Aplicación extraterritorial de las leyes

Aplicación extraterritorial de las leyes

 

Uno de los temas en el que se vuelve evidente la divergencia que existe entre la igualdad soberana a nivel conceptual y la forma en la que los Estados operan en la práctica es la aplicación extraterritorial de las leyes.

 

Si bien bajo la interpretación purista del principio de soberanía, reflejado en la máxima par in parem non habet imperium o non habet jurisdictionem, los Estados excluyen a otros Estados del ejercicio de su jurisdicción dentro de su territorio, tenemos que en la cotidianidad el respeto a ese principio jurídico dependerá en gran parte del poder de cada uno de los Estados para obligar a sus pares a reconocer su imperium exclusivo sobre los actos y las personas que se encuentran dentro de su territorio.

Fuera de los escenarios de extraterritorialidad aceptados por la comunidad internacional —jurisdicción personal (nacionalidad), jurisdicción universal (crímenes internacionales), jurisdicción de protección o intereses (delitos cometidos en consulados)— cualquier otro intento de ejercicio de jurisdicción unilateral no es bienvenido.

En el caso mexicano, basta recordar la reacción de repudio en 1996 cuando una delegación cubana fue expulsada del Hotel María Isabel Sheraton como consecuencia de la aplicación extraterritorial de la ley estadounidense Helms-Burton. Derivado de ese incidente en México se promulgó la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional con la finalidad de cristalizar el rechazo absoluto a aquella acción y eliminar el impacto negativo que medidas extraterritoriales pudieran tener en materia comercial y de inversión en contra de personas en territorio nacional.

 

Estados Unidos vs. Huawei

El pasado 1° de diciembre de 2018 un caso de aplicación extraterritorial de la ley ocupó las principales planas de los medios de comunicación internacionales: el gobierno de Canadá detenía a Wanzhou Meng, alias Cathy Meng y Sabrina Ment, directora financiera de Huawei e hija del fundador de la compañía, como consecuencia de la ejecución de una solicitud de detención provisional con fines de extradición remitida por el gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a la ejecutiva de Huawei de participar en una conspiración que tenía como objetivo defraudar a múltiples instituciones internacionales financieras con el fin de esquivar las sanciones económicas impuestas por este país y la Unión Europea contra Irán, para que de esta forma Huawei pudiera —a través de la compañía Skycom— mantener sus actividades comerciales en Irán y, por medio de las instituciones financieras internacionales engañadas, retirar de territorio iraní sus ganancias económicas.

Según la documentación presentada por Estados Unidos, Skycom era prácticamente una subsidiaria de Huawei, a través de la cual esta última empresa realizaba transacciones comerciales en materia de telecomunicaciones con las principales compañías de telecomunicación de Irán. De conformidad con cálculos de las autoridades estadounidenses, se estima que cientos de millones de dólares fueron blanqueados por Huawei desde 2009 por medio de instituciones financieras de Nueva York, en contravención a las sanciones impuestas en contra del gobierno de Irán. Consecuentemente, al haber transitado dichas transacciones financieras a través de entidades financieras estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos adquiría jurisdicción para investigar esos ilícitos, originándose así la solicitud de detención provisional con fines de extradición remitida al gobierno canadiense en contra de la alta ejecutiva de Huawei.

El gobierno estadounidense tiene hasta finales de enero para presentar al gobierno canadiense la petición formal de extradición en contra de Wanzhou Meng. En el ínter la ejecutiva de Huawei —quien podría enfrentar hasta 30 años de prisión en Estados Unidos— se encuentra en libertad bajo caución desde el 11 de diciembre, al haber pagado 10 millones de dólares canadienses como fianza, de conformidad con la decisión de la Suprema Corte de British Columbia. Si bien la decisión de la Suprema Corte de British Columbia fue breve en su contenido, fue interesante ver cómo el juez canadiense W.F. Ehrcke no desaprovechó oportunidad para pronunciarse sobre el gobierno de Estados Unidos al señalar, en su decisión, que la inferencia de las autoridades estadounidenses en el sentido de que Wanzhou Meng había dejado de viajar a Estados Unidos para sustraerse de la justicia de ese país desde el 2017, era meramente especulativa, ya que nacionales extranjeros podían tener “innumerables buenas razones para elegir no viajar a Estados Unidos durante los últimos dos años” (temporalidad que coincide con el tiempo que lleva la administración de Donald Trump).

Para dar un poco de contexto, hay que tener en cuenta Huawei es una compañía que lleva 30 años en el mercado y en la actualidad es considerada el gigante chino de las telecomunicaciones. En lo que respecta a ventas a nivel mundial de teléfonos celulares, Huawei se encuentra en segundo lugar, después de Samsung (Corea del Sur), y antes de Apple (Estados Unidos), que ocupa el tercer lugar. En 2017 Huawei generó 92.5 billones de dólares en ganancias y para 2018 tenía un pronóstico de 102 billones de dólares. En la actualidad, Huawei es punta de lanza en lo que se refiere a desarrollo de la tecnología de telecomunicaciones 5G, pero ha estado en el ojo del huracán ante las acusaciones del gobierno estadounidense de tener fuertes vínculos con el aparato militar chino y coadyuvar con sus labores de espionaje.

Cabe destacar que las acusaciones del gobierno estadounidense no son nuevas, ya que desde hace varios años ha existido el reclamo en contra de China, por un lado, por condicionar a las empresas extranjeras el acceso a su mercado siempre y cuando compartan con las compañías chinas su tecnología, y por el otro, por realizar una campaña de espionaje para obtener desde secretos de Estado hasta secretos comerciales de empresas privadas. Bajo esta tónica, el 20 de diciembre de 2018 Estados Unidos difundió que presentaba cargos en contra de dos hackers chinos asociados —supuestamente— con el gobierno de China, quienes conspiraron para acceder a las bases de docenas de compañías en Estados Unidos y alrededor del mundo (aunque en este caso es importante reconocer que los cargos serán meramente simbólicos ya que los hackers se encuentran en China y este país no tiene tratado de extradición con la nación norteamericana).

Volviendo al caso de Huawei, como era de esperarse, la detención de Wanzhou Meng desembocó en medidas de retorsión por parte de China, que a su vez detuvo a tres nacionales canadienses por supuestos cargos de poner en peligro la seguridad nacional china. Llegó al extremo de revisar la sentencia impuesta a uno de los nacionales canadienses por la comisión del delito de narcotráfico, a quien le sustituyó una pena de 15 años de cárcel por la pena de muerte. Ante este acontecimiento, el gobierno canadiense emitió una alerta de viaje a China, para prevenir a sus ciudadanos de viajar a dicho país por el riesgo de una “aplicación arbitraria de las leyes locales”.

 

Extraterritorialidad de las leyes

Si bien en el presente caso existe un vínculo jurisdiccional con Estados Unidos, que es el hecho de que el dinero proveniente de Irán haya transitado por las instituciones financieras de Nueva York, es importante señalar que no es extraño que las autoridades estadounidenses persigan delitos cometidos en el extranjero o que sus cortes tengan múltiples precedentes a través de los cuales en el pasado hayan justificado el ejercicio de su jurisdicción, aun con la más mínima conexión.

Un ejemplo reciente es el caso del mexicano Marciano Millán Vásquez, también conocido como el Chano —sicario del grupo delictivo Los Zetas y jefe de la plaza de Piedras Negras, Coahuila— quien fue aprehendido y enjuiciado por las autoridades estadounidenses en San Antonio, Texas. Al Chano se le encontró culpable —en 2018— de 10 cargos (homicidio; posesión de cocaína, marihuana y metanfetaminas con intención de distribución; importación y distribución de sustancias controladas; uso de menores de edad en operaciones de narcotráfico; posesión de armas para actividades de narcotráfico, y falsedad de declaraciones) y fue acreedor a siete cadenas perpetuas y 35 años adicionales de cárcel. Lo relevante de este caso fue que la defensa del Chano apeló su sentencia con el argumento de que Estados Unidos no debía ejercer su jurisdicción de forma extraterritorial ya que los más de 30 homicidios que su cliente cometió durante la masacre de Allende fueron cometidos en México en contra de mexicanos y, por ende, la ley bajo la cual lo enjuiciaban no era aplicable fuera de Estados Unidos. La Corte desechó ese argumento al considerar que los homicidios tenían como motivación principal proteger y promover el tráfico de drogas hacia aquel país al que se dedicaba el Chano.

Así como el caso del Chano o el de la alta ejecutiva de Huawei, este tipo de temas de aplicación extraterritorial de la ley son comunes dentro del sistema jurídico estadounidense. Por esta razón, en abril de 2013, la Suprema Corte de Estados Unidos, en el caso Kiobel, reafirmó como principio guiador que “la presunción en contra de la aplicación extraterritorial [de las leyes] ayuda a asegurar que el [Poder] Judicial no adopte interpretaciones erróneas de las leyes de Estados Unidos que conlleven consecuencias de política exterior no buscadas claramente por las ramas políticas”. En consecuencia, las cortes deben ser “particularmente cautas [para no] infringir la discreción de los poderes Ejecutivo y Legislativo para conducir la política exterior”.

A nivel internacional, todo argumento a favor de la aplicación de los principios de jurisdicción territorial yace en la decisión de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la cual afirmó en el caso Lotus (Francia vs. Turquía, 1927) que las “restricciones a la independencia de los Estados no pueden […] ser asumidas”, ya que el Derecho internacional otorga a los Estados “un gran margen discrecional, el cual solamente es limitado en ciertos casos por leyes prohibitivas”.

El desarrollo internacional ha evolucionado en el sentido de favorecer —en ciertos casos— el ejercicio de la jurisdicción de forma extraterritorial; por ejemplo, cuando se cometen crímenes internacionales (jurisdicción universal) o cuando se niega una extradición (aut dedere aut judicare). Inclusive, cuando se trata de crímenes tan aberrantes como los del narcotráfico —cuando no existe una investigación o un enjuiciamiento en el forum conveniens— resulta difícil argüir en contra de la aplicación de la justicia. Empero, el caso de Wanzhou Meng sin duda atraerá mayores consecuencias políticas de las ya visibles, ya que existe una fina línea en la que el ejercicio extraterritorial de la ley en materia penal tiende a lesionar los sentimientos soberanos de los Estados.

 

 


 

 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Twitter: @VE_Corzo.

 

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