El principio de jurisdicción universal en Estados Unidos

El principio de jurisdicción universal en Estados Unidos

 

En el sistema jurídico estadounidense, durante abril se emitieron dos sentencias radicalmente opuestas en lo que respecta al ejercicio de la jurisdicción estatal para la sanción y el enjuiciamiento de crímenes internacionales. En dos casos sin relación alguna, más que tener a los demandamos presentes, las cortes estadounidenses escucharon acusaciones versadas, por un lado, en la financiación del terrorismo y, por el otro, en crímenes de guerra.

 

 

Más allá del fondo del asunto, ambos casos se encuentran íntimamente relacionados con el ejercicio del principio de jurisdicción universal. En el primer caso, Jesner et al. vs. Arab Bank, PLC, la Suprema Corte de Estados Unidos confirmó el criterio acuñado en el caso Kiobel vs. Royal Dutch Petroleum Co. y dejó en claro que los reclamos —por daños y perjuicios en contra de personas morales por la comisión de crímenes internacionales— basados en la Alien Tort Claims Act no eran procedentes. En otras palabras, cerró completamente la posibilidad de que las cortes estadounidenses puedan ejercer el principio de jurisdicción universal con base en dicha ley, como había venido aconteciendo en el pasado en contra de personas físicas.

Para ofrecer un poco de contexto es importante recordar que la Alien Tort Claims Act fue promulgada por el Congreso estadounidense en 1789 y estipula que las cortes federales tienen jurisdicción para conocer “todas las causas en las que algún extranjero demande por daños solamente en violación a la ley de las naciones o a un tratado del que sea parte Estados Unidos”. A la fecha, esa ley ha justificado el ejercicio de la jurisdicción universal, en materia civil, dentro de Estados Unidos, para sancionar a los responsables de cometer crímenes en contra del “Derecho de las naciones”.

 

Jesner et al. vs. Arab Bank, PLC

Los hechos en que se basa esta demanda radican en la supuesta responsabilidad que la persona moral Arab Bank, PLC (un banco originario de Jordania) tiene por los actos cometidos por sus agentes al lavar dinero y transferir fondos —a través del propio banco— para financiar actos terroristas —de Hamas y de otros grupos— en Medio Oriente. La conexión con Estados Unidos se basa en que dichas transferencias electrónicas pasaron por las oficinas bancarias del Arab Bank, PLC en Nueva York. Detrás del caso, que en realidad es la acumulación de cinco demandas, hay más de 6,000 demandantes extranjeros que reclamaban daños y perjuicios.

Como dato al margen, durante la última década el Arab Bank, PLC ha sumado más de una veintena de demandas ante cortes estadounidenses por las mismas acusaciones. En algunos casos, las partes llegaron a acuerdos extrajudiciales mediante los cuales el banco acordó pagar cantidades millonarias a los demandantes, factor que, definitivamente, animó a más personas extranjeras a presentar sus reclamaciones ante las cortes estadounidenses, y que al parecer de la Corte estaba generando el efecto de que las víctimas se enfocaran más en obtener una compensación económica por parte de las corporaciones involucradas, que en buscar la sanción punitiva de los autores del delito.

La tendencia reciente que la Suprema Corte de Estados Unidos ha mostrado durante el desahogo de los casos similares, en materia de daños y perjuicios, con esbozos extraterritoriales, ha sido conservadora, a favor de la discreción judicial. Basta recordar la demanda civil relacionada con el homicidio del mexicano Sergio Adrián Hernández Güereca a manos del agente de la Patrulla Fronteriza, Jesús Mesa Jr., en que la Suprema Corte optó simplemente por instruir a la Corte de Apelación del Quinto Circuito para que analizara el caso con un criterio jurisprudencial diferente en lugar de resolver sobre el fondo del asunto que representaba el reto de determinar si procedía o no una reclamación civil por los daños y perjuicios de un acto con efectos extraterritoriales cometido en Estados Unidos por un agente migratorio estadounidense. Siguiendo esta tendencia, la Corte de Apelación del Quinto Circuito —al igual que la Suprema Corte en este caso— concluyó que el Congreso es el que debería autorizar expresamente si se puede extender la jurisdicción de las cortes en estas situaciones, y no el Poder Judicial a través de interpretaciones.

La Suprema Corte —de acuerdo con su razonamiento en el caso Arab Bank, PLC— explicó que la Alien Torts Claims Act originalmente fue redactada para evitar conflictos internacionales entre Estados Unidos y terceros Estados, ya que, al no existir en ese entonces un remedio para que los demandantes extranjeros desahogaran reclamaciones por violaciones de Derecho internacional, existía la posibilidad que los países extranjeros le reclamaran a Estados Unidos esta laguna legal. Empero —subrayó la Corte—, las obligaciones de Derecho internacional a las que se refería dicha ley iban centradas más a las violaciones de los privilegios y las inmunidades diplomáticos (esto es, interacción entre ciudadanos estadounidenses y diplomáticos o cónsules extranjeros), que a crímenes internacionales.

Irónicamente, según la interpretación actual que se le da a dicha ley —con la evolución del Derecho penal internacional—, la dinámica que se ha impuesto con las demandas que se basan en dicha ley actúa la inversa: en lugar de evitar roces diplomáticos por inacción, la proactividad que se ha dado a dicha ley en épocas actuales (esto es, en ejercicio de la jurisdicción universal) ha generado enfrentamientos entre Estados Unidos y terceros Estados. Y se cita como ejemplo los roces que ese país ha tenido con el Reino de Jordania durante los últimos 13 años, a partir de que se entablaron dichas demandas. Inclusive el Reino de Jordania fijó de manera firme su postura frente a Estados Unidos al señalar que la eventual responsabilidad millonaria del banco ante las demandas pondría en riesgo la economía de Jordania y la continuación de la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de persecución al terrorismo.

Es importante resaltar que la Suprema Corte dejó en claro que si bien la Alien Torts Claims Act no puede ser empleada para demandar a personas morales (ya que no se comprobó —salvo contadas excepciones— la existencia de una norma de Derecho internacional bajo la cual se pueda imputar responsabilidad a las personas morales), bajo esta sí se puede demandar a las personas físicas que constituyen la corporación extranjera. En este sentido, las demandas seguirían siendo procedentes siempre y cuando satisfagan el doble estándar de demostrar: primero, que la violación es de una “norma específica, universal y obligatoria”, y segundo, que el ejercicio de jurisdicción es un acto apropiado de la discreción judicial, o si —en cambio— la “cautela requiere que las ramas políticas otorguen una autoridad específica antes de que se pueda imponer responsabilidad a la persona moral”.

 

United States of America vs. Mohammed Jabbateh

El segundo caso se trata de un proceso mediante el cual se sentenció a Mohammed Jabbateh, alias “Jungle Jabbah”, a 30 años de cárcel por encontrarlo culpable de los delitos de fraude en documentos migratorios y perjurio en contra de las autoridades migratorias estadounidenses. Si bien el asunto no parece relevante a simple vista, resulta significativo, ya que detrás de la sanción por esa conducta fraudulenta ante las autoridades migratorias estadounidenses, la pena realmente fue impuesta como castigo por la intervención directa del acusado en las atrocidades cometidas en Liberia durante la década de 1990. En otras palabras, la actuación de las autoridades estadounidenses se podría clasificar como el ejercicio de una cuasi jurisdicción universal.

Durante el proceso se acreditó que Mohammed Jabbateh era comandante de un batallón del grupo rebelde Movimiento Unido de Liberación por la Democracia en Liberia, bajo cuyo mando y participación directa cometió actos de mutilación, canibalismo (esto es, se comían los corazones de sus víctimas con el argumento de que podían adquirir la fuerza de sus víctimas), asesinatos, persecuciones, saqueos, reclutamiento y empleo de niños como soldados, violencia sexual (incluyendo esclavitud sexual y violaciones) y esclavitud laboral (en minas de diamantes y oro) en contra de miles de personas durante el periodo de 1992 a 1995 en Liberia.

El ilícito que sirvió como vehículo para sancionar sus crímenes de guerra fue cometido en 1998 cuando, durante su arribo a Estados Unidos, habiendo pedido asilo, negó repetidamente ante las autoridades estadounidenses su participación en las atrocidades descritas. Sus mentiras fueron repetidas cuando solicitó su cambio de su estatus migratorio —de asilado a residente permanente—, momento en que de nuevo mintió a las autoridades migratorias describiéndose como un miembro de los “servicios de seguridad especial” de Liberia que era perseguido solamente por su afiliación laboral.

Cabe destacar que el proceso en contra de Mohammed Jabbateh contó con la participación de múltiples testigos, los cuales describieron las atrocidades cometidas por el acusado y refutaron sus dichos bajo los cuales se caracterizaba como una víctima más de la situación de Liberia. La justificación que aventuró la autoridad estadounidense para emplear una sanción ejemplar en contra de Mohammed Jabbateh fue, por un lado, que éste engañó al sistema de refugio durante las casi dos décadas que permaneció bajo el abrigo de Estados Unidos, y por el otro, la crudeza de las atrocidades imputadas al acusado, las cuales hacía palidecer las otras mentiras que usualmente se escuchan en procesos migratorios.

De esa manera las autoridades optaron por imponerle la pena máxima permitida de acuerdo con el sistema jurídico estadounidense por delitos migratorios. Lo cual, si bien no sanciona realmente los crímenes de guerra, brinda a las víctimas cierta justicia. Este caso sirve como ejemplo de la actuación pragmática del Estado, que en lugar de buscar justificar el ejercicio de su jurisdicción penal de forma extraterritorial, aprovecha la comisión de delitos en su territorio para vincularlos con los crímenes de guerra cometidos en el extranjero, y así terminar imponiendo una pena que más allá de castigar un simple engaño realmente pretende sancionar las atrocidades cometidas.

 

Conclusión

La prevención y la sanción de atrocidades, así como la criminalidad internacional, son algunas de las mayores preocupaciones a nivel mundial. Aun con la creación de la Corte Penal Internacional y de los diferentes tribunales penales internacionales de carácter híbrido, el principal peso de la persecución de estas conductas delictivas recae en las autoridades nacionales. De ahí la relevancia del ejercicio de la jurisdicción universal y el sentimiento de corresponsabilidad que orilla a los Estados a ejercerla para evitar que esas conductas queden impunes. Es imposible evitar la reflexión sobre los dos resultados completamente opuestos de los casos descritos. Es evidente que el factor económico y los razonamientos de realpolitik tuvieron un gran peso en el cálculo de las autoridades estadounidenses. No es lo mismo ir en contra de un banco que vale más de 47,000 millones de dólares que ir en contra del simple comandante de un batallón rebelde.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Contacto: @VE_Corzo.

 

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