El Paso, Texas: la retórica del odio

El Paso, Texas: la retórica del odio

 

Desde el inicio de la campaña presidencial de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el empleo de una retórica xenofóbica —especialmente en contra de los mexicanos— ha sido recurrente su discurso.

  

Aun cuando Trump ha tratado de justificar sus declaraciones —en particular las realizadas al inicio de su campaña, en junio de 2015— como reflejo de su dureza frente a la migración irregular, es difícil dejar de ver su sesgo xenofóbico: “Cuando México manda a su gente, no está mandando a los mejores […] está mandando a personas que tienen muchos problemas […] Traen droga. Traen crimen. Son violadores”. La misma línea argumentativa ha sido empleada en contra de los migrantes provenientes de Centroamérica al acusar en un tweet, el 26 de noviembre de 2018, que “México debería agitar la bandera para enviar a los migrantes, muchos de los cuales son simples criminales, de regreso a sus países”.

Hoy en día, esta narrativa no ha parado e inclusive ha servido como motor para que se ejecuten a cabalidad dos de las principales promesas de campaña de Donald Trump: la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y el endurecimiento en la ejecución e interpretación de las leyes de migración estadounidenses. Desde una perspectiva política, al ubicarnos en la víspera del inicio de su campaña de reelección, es altamente probable que arrecie el uso de esta línea discursiva, especialmente por la gran resonancia que ha encontrado en la base política que lo llevó a la presidencia en 2016.

Dos de los conceptos más antiguos del Derecho internacional son los de nacionalidad y extranjería. Si bien en la actualidad podemos hablar de ellos como construcciones legales, sería iluso ignorar que históricamente han servido para diferenciar entre el “nosotros” y el “ellos” y para graduar los derechos a los que tienen acceso las personas. Ambos conceptos aluden a dos de los sentimientos más primitivos del ser humano: el de pertenencia a un grupo determinado y el de defensa frente amenazas externas.

Estos sentimientos apelan a un miedo irracional, que motiva al cerebro reptiliano de las personas a actuar de forma defensiva para preservar su existencia, tanto individual como de grupo. Este tipo de marketing político puede ser visto, a nivel mundial, en las campañas de los gobiernos electos en Estados Unidos, Brasil y Reino Unido, por nombrar algunos, los cuales construyeron sus campañas electorales alrededor de la retórica antiestablishment que prometía regresar al concepto romántico de Estado-nación, devolver el poder al pueblo y romper con las tendencias de globalización que supuestamente tanto daño le han hecho a la economía de esos países.

El simbolismo de los representantes del Estado va más allá de un mero puesto burocrático. La ley, especialmente la penal, es un catálogo de conductas reprochadas por la sociedad. Su sanción, esto es, el ejercicio de la acción penal, queda bajo el monopolio del Estado, que, en su personificación en la autoridad del fiscal y del juez, se erige en un plano vertical de superioridad —por lo menos en el plano teórico— frente al resto de la población. Asimismo, es tal el grado de importancia que el Derecho internacional le otorga a las declaraciones públicas de un jefe de Estado o de gobierno, que, al configurarse en “actos unilaterales del Estado”, pueden generar obligaciones internacionales reprochables por parte de terceros Estados.

De aquí lo grave de que la retórica de odio y xenofobia provenga de los representantes estatales, ya que el grosso de sus seguidores interpretarán como correctas esas expresiones, en especial cuando éstas no sólo no son sancionadas, sino que sirven como eje que guía políticas públicas a nivel nacional. Según cifras del Departamento de Justicia, a partir de la campaña presidencial de Donald Trump el número total de incidentes de odio aumentó 17.21 por ciento en Estados Unidos, de 6,121 incidentes en 2016 a 7,175 en 2017.

Lo peligroso de este tipo de acciones es su papel de catalizadores de actos más graves en contra de ciertos grupos en específico. La organización Anti-Defamation League explica lo anterior con la “pirámide del odio”, en la que se puede apreciar cómo simples actos de discriminación tienen el potencial de escalar hasta atentados en contra de la vida de una persona, y cuando las autoridades “tratan los comportamientos en los niveles más bajos [de la pirámide] como si fueran aceptables o ‘normales’, el resultado es que los comportamientos en el siguiente nivel [son más aceptados]”. De ahí que se pueda concluir que el origen algunos de los crímenes más atroces a nivel mundial, como el genocidio, sea el odio “que se construye a partir de la aceptación de comportamientos descritos en los niveles inferiores de la pirámide”.

derecho en el mundo

 

El 3 de agosto el año en curso tuvo lugar un atentado armado en el Wal-Mart ubicado en el centro comercial El Paso Cielo Vista Mall, donde 22 personas perdieron la vida. Según la confesión del autor material, el ataque fue motivado por odio racial en contra de mexicanos. Las víctimas mexicanas: ocho fallecidas y nueve lesionadas.

En la redacción de la Convención en contra del Genocidio se reconoció que era “imposible que cientos de miles de personas [en la comisión de una atrocidad masiva] hayan cometido tantos crímenes sin haber sido incitadas a hacerlo”. Ante la retórica xenofóbica que ha permeado el escenario político estadounidense, la resonancia que encuentra en algunos medios de comunicación masiva, y el aumento de los crímenes de odio, resulta inocente creer que el incidente en El Paso, Texas, es un acontecimiento aislado.

Estados Unidos se caracteriza por ser el país a nivel mundial que más protege la libertad de expresión. Empero, es importante reconocer que bajo el Derecho internacional la libertad de expresión no es absoluta y encuentra límites claramente señalados; por ejemplo, el artículo 20(2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”, y el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial obliga a los Estados partes a declarar: a) “como acto punible […] toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación; b) “ilegales [y prohibidas] las organizaciones, así como las actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella”, y c) “[que no] permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella”. De las dos convenciones antes citadas, Estados Unidos es Estado parte.

No es lo mismo la obligación de prohibir la retórica que promueva o incite a la discriminación racial, que la criminalización de la apología del delito que exige una incitación pública y directa. Si bien el tratamiento que se le da a ambas obligaciones varía dependiendo del sistema jurídico en el que nos encontremos, resulta preocupante que en Estados Unidos la atención a este tipo de situaciones, como la acontecida en El Paso, Texas, se enfoquen prioritariamente en el autor material del atentado y no en quienes lo están incitando.

Antes de que se cometiera ese atentado, su autor material difundió en internet un “manifiesto” en el que señalaba que el “ataque es en respuesta a la invasión hispana de Texas” y que actuaría porque no “soportaba la vergüenza de la inacción” del gobierno estadounidense en contra de los migrantes. A lo largo del texto, ese sujeto deja clara su posición en contra de la mezcla de razas, e inclusive llega a proponer la segregación de Estados Unidos en subdivisiones donde sólo haya una raza por territorio. Si bien deja claro que su objetivo no es la comisión de un genocidio, ya que —según sus palabras— “la idea de deportar o asesinar a todos los ciudadanos estadounidenses no blancos resulta terrible”, también termina por aceptar que sus actos tienen la finalidad de obligar a que la población hispana regrese a sus países de origen.

Si bien existen elementos para concluir que nuevamente se trató de un ataque perpetrado por un “lobo solitario”, existen coincidencias entre el incidente de El Paso y el modus operandi y la ideología de la supremacía blanca detrás de los actos de violencia extrema acontecidos en Estados Unidos durante los últimos seis meses. En consecuencia, esos incidentes no son aislados sino que responden a un patrón incitado por la retórica incendiaria propiciada por ciertos medios de comunicación y determinados políticos estadounidenses. Por lo tanto, es previsible no sólo que estos actos continúen produciéndose sino que se agraven cada vez, como lo explica la “pirámide del odio”.

En los próximos meses, por un lado, se presenciará el juicio —a nivel federal y local— en contra del autor material del incidente de El Paso, Texas, quien indudablemente será condenado a muerte, y por el otro, las víctimas presentarán las demandas por la vía civil en contra de todas las personas y las compañías que, por omisión, coadyuvaron al daño causado. Sin embargo, la gran ausencia será un procedimiento legal en contra de aquellos que con su retórica y su línea editorial fomentan y promueven este odio. Cuando fue adoptada la Convención contra el Genocidio, los representantes de la extinta URSS hicieron la siguiente reflexión: “¿Por qué, bajo esas circunstancias, a los incitadores y organizadores del crimen se les permitió escapar del castigo, cuando ellos fueron los verdaderos responsables de las atrocidades cometidas?” El día de hoy nos hacemos la misma pregunta.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Twitter: @VE_Corzo.

 

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