Disputas soberanas entre Costa Rica y Nicaragua

Disputas soberanas entre Costa Rica y Nicaragua
La Corte Internacional de Justicia emitió su fallo en dos de los tres casos pendientes entre Nicaragua y Costa Rica el 16 de diciembre. La Corte resolvió, por un lado, la demanda interpuesta por Costa Rica en contra de Nicaragua por ciertas actividades realizadas en la zona fronteriza, y, por el otro, el reclamo de Nicaragua contra Costa Rica por la construcción de una carretera que corre de forma paralela a lo largo del Río San Juan que sirve como límite natural entre ambos territorios.

En principio, resulta importante repasar algunos hechos claves de ambos litigios, que terminaron siendo acumulados procesalmente por la Corte. Primero, que la historia de estos litigios entre ambos Estados inició en 2005, cuando Costa Rica llevó ante la Corte una disputa relacionada con el derecho de navegación que tiene en el Río San Juan. Segundo, reconocer que el fondo de estos cuatro litigios está influenciado en gran parte por una disputa territorial, la cual, más allá de buscar el control sobre el territorio continental, tiene en la mira el control de las zonas marítimas que deriva de la proyección de los límites territoriales. De ahí que el tercer caso que queda pendiente ante la Corte sea específicamente sobre delimitación marítima en el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Tercero, los límites territoriales entre ambos Estados datan desde la suscripción del Tratado de Límites de 1858, donde se establece al Río San Juan como una de las referencias naturales limítrofes entre ambos Estados. Cuarto, el Río San Juan —con más de 205 kilómetros de extensión— es del dominio e imperio absoluto de Nicaragua; empero, de conformidad con el artículo VI del Tratado de Límites de 1858, Costa Rica cuenta con un derecho de libre navegación.

Actividades llevadas a cabo por Nicaragua en el área fronteriza

Esta demanda fue presentada ante la Corte durante noviembre de 2010 y versa sobre el reclamo costarricense de que Nicaragua “invadió y ocupó territorio de Costa Rica, cavó un canal, y llevó a cabo trabajos (en especial dragados del Río San Juan) en violación de sus obligaciones del Derecho internacional”. En específico, se disputaba el dominio de una extensión aproximada de tres kilómetros cuadrados, la cual —de conformidad con la Corte— se ubicaba en “la parte norte de la Isla Portillos […] entre la orilla derecha del canal en disputa (dragado por Nicaragua en 2010), la orilla derecha del Río San Juan hasta su desembocadura en el Mar Caribe y la Laguna de Harbor Head”.

Costa Rica alegó que Nicaragua incursionó en su territorio, creó artificialmente un canal e inclusive remitió unidades militares que provocaron un ambiente de enfrentamiento entre ambas naciones. La Corte, interpretando el texto del Tratado de Límites de 1858, determinó que los derechos de navegabilidad que tiene Costa Rica sobre el Río San Juan derivaban de la soberanía con la que ésta cuenta sobre la orilla (esto es el territorio) a la derecha de dicho río. De ahí la importancia de determinar cuál de todos los canales que tiene el Río San Juan era al que hacía referencia el tratado como signo limítrofe. Para llegar a dicha determinación, la Corte —aparte del tratado— también tomó en consideración el laudo emitido por el presidente de Estados Unido en 1888, a quien Costa Rica y Nicaragua designaron como árbitro para dilucidar algunos puntos difusos en su delimitación territorial, así como las determinaciones que una Comisión de Delimitación emitió entre 1897 y 1900.

Después de analizar todo lo anterior, la Corte concluyó que el dragado que Nicaragua realizó en 2010 no era parte de la frontera entre ambos Estados, sino que ésta se encontraba dentro del territorio de Costa Rica, por lo que era clara la violación a la soberanía territorial costarricense. Entrado en este tema, y recordando que en 2011 la Corte emitió una orden precautoria en la que ordenaba a las partes que se abstuvieran de enviar personal a la zona de conflicto y de realizar cualquier acción que pudiera agravar o ampliar la disputa, la Corte encontró que Nicaragua, al enviar personal militar y excavar dos canales en la zona objeto de disputa, había violado las medidas cautelares ordenadas por la Corte.

En lo que respecta al derecho de libre navegabilidad comercial que tiene Costa Rica en el Río San Juan, la Corte consideró que —bajo el Tratado de Límites de 1858— este derecho abarcaba tres tipos de embarcaciones: aquellas que transportan bienes comerciales, las que llevan pasajeros y aquellas que empleen los lugareños para satisfacer sus requerimientos esenciales. Dado que Nicaragua había restringido, sin justificación alguna, la navegación de algunas embarcaciones costarricenses, la Corte concluyó que había violado los derechos de navegación de Costa Rica. Por lo que, tomando en cuenta todas las violaciones anteriores, era necesario que compensara el daño a Costa Rica, por lo cual instó a las partes a que en un periodo no mayor de 12 meses éstas se pusieran de acuerdo sobre la forma en que se repararía el daño causado. A falta de un acuerdo, la Corte, a petición de una de las partes, resolverá dicha cuestión.

Construcción de un camino en Costa Rica al lado del Río San Juan

Un año después de que Costa Rica demandará a Nicaragua, el gobierno nicaragüense contrademandó, durante diciembre de 2011, al considerar que el gobierno tico violó diversas obligaciones de Derecho internacional durante la construcción de la Ruta 1856 Juan Rafael Mora Porras, la cual corre a través de más de 100 kilómetros a lo largo del Río San Juan. En específico, Nicaragua reclamaba violaciones a su soberanía y daños ambientales mayores a su territorio por los supuestos daños trasfronterizos que acarreó la construcción de la Ruta 1856.

Costa Rica justificó la construcción de la Ruta 1856 señalando que ésta se realizó durante una declaratoria de emergencia ante la amenaza inminente de una confrontación militar con Nicaragua, por lo que, ante dicha amenaza, ésta quedaba exenta de realizar cualquier valoración de daño o estudio de impacto ambiental. Después de analizar los argumentos, la Corte concluyó que aquella emergencia nunca existió y que Costa Rica había faltado a su obligación de realizar una valoración preliminar del daño, ya que era evidente que la ubicación de la Ruta 1856 podía causar un daño al medio ambiente que la rodea, en especial al Río San Juan.

Sin embargo, consideró que no existía evidencia suficiente para considerar que los sedimentos que se originan por la Ruta 1856 sean un riesgo significativo para el Río San Juan o un daño trasfronterizo. De igual forma, la Corte concluyó que Costa Rica, con la construcción de dicha ruta, no había afectado la navegabilidad o la morfología de dicho río.

Obiter dicta

Espulgando la sentencia de la Corte, existen algunos razonamientos dignos de rescatar, que si bien no forman parte de la ratio decidendi, contienen criterios medulares:

Valor de declaraciones juradas. En lo que respecta a este tipo de pruebas, en especial a aquellas emitidas por oficiales estatales, la Corte indicó que, en general, deben ser tratadas “con precaución”, y para el caso en comento consideró que aportaban poco apoyo al caso.

Uso indebido de la fuerza. Valorando la violación a la soberanía territorial en la que Nicaragua incurrió en contra de Costa Rica, la Corte determinó que, aun cuando Nicaragua creía que estaba en su territorio, dicho “error”, o falta de dolo, no la exenta de la posibilidad de caracterizar sus actos como “uso ilegítimo de la fuerza”.

Obligación de realizar un estudio de impacto ambiental. La Corte concluyó que los Estados, para cumplir con su obligación de debida diligencia para prevenir un daño ambiental transfronterizo deberán, antes de emprender una actividad que tenga el potencial de afectar adversamente el medio ambiente de otro Estado, determinar —a través de un estudio de impacto ambiental— si existe o no un riesgo significativo de daño trasfronterizo. En caso de que no exista dicho riesgo, desaparece la obligación de realizar dicho estudio.

Obligación de notificar y consultar. Ambos Estados coincidieron en la existencia de una regla de Derecho internacional que los obliga a notificar y a consultar al Estado que posiblemente se vea afectado por aquellas actividades que conlleven un riesgo significativo de daño trasfronterizo. Ante la ausencia del riesgo, dicha obligación desaparece. Empero, de ser el caso, las consultas tienen que llevarse a cabo de buena fe para así poder determinar las medidas apropiadas para prevenir o mitigar el riesgo.

Obligación de realizar una valoración preliminar. La Corte concluyó que una valoración preliminar es una de las formas a través de las cuales se puede valorar si cierta actividad conlleva un riesgo significativo de daño trasfronterizo. Esta valoración, invariablemente, debe realizarse ex ante, y, en caso de sugerir que pueda existir un daño trasfronterizo, el Estado deberá realizar un estudio de impacto ambiental.

Garantías sobre no repetición del acto violatorio. Partiendo de la premisa de buena fe, la Corte consideró que “no existe razón para suponer que un Estado cuyo acto o conducta ha sido declarado ilegal vaya a repetirlo en el futuro”.

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