 995/2016, del Índice del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Xalapa, Veracruz, expediente en el que las autoridades responsables rindieron sus informes, y precisamente en el del Ejecutivo se advierte que la firma del señor Javier Duarte de Ochoa fue puesta por persona diversa a él, lo cual impugné mediante un incidente de falsedad de firmas, lo que el juez primero de distrito en Xalapa, Veracruz, desechó con el argumento de que ya estaba reconocido el acto reclamado, por lo que tuve que combatir esa determinación con el recurso de queja, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, bajo el número 299/2016.

Es importante señalar que dicha queja resultó infundada, por lo que no se admitió el incidente de impugnación de firmas. Pero lo insólito de esto es que tanto el juez primario y, en su caso, los magistrados, no obstante que tenían el deber de darle vista a la autoridad penal federal por la posible comisión de un ilícito, debido al uso de documento falso, ninguno de ellos lo hizo, no obstante que así se los solicité, circunstancia que les reprocho y les reprocharé.

Seguido el trámite correspondiente, el juez de distrito de origen remitió el expediente al juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, quien dictó sentencia el día 10 de mayo de 2017, en la que, apoyándose en una jurisprudencia, la cual por cierto sólo aplicó en la parte conducente que convenía a su postura, sobreseyó el juicio, bajo la tesitura de que el suscrito carecía de interés jurídico y legítimo.

Ahora bien, como esa sentencia era infractora de mis derechos humanos la impugné con el recurso de revisión, remitiéndose las actuaciones al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río, Veracruz, radicándose el expediente bajo el número 245/2017, y precisamente el día 23 de noviembre del año pasado se confirmó la sentencia de sobreseimiento, la cual es totalmente infractora de los principios de legalidad y acuciosidad.

Se dice lo anterior, porque en principio los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, demuestran su oscurantismo jurídico al confundir los derechos humanos con las garantías individuales, como se deduce de la página 17 de la sentencia que se menciona, que a la letra señala: “… Pues si bien actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la reforma de diez de junio de dos mil once, habla de derechos humanos en vez de garantías individuales […] ha habido cambios terminológicos, en especial del contenido del referido artículo 1 de la Ley Fundamental […] su significado sigue siendo el mismo, es decir, las garantías individuales ahora derechos humanos o fundamentales, son las prerrogativas reconocidas a las personas2 por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por el solo hecho de ser personas con el objeto de tener el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público”.

Como se puede observar, los magistrados que conocieron la revisión se confunden al dar a los derechos humanos el mismo significado que a las garantías individuales, error que sin duda será analizado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, ante la queja administrativa que interpondré, la cual no reparará mis derechos, pero al menos servirá de precedente, pues de lo contrario los jueces federales seguirán cometiendo la misma irregularidad jurisdiccional, ya que no puede un tribunal terminal confundir los derechos humanos con las garantías individuales, toda vez que los primeros son el cúmulo de atribuciones que tiene una persona para poder vivir como ser humano, en tanto que las garantías son los vehículos que trasportan esos derechos.

Con independencia de lo anterior, el Poder Judicial de la Federación no debe seguir apoyándose en el criterio infractor, que dice que los jueces federales, al conocer el juicio de amparo, no violan derechos humanos, en principio porque no son los dioses del Derecho, y, por el contrario, regresaríamos al positivismo a la ultranza de Thomas Hobbes, Jeremy Bentham, Cesar Beccaria, John Austin, Kelsen, Hart o Raz, el cual, si bien tuvo su aplicación en una época determinada, no olvidemos que entró en decadencia por las causas jurídico-institucionales que tuvieron lugar con el nacimiento de los principios del Derecho, los derechos humanos y la ética judicial; tanto más, que la tesis a la que me he referido pertenece a un sistema jurídico que hoy no puede ser compatible con el Derecho, so pena de sostener que vivimos en el siglo pasado.

Otro aspecto que sin lugar a dudas infringe el orden jurídico, e incluso trae responsabilidad para el Estado mexicano, fue que las autoridades jurisdiccionales nunca indicaron nada sobre el criterio obligatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, específicamente en los párrafos 71, 72 y 73, de la sentencia del 30 de junio de 2009, que oportunamente alegué y que a la letra dice:

71. Los principios básicos que destacan como elementos preponderantes en materia de nombramiento de jueces son integridad, idoneidad y formación o calificaciones jurídicas apropiadas (68). Del mismo modo, las Recomendaciones del Consejo de Europa evocan un criterio marco de utilidad en este análisis al disponer que todas las decisiones relacionadas con la carrera profesional de los jueces deben estar basadas en criterios objetivos, siendo el mérito personal del juez, su calificación, integridad, capacidad y eficiencia, los elementos preponderantes a considerar (69). Esta Corte ha destacado con anterioridad que los diferentes sistemas políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para el nombramiento del juez, como para su destitución (70).

”72. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantiza la libertad de toda injerencia o presión política (71). En similar sentido, la Corte destaca que todo proceso de nombramiento debe tener como función no sólo la escogencia según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al Poder Judicial. En consecuencia, se debe seleccionar a los jueces exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar.

”73. Los procedimientos de nombramiento tampoco pueden involucrar privilegios y ventajas irrazonables. La igualdad de oportunidades se garantiza a través de una libre concurrencia, de tal forma que todos los ciudadanos que acrediten los requisitos determinados en la ley deben poder participar en los procesos de selección sin ser objeto de tratos desiguales arbitrarios”.

En efecto, es totalmente inaudito que un tribunal constitucional, y máxima autoridad al resolver un asunto constitucional, no haya reparado en ese aspecto, pues la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas, en su artículo 17, que la justicia deberá ser completa, y al hablar sobre esta característica no tenemos mayor margen de discusión que se refiere a la obligatoriedad que deben tener los órganos jurisdiccionales de resolver todos los puntos cuestionados.

También es muy oportuno señalar que el motivo fundamental de mi demanda de amparo indirecto fue el mejor derecho que tenía yo para ocupar el carácter de magistrado, pues la propia norma suprema así lo indica en el artículo 116, fracción III, párrafo IV, al preferir, para ocupar esos cargos, a personas con carrera judicial, circunstancia que no fue observada por los jueces constitucionales, bajo la óptica de que la facultad prevista en los artículos 58 y 59 de la Constitución estatal autoriza al gobernador para realizar una propuesta libre con base en una atribución discrecional, punto que fue abordado con miedo, pues la magistrada Márquez Hernández, quien tuvo a su cargo la ponencia, dijo que, de resolver el asunto en forma contraria, se atentaría contra la Constitución, razonamiento por demás incorrecto, pues precisamente lo que se pidió al tribunal constitucional fue que interpretará ésta, ya que nuestro documento supremo no sólo es un conjunto de reglas, sino de valores y principios, como se advierte en la obra Estudios sobre el neoconstitucionalismo, de Luis M. Cruz.

Como jurista experto en derecho adelanto que estas decisiones injustas no se pueden quedar en el plano del discurso formal, pues de ser así prácticamente se estaría consintiendo el actuar incorrecto de las autoridades. Hoy, el Derecho no puede verse como lo hacían los positivistas normativistas, cuando éstos crearon una gran división entre el Derecho y la moral, como lo puntualiza Manuel Atienza en su obra El Derecho como argumentación.

No quisiera cerrar este artículo sin señalar un punto toral de la obra La ley y los jueces, de Eberhard Schimidt, quien indica: “Si es cierto que el juez está vinculado al Derecho; que las leyes, cuando carecen de ese carácter de ser ‘Derecho’, no tienen fuerza de obligar, estamos ante nuevas perspectivas extremadamente importantes para la responsabilidad judicial y para sus posibles consecuencias. Puesto que al aplicar una ley injusta se hace una injusticia a aquel que sufre las consecuencias previstas en dicha ley”.

Por lo que, suponiendo sin conceder que la Constitución estatal le diera al gobernador la facultad de designar en forma discrecional a los magistrados, lo que no es verdad, no podemos ir en contra de la norma fundamental, específicamente el numeral 116, fracción III, párrafo IV, y la interpretación internacional hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, al preferir para la designación de los magistrados a personas con carrera judicial. Pues es lógico que lo que se pretende en un Estado constitucional es que los jueces sean expertos en Derecho y no políticos improvisados o esposas de éstos.

 

 


 

* Doctor en Derecho por la Universidad de Xalapa, Veracruz, con estudios de maestría en Derecho constitucional y amparo, administración de justicia y Derecho notarial, por las universidades de Tlaxcala, de Villa Rica, Veracruz, y por el Colegio de Veracruz.

1 No se debe olvidar que a principios de 2016 propuso como magistrado del malogrado Tribunal Anticorrupción al referido licenciado Portilla Bonilla.

2 El subrayado es del autor de este artículo.

Referencias:

- Atienza, Manuel (2016), El Derecho como argumentación, Ariel, España.

- Cruz, Luis (2006), Estudios sobre el neoconstitucionalismo, Porrúa, México.

- Hernandéz, Abascal (2017), ¿Qué es la justicia constitucional?, Códice, México.

- Schmidt, Eberhard (2017), La ley y los jueces, Radbruk E&A, México.

 

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