Corte Penal Internacional: el caso Bemba

Corte Penal Internacional: el caso Bemba

 

Con la liberación de Bemba Gombo son dos casos en que los jueces de la Corte dejan en libertad a una persona acusada de crímenes internacionales, poniendo en evidencia que, aunque la Fiscalía presente una acusación en contra de alguien, si las investigaciones y las evidencias no la respaldan, no obstante la existencia de una multiplicidad de víctimas, la persona no será declarada culpable.

 

 

Ya hace 20 años que el Estatuto de Roma fue aprobado por 120 países, el 17 de julio de 1998, durante aquella histórica conferencia diplomática en Roma, Italia. Fue tal el momentum que se vivió en la comunidad internacional, que sólo bastaron cuatro años para que 60 Estados lo ratificaran y entrara en vigor el 1° de julio de 2002, con lo cual se logró que sus primeros 18 jueces fueran electos por la Asamblea de Estados Partes, en febrero de 2003, y juramentados en marzo de ese mismo año. A partir de entonces, la Corte Penal Internacional propiamente entraría en funciones, dando así vida al experimento de justicia que la comunidad internacional cristalizó para evitar que los delitos más graves quedaran impunes.

Al día de hoy, la Corte Penal Internacional ha tenido un puñado de análisis preliminares, investigaciones y casos en proceso, a través de los cuales poco a poco ha ido forjando su identidad y esquivando los diferentes retos que se han presentado en su camino para lograr ejecutar sus órdenes de aprehensión, tratar de alcanzar la añorada universalidad de su membresía, e intentar dar acceso a la justicia a las miles de víctimas de las atrocidades masivas que acontecen en el mundo.

A lo largo de su breve existencia, la Corte Penal Internacional ha demostrado que si bien recibe presiones políticas y sociales, su calidad como corte de Derecho prevalece. Lo anterior fue evidenciado el pasado 8 de junio, cuando la Sala de Apelaciones revirtió la decisión de la sala de primera instancia en el caso en contra de Jean-Pierre Bemba Gombo por considerar que se cometerion serios errores en la valoración judicial, nulificando así la sentencia de 18 años de cárcel.

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