Aspectos jurídicos de la Caravana Migrante

Aspectos jurídicos de la Caravana Migrante

 

La llegada de la Caravana Migrante a México conlleva un alto grado de simbolismo, porque apenas hace tres meses el gobierno de México, en conjunto con el de Suiza, lideraron y concluyeron, en el seno de las Naciones Unidas, la negociación del primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

 

 

“Ningún nivel de seguridad fronteriza, ningún muro, [o] duplicar el tamaño de la Patrulla Fronteriza, […] detendrán la migración ilegal desde [los] países, mientras niños de siete años estén lo suficientemente desesperados —por la pobreza y la violencia en su país— como para viajar solos y recorrer toda la extensión de México”, afirmaba Jeh Johnson, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos durante la administración Obama.

Resultaron impresionantes las imágenes transmitidas por medios de comunicación el pasado 19 de octubre donde se mostraba a cientos de personas que integran la Caravana Migrante proveniente de Honduras, intentando ingresar a la zona fronteriza entre México y Guatemala. Dichas imágenes, en las que elementos de seguridad —en un primer momento guatemaltecos y posteriormente mexicanos— trataron de contener el avance de la caravana después de que ésta diera el portazo en el primer filtro fronterizo entre Tecún Umán y Ciudad Hidalgo, evocan la misma dinámica que existía durante la década de 1980 en la frontera entre México y Estados Unidos, especialmente en los famosos “campos de futbol” entre Tijuana y San Diego.

La llegada de la Caravana Migrante a México conlleva un alto grado de simbolismo, porque apenas hace tres meses el gobierno de México, en conjunto con el de Suiza, lideraron y concluyeron, en el seno de las Naciones Unidas, la negociación del primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que busca, por un lado, abordar el fenómeno migratorio desde una perspectiva integral y holística y, por otro, ofrecer soluciones internacionales al mismo.

Desde hace ya muchos años quedaron atrás las épocas en que el territorio nacional era simplemente una parada más para miles de migrantes provenientes de todas partes del mundo que buscan llegar a Estados Unidos. En épocas recientes, por el desarrollo económico ha tenido que México, muchos de estos migrantes han decidido adoptar a nuestro país como su destino. Las estadísticas de las Naciones Unidas señalan que la migración no se da de sur a norte (esto es, de país pobre a país rico), como se piensa tradicionalmente; sino de sur-sur (es decir, intrarregional). Según cifras del representante permanente de México ante la Naciones Unidas, Juan José Gómez Camacho, 60 por ciento de la migración en América Latina ocurre dentro de la región.

En la actualidad existen paradigmas en contra de los cuales resulta casi imposible argumentar o posicionarse. Derechos humanos, medio ambiente y seguridad nacional son “falacias nominales” revestidas de cierta mística, pues todos creen saber que son, pero en realidad dichas concepciones terminan siendo proyecciones personales del interlocutor que intenta definirlas o aplicarlas al caso concreto. De esta manera, se ha criticado mucho, por un lado, el despliegue policiaco realizado para contener a la Caravana Migrante y evitar su tránsito irregular hacia territorio mexicano, y por el otro, la creencia de que México ha cedido a las presiones del Donald Trump, quien exige que se les detenga.

El ingreso desordenado de grandes grupos de migrantes al territorio de cualquier Estado siempre es aprovechado por la delincuencia organizada. Esto obedece a la ventana de oportunidad que se abre con la parálisis que se produce en los filtros de revisión fronterizos, que se ven rebasados —desde una perspectiva de recursos materiales y humanos— para controlar los extraordinarios flujos humanos que llegan de improvisto. Por ejemplo, durante los últimos años, cada vez que manifestantes mexicanos tomaban las instalaciones de la garita de Tijuana en señal de protesta por el alza de la gasolina o por la reforma educativa, decenas de camionetas cargadas de mercancía se apostaban del lado estadounidense a la espera de que los protestantes tomaran el control del puerto de entrada mexicano y así ingresar a territorio nacional sin ser revisados por la autoridad aduanal mexicana. Los mismo pasa con los migrantes mexicanos que son capturados en Estados Unidos y luego deportados a México, entre cuya multitud siempre tratan de esconderse los fugitivos de la justicia mexicana o los propios traficantes de personas para evitar ser enjuiciados.

Por esta razón, debe entenderse como oportuno el despliegue de los elementos de la Policía Federal en la frontera sur, con lo cual justamente se busca evitar la generación de un escenario como el descrito, en una ya por de sí frontera porosa. Ante este tipo de escenarios siempre surgen dos posiciones: por un lado, la que exige solidaridad y acceso a los migrantes a territorio nacional, y por el otro, la que reclama al gobierno el control de sus fronteras nacionales, respeto a las leyes y, en consecuencia, evitar el ingreso no controlado de migrantes. Sin duda, ambas posturas son correctas, pero su aparente complejidad yace en encontrar un justo equilibrio.

Jurídicamente hablando, no existe ningún derecho a migrar. Como se reconoce en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, los Estados cuentan con el derecho soberano para determinar su política migratoria nacional y regular la migración dentro de su territorio —como les plazca— con base en los parámetros del Derecho internacional. De aquí la necesidad de distinguir a los migrantes de los peticionarios de refugio, ya que estos últimos sólo son aquellos a quienes el Derecho internacional les ofrece una protección especial, caso en el que surgen ciertas obligaciones para el Estado extranjero de recibirlos o, si decide declinar su protección, retornarlos a un tercer Estado seguro (donde su integridad no corra peligro), si es que las condiciones individuales de cada caso lo ameritan.

Respecto de los migrantes en general (incluyendo migrantes regulares e irregulares), las únicas protecciones adicionales, a las que los hace acreedores la normativa internacional de los derechos humanos, a diferencia del resto de la población del Estado de destino, serían, por un lado, la protección diplomática o la asistencia consular de las autoridades de su Estado de origen, y, por el otro, sólo para el caso de la migración regular, el criminalizar su deportación forzosa e ilegal, en circunstancias de atrocidades masivas, como un delito de lesa humanidad o de guerra competencia de la Corte Penal Internacional.

Esta solidaridad limitada obedece a la obligación de todos los Estados de ser los responsables principales —en lo individual— de velar por la seguridad humana de sus poblaciones. Sólo en circunstancias extraordinarias —cuando el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de su población y se vuelca en contra de ésta con persecuciones por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas— el resto de la comunidad puede proteger a las personas extranjeras —en su territorio— bajo las figuras de refugio o asilo. Y, en caso de atrocidades masivas —con una acción militar colectiva—, bajo la figura de “obligación de proteger”.

En este punto es necesario recalcar que la protección que el Estado debe brindar a un refugiado o a un migrante no significa simplemente darle acceso a su territorio, sino garantizarle acceso a los servicios básicos. En muchas ocasiones los mecanismos con que cuentan los Estados para determinar si una persona califica, o no, como refugiado, no son inmediatos. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando en la primera entrevista se evidencia un miedo creíble, las autoridades tienden a permitir al peticionario de asilo o refugio su ingreso al país, mientras se define su situación. El problema de lo anterior es que el individuo termina en una situación de indigencia e, irónicamente, aun cuando está solicitando refugio con el argumento de que las autoridades de su país lo persiguen o no quieren protegerlo de los grupos delictivos organizados, termina acudiendo a las autoridades consulares de su nación para solicitar ayuda, lo que contradice su petición de refugio.

Los movimientos migratorios masivos han ido evolucionando. Al principio existían las famosas carreras en los “campos de futbol” entre Tijuana y San Diego, donde se concentraban varias decenas de migrantes que, una vez que su número superaba al de las autoridades estadounidenses, se echaban a correr al mismo tiempo, para tener mayor oportunidad de adentrarse a al país del norte. Como consecuencia, Estados Unidos fortificó la frontera, obligando a los migrantes a tratar de ingresar por los carriles vehiculares en contraflujo, lo que ha provocado decenas de accidentes vehiculares, de donde derivan los ya extintos letreros que alertaban a los conductores acerca de las familias de migrantes que cruzaban la carretera.

En la actualidad, las oleadas migratorias masivas que han llegado a Estados Unidos han revestido características propias que han buscado explotar las lagunas del sistema migratorio de aquella nación: las de los menores no acompañados (quienes por estar sus familiares en Estados Unidos podían ser liberados bajo su custodia); las de las madres extranjeras acompañadas de sus hijos estadounidenses menores de edad (donde se intentaba poner a las autoridades estadounidenses en la encrucijada de separar a un ciudadano estadounidense de su madre o dejarla en libertad); los migrantes extracontinentales provenientes de Haití y el Congo (quienes al enterarse de que las autoridades estadounidenses los ponían en proceso de deportación bajo libertad, decidieron llegar en grandes cantidades a ese país), y los mexicanos que huían de la violencia provocada por los cárteles de la droga (donde algunas autoridades municipales terminaron vendiéndoles documentación oficial para que pudieran presentar evidencia de la violencia en su localidad).

El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular reconoce que “ningún Estado puede resolver los desafíos […] de este fenómeno global por sí solo […] Éste requiere una cooperación y un diálogo internacional, regional y bilateral” para garantizar “la seguridad de los Estados, las comunidades y los migrantes, y facilitar el cruce fronterizo seguro y regular de personas, mientras se previene la migración irregular”. La coordinación interestatal es esencial para atender este tipo de movimientos; empero, esta coordinación no debe confundirse en ningún momento con subordinación. En este sentido, la posición estadounidense, si bien desde una perspectiva de realpolitik es acertada por dejar sentir su fuerza al amenazar a los países centroamericanos de detener la ayuda económica que les provee, y a México, de echar atrás el T-MEC, empero, nuevamente yerra en su estrategia a largo plazo, ya que —como lo afirmara la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson—pareciera que la actual administración estadounidense está tratando de destruir su confianza y su liderazgo en la región.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Twitter: @VE_Corzo.

  

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