¿Cuál es la defensa jurídica que exige el terrorismo?

¿Cuál es la defensa jurídica que exige el terrorismo?
“Francia está en guerra” y “destruirá al Estado Islámico”, afirmaba el presidente francés François Hollande ante su parlamento, después de que París fuera azotada el 13 de noviembre por varios ataques terroristas donde 129 personas fueron cobardemente asesinadas. “Los buscaremos estén en donde estén y los encontraremos en cualquier rincón del mundo […] No vamos a quitarnos las lágrimas de nuestras almas y corazones. Esto quedará para siempre con nosotros. Pero ello no impedirá encontrar y castigar a los culpables”, amenazaba Vladimir Putin, al anunciar que el avión Airbus ruso donde viajaban 224 personas había explotado en territorio aéreo egipcio, el 31 de octubre, como consecuencia de un atentado terrorista perpetrado por el Estado Islámico.

 

Uso de la fuerza

Históricamente el uso de la fuerza a nivel internacional se ha ejercido bajo varias justificantes: a través de la guerra, con argumentos de legítima defensa, protección diplomática e intervención humanitaria, y como medida de autoayuda o autopreservación del Estado. Bajo esta acepción clásica, Ian Brownlie comenta que el “estado de guerra” existe cuando las partes en un conflicto le reconocen dicho estatus a sus acciones entre sí mismas; en otras palabras, queda al arbitrio subjetivo de las mismas.

En la actualidad algunos de estos conceptos han quedado completamente en desuso por haber sido empleados para cometer abusos y justificar acciones que fueron más allá de lo necesario para mantener la integridad del Estado que las invocaba. Por esta razón se puede afirmar que el uso de la fuerza ha quedado limitado al ejercicio de la legítima defensa y para casos muy específicos en materia de intervención humanitaria y escenarios de evacuación a través de la protección diplomática.

Para el presente análisis resulta relevante conceptualizar la “legítima defensa” en su acepción clásica, concebida como “la reacción de un Estado en contra del uso o amenaza del uso de la fuerza por las fuerzas armadas de un tercer Estado”. Según Ian Brownlie, el quid de esta visión es “la proporcionalidad a la amenaza recibida ya que esto crea una presunción de que la fuerza es solamente legal como reacción a otra fuerza”. Este razonamiento permite apreciar que el derecho a la legítima defensa conlleva varias limitantes: debe existir una evaluación sobre si esta acción es necesaria, si el uso de la fuerza es proporcional al ataque inicial o a la amenaza del ataque, y si la acción se encuentra dentro de una temporalidad corta o inmediata. Por esta razón, la legítima defensa debe tener un objetivo específico y no puede ser un simple acto de venganza, castigo o mecanismo para mandar un mensaje al enemigo.

Como en cualquier otra materia, en la práctica surgen escenarios en los que no existe una respuesta clara sobre cuál es el régimen legal aplicable a un caso específico. Esto parece ser cuando nos preguntamos si existe el derecho de legítima defensa del Estado ante actos de individuos que no pueden ser imputables a otro Estado. Si bien parece ser que ante la amenaza del terrorismo ha surgido una nueva tendencia que encuentra su fundamento legal en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 1368 y 1373, relacionadas con los ataques terroristas en Nueva York en 2001, bajo la cual se permite al Estado ejercer su derecho de legítima defensa en contra de grupos armados no estatales que se localizan en el territorio de un tercer Estado, también lo es que dicha tendencia no es del todo nueva, ya que históricamente se le ha permitido a los Estados repeler agresiones de los piratas en cuestiones marítimas. Empero, la práctica estatal reciente en la lucha contra del terrorismo parece ir actualizando la acepción de la legítima defensa a una visión más moderna.

Bajo esta tendencia, se tiene como ejemplo lo acontecido en noviembre de 2002, cuando Estados Unidos atacó con un misil —en Yemen— el vehículo donde viajaba Abu Ali al-Harithi, uno de los líderes de Al-Qaeda; los ataques de Israel —a finales del 2006— en contra de Hizbollah, en territorio del Líbano, o el asesinato de Osama Bin Laden —en mayo de 2011, en Paquistán— a manos de Estados Unidos.

 

Nueva visión

Una de las particularidades de la “guerra en contra del terrorismo” es que por lo general se habla de una lucha entre un Estado contra un grupo terrorista, a diferencia del esquema tradicional de Estado vs. Estado. Por ejemplo, en julio de 2006 —cuando grupos armados de Hizbollah atacaron una patrulla en Israel, matando a tres soldados y capturando como rehenes a otros dos— se hablaba del conflicto entre “Israel vs. Hizbollah” y no entre “Líbano vs. Israel”. Teóricamente, la distinción anterior hace que dicho conflicto encaje en la concepción moderna según la cual los Estados pueden ejercer su derecho de autodefensa en contra de ataques terroristas.

El problema con la concepción moderna es que parece crear una excepción a la prohibición establecida en el artículo 4(2) de la Carta de Naciones Unidas, en la que se señala que los Estados miembros “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, ya que resulta poco creíble la justificación de que un Estado pueda realizar un ataque en contra de un grupo terrorista en el territorio de otro sin afectar la integridad territorial de este último. Aunque, claro, siempre se tiene el contraargumento de que los Estados afectados no se pueden quedar cruzados de manos ante la falta de capacidad o de voluntad del Estado donde la amenaza terrorista se encuentra para prevenir que su territorio sea empleado para planear o realizar nuevos atentados.

 

Costumbre internacional vis-à-vis Carta de las Naciones Unidas

De igual forma, existe la vieja discusión sobre qué estándar de legítima defensa se debe invocar: ¿aquél codificado por la costumbre internacional o el establecido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas?

Si bien es cierto, que la Corte Internacional de Justicia en el caso “Actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua” (1986) reconoció que pueden coexistir reglas de Derecho internacional codificadas en tratados con aquellas cristalizadas en la costumbre internacional, también lo es que se genera incertidumbre cuando coexisten regulaciones paralelas sobre la misma materia, como en el caso de la legítima defensa. Es innegable que resulta más cómodo a los Estados acudir a la costumbre internacional para justificar acciones de legítima defensa anticipada o actuar en contra de fuerzas irregulares, como en el caso del terrorismo, que seguir el proceso que exige el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que —teniendo en cuenta la opinión de la Corte Internacional de Justicia en el “Caso concerniente a actividades armadas en el territorio del Congo” (2005) o en la “Opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado” (2004)— parece no abarcar el uso de la fuerza fuera de un escenario de conflicto entre Estados.

Ante esta dualidad de normas existe una coalición de Estados (Estados Unidos, Jordania, Emiratos Árabes, Baharain, Arabia Saudita, Turquía, Canadá, Francia y Australia) realizando bombardeos aéreos en Siria para contener al Estado Islámico, y que justifica sus acciones en el derecho a la legítima defensa consuetudinario (so pretexto de eliminar la amenaza que representa el Estado Islámico para Iraq), y otros Estados que han sido renuentes a participar en dichos esfuerzos (Reino Unido) por considerar que no existe una petición expresa de ayuda por parte del presidente Assad o una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizando una intervención humanitaria o una misión de paz.

 

Estado Islámico

Project Clarion, en su reporte de mayo de 2015, describe al Estado Islámico (Islamic State of Iraq and Syria [ISIS], en inglés) no sólo como un grupo terrorista, sino como “una organización política y militar que mantiene una interpretación radical del Islam”, la cual busca, en primera instancia, consolidarse como Estado soberano y posteriormente expandirse a nivel mundial, imponiendo su filosofía política a través de la fuerza a musulmanes y no musulmanes.

Algunos expertos en la materia, como Stephen M. Walt, afirman que si bien es cierto que el Estado Islámico emplea “tácticas brutales y extremismo religioso”, también lo es que no es el primer “movimiento extremista que combina tendencias violentas, grandes ambiciones y control territorial”. Inclusive señala que las acciones desplegadas por el ISIS son propias de cualquier movimiento revolucionario incipiente, el cual “típicamente usa una combinación de inducción, intimidación y adoctrinación para asegurar obediencia y promover sacrificios” a favor de la causa. Aun cuando el ISIS tiene control territorial sobre una larga porción de Siria, la mayoría de dicho territorio es desierto y tiene una población escasa y una economía subdesarrollada. Asimismo, el profesor Walt afirma: “Su ideología es demasiado parroquial, y su poder, muy limitado para generar adopciones similares fuera de Iraq y Siria”. Pocos musulmanes están interesados en someterse a su disciplina brutal, y aquellos que lo hicieren “terminarían aislados en un país enclavado e imposibilitados para causar problemas en cualquier otro lado”.

 

Conclusión

Resulta innegable que existe un derecho a la legítima defensa ante ataques terroristas. Empero, muchas veces la estrategia a seguir para erradicar atentados terroristas no son los ataques aéreos a gran escala. Expertos en la materia afirman que la adopción de medidas de contención y el fortalecimiento de los servicios de inteligencia pueden tener mayor éxito en la lucha de grupos “revolucionarios” como el Estado Islámico. De lo contrario se puede correr el riesgo de que, ante un intervencionismo descarado, se fortalezca al grupo en lugar de destruirlo. Como se puede apreciar, no existe una solución fácil ante el terrorismo, donde, para la población civil que clama ser protegida por sus gobiernos, el marco normativo internacional queda reducido a una simple nota al margen.

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