El costo económico de la Ley Helms-Burton: las primeras demandas

El costo económico de la Ley Helms-Burton: las primeras demandas

Ni un solo día pasó para que se presentaran ante cortes estadounidenses las primeras tres demandas con base en el título III de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, comúnmente conocida como Ley Helms-Burton. Las primeras dos acciones legales fueron entabladas en contra de la línea de cruceros Carnival; la tercera, contra la petrolera estatal Unión Cuba Petróleo y la Corporación Cimex, S.A., de capital estatal cubano, y la cuarta, contra el Grupo Hotelero Gran Caribe.

 

 

Como se comentó el mes pasado, la acción legal prevista en el título III de la Ley Helms-Burton es un remedio legal para que aquellos ciudadanos estadounidenses a quienes les fueron confiscadas sus propiedades por las autoridades cubanas, desde la llegada de Fidel Castro al poder (hace 60 años), puedan obtener una compensación de aquellas personas (estadounidenses o extranjeras) que estén lucrando o traficando con sus propiedades confiscadas en Cuba.

Las demandas en contra de la línea de cruceros Carnival reclaman el pago de daños por el uso de ciertas propiedades estadounidenses en los puertos de La Habana (las cuales poseían desde 1917) y de Santiago de Cuba (donde eran dueños de 82.5 por ciento). La demanda contra la petrolera estatal Unión Cuba Petróleo y Cimex fue promovida por Exxon Mobil Corporation y reclama el pago de daños por 71.6 millones de dólares e intereses a una tasa de 6 por ciento anual a partir de 1960, fecha en la que el gobierno cubano confiscó varias propiedades (entre ellas una refinería) que Exxon (entonces Esso Standard Oil) poseía desde hace un siglo en Cuba. Por su parte, la demanda en contra del Grupo Hotelero Gran Caribe reclama el pago de daños por el uso del Hotel San Carlos, actualmente conocido como Meliá San Carlos, el cual los ciudadanos estadounidenses poseían desde junio de 1925. En esta última demanda es probable que también sea incorporada como responsable la cadena hotelera española Meliá, la cual se encuentra asociada con la empresa cubana demandada en la comercialización del hotel en comento.

Si bien es una facultad soberana expropiar cualquier propiedad para saciar una necesidad pública, es necesario que cuando esto ocurra la expropiación se acompañe de una compensación adecuada, efectiva y pronta. Este principio, dentro del argot internacional, es conocido como Cláusula Hull, en reconocimiento al secretario de Estado estadounidense Cordell Hull, quien la formulara en 1938 en apoyo a las reclamaciones de sus nacionales ante la expropiación petrolera acaecida en México.

En el caso de los bienes inmuebles confiscados a los ciudadanos estadounidenses en Cuba es importante destacar que éstos no han recibido compensación alguna por parte del gobierno cubano. De ahí que Estados Unidos denuncie la apropiación como ilícita y mantenga tal calificación en tanto Cuba no devuelva las propiedades confiscadas a sus ciudadanos o les otorgue una compensación adecuada y eficaz.

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