Culiacán a la luz del Derecho internacional

Culiacán a la luz del Derecho internacional

 

En la tarde del 18 de octubre, medios de comunicación mexicanos reportaban la misma noticia: Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Archivaldo el Chapo Guzmán, había sido detenido por fuerzas federales mexicanas en Culiacán, Sinaloa.

 

Horas después se sabría que había sido detenido por una solicitud provisional con fines de extradición proveniente de las autoridades estadounidenses. A partir del momento en que se reportó la noticia, se podía atestiguar —especialmente por lo publicado en redes sociales— el caos que se desarrollaba en las calles de Culiacán con el despliegue que el brazo armado del Cártel de Sinaloa realizó para rescatar a Ovidio Guzmán: vehículos no oficiales fuertemente armados; bloqueos y balaceras en las principales arterias viales de la ciudad; vehículos incendiados; 49 presos fugados; la población resguardándose como podía para salvaguardar su vida; varias personas heridas y otras asesinadas, y amenazas —con riesgo real e inminente— en contra de las familias de los militares en una de la unidades habitacionales del ejército mexicano.

La jornada terminaba de forma diametralmente opuesta al conocerse que funcionarios federales habían dado la instrucción a los elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional de que liberaran a Ovidio Guzmán. La liberación giró en torno de la justificación de evitar mayores enfrentamientos y “para proteger a los ciudadanos”.

Vale la pena resaltar cuatro puntos desde una posición del Derecho internacional: 1) las consecuencias del incumplimiento de una solicitud de cooperación internacional formulada por un Estado extranjero; 2) la posibilidad de que se le atribuyan al Estado mexicano acciones perpetradas por grupos delictivos; 3) los criterios de Derecho internacional aplicables para este tipo de enfrentamientos armados, y 4) la clasificación de este tipo de grupos armados no estatales.

 

¿Incumplimiento de una solicitud de cooperación internacional?

Como explicaron las autoridades mexicanas, el operativo para detener a Ovidio Guzmán derivó de la solicitud de detención provisional con fines de extradición que Estados Unidos remitió al Estado mexicano. Ahora, ¿incurre en alguna responsabilidad internacional el Estado mexicano al incumplir la solicitud de cooperación remitida a través del Tratado de Extradición suscrito entre ambos países?

Aun cuando, de conformidad con la regla consuetudinaria pacta sunt servanda —codificada en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados—, “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”, la liberación del extraditable no puede calificarse como una violación a lo señalado por el artículo 1º del Tratado de Extradición donde ambas partes “se comprometen a entregarse mutuamente […] a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena”.

Esto encuentra sustento en el hecho de que el gobierno de México en ningún momento ha negado la solicitud de extradición de Ovidio Guzmán López. De encontrase en territorio nacional, tarde o temprano será capturado y entregado —si así lo determina la autoridad competente mexicana en su momento— a las autoridades estadounidenses. Es importante señalar que el Tratado de Extradición no establece ninguna temporalidad determinada para la entrega de un fugitivo, por lo que, bajo las circunstancias actuales, no existe violación al tratado.

 

¿La vida humana por encima de las leyes?

Si teóricamente se argumentara que la liberación de Ovidio Guzmán López incumple el tratado de extradición, se puede revirar invocando la excluyente de responsabilidad reconocida por el Derecho internacional como “peligro extremo”. Bajo esta noción —según la terminología empleada por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en la resolución 56/83— queda excluida la ilicitud de un hecho atribuible a un Estado, en caso de que dicho Estado no tenga “otro modo, en una situación de peligro extremo, de salvar su vida o la vida de otras personas confiadas a su cuidado”.

Reafirmando así la obligación de proteger el derecho humano a la vida, la cual, aparte de los instrumentos de derechos humanos, también se encuentra codificada tanto en protocolos de actuación del uso de fuerza, que obligan —durante circunstancias ordinarias— proteger la vida y la integridad física tanto de las fuerzas de procuración de justicia estatales como de terceros, y en el derecho humanitario, donde —en circunstancias extraordinarias de conflictos armados— las partes involucradas en las hostilidades tienen prohibido atentar contra la vida y la integridad corporal de los no combatientes.

En este sentido, se puede corregir la afirmación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a que “por encima de las leyes está la vida humana”, ya que técnicamente la decisión de las autoridades mexicanas de liberar al hijo del Chapo Guzmán no tiene como fundamento algún principio supralegal, sino que es la propia normatividad internacional de derechos humanos, incorporada en el sistema jurídico mexicano, a través del artículo primero constitucional, la cual confirma la decisión a la que llegaron las autoridades mexicanas.

 

¿Autoridades de facto?

Resulta imposible ignorar que el “peligro extremo” que enfrentaron las autoridades mexicanas provino de un despliegue territorial y humano por parte del cártel de Sinaloa que rebasó el cálculo inicial bajo el cual se realizó el operativo y donde las autoridades mexicanas no esperaban como respuesta el uso y la amenaza del uso de la fuerza, tanto en contra de ellos, como de la población civil, en la magnitud con la que se presenció. A partir de estas circunstancias se evidencia la capacidad de despliegue que tiene dicho grupo delictivo en la región y que le permitiría mantener un control territorial para asegurar el funcionamiento de su empresa delictiva.

El comportamiento de particulares no puede ser atribuible a los Estados más que en circunstancias muy específicas; por ejemplo, cuando el Estado mantiene un control general o efectivo sobre la actuación de los particulares, o adopta como propias las conductas realizadas por éstos. Para el caso en comento, se puede afirmar que desde hace varios años el Estado mexicano persigue a los diferentes grupos delictivos dedicados al narcotráfico, e inclusive, por la actividad transnacional que han alcanzado sus operaciones ilícitas, se ha generado una fuerte cooperación internacional para combatirlos, tanto a nivel nacional como desde el extranjero.

Aun cuando el Derecho internacional reconoce al Estado como la autoridad máxima dentro de su territorio, también reconoce que existen circunstancias en que grupos rebeldes, beligerantes, insurgentes, terroristas o asociaciones delictivas pueden llegar a tener un control efectivo sobre ciertas localidades de un territorio. En dicho escenario, en aras de evitar un vacío fáctico, el Estado puede llegar a ser responsable internacionalmente de las conductas de particulares cuando estos últimos se erigen como autoridades de facto y actúan como tales. Si bien los cárteles han logrado desarrollar un fuerte poderío sobre las plazas que controlan, es importante señalar que dichos grupos delictivos parecen no perseguir el erigirse como autoridades de facto, sino simplemente adoptar todas las medidas correspondientes para garantizar el éxito de sus operaciones delictivas.

En otras palabras, aun cuando su poderío logístico y operativo les permita tener un control efectivo sobre ciertas localidades, es importante destacar que no desplazan a las autoridades locales aun cuando puedan ejercer una coerción directa sobre las mismas. En este sentido, teniendo en cuenta también que, por lo general, detrás de los cárteles dedicados al narcotráfico no existe ninguna ideología política, ni pretenden desplazar a la autoridad electa, sino meramente buscan lucrar con sus actividades delictivas, tenemos que su clasificación cae bajo la etiqueta de delincuencia organizada transnacional, y no bajo otras categorías, como pudieran ser grupos insurgentes, beligerantes o terroristas.

Su combate queda en el corpus normativo erigido por la Convención de Naciones Unidas sobre Delincuencia Organizada Transnacional, en el que su investigación y enjuiciamiento recae principalmente en las autoridades nacionales. Dependiendo de la gravedad y el impacto de los crímenes que comentan, esta clasificación puede verse afectada. En un primer momento, estos actos se clasifican como simples asociaciones delictivas, aunque eventualmente éstas pueden evolucionar en delincuencia organizada y delincuencia organizada transnacional. Ahora, si se le añaden variables adicionales, como la intención de difundir el miedo en la población civil, con una bandera ideológica, podrían ser clasificados como grupos terroristas. En este caso, estos grupos pueden ser objetivos militares de un Estado que invoque el principio de legítima defensa; o, en caso de que cometieran crímenes de lesa humanidad, podrían ser considerados hostis humanis (enemigos de la humanidad) y, por ende, permitirse su persecución por cualquier Estado (bajo el principio de jurisdicción universal) o, inclusive, por un tribunal internacional, como la Corte Penal Internacional.

 

Conclusión

Los hechos que acontecen al interior de un Estado no necesariamente quedarán confinados a sus leyes o bajo la competencia exclusiva de sus autoridades. Los párrafos anteriores evidencian cómo el Derecho internacional está mucho más cerca a la realidad mexicana de lo que se cree. Así como la presente historia se originó con una solicitud de cooperación internacional, se puede afirmar que lo presenciado, en un futuro, será visto meramente como un pequeño impasse que será superado, ya sea, por la convicción propia de las autoridades nacionales o como consecuencia directa de la realpolitik que impera en la relación México-Estados Unidos.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Twitter: @VE_Corzo.

 

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