Evolución del concepto de soberanía

Evolución del concepto de soberanía

 

El concepto de soberanía se ha ido modificando, muchas veces en respuesta a factores externos y a diversas circunstancias de la realidad. La inclusión de los nuevos actores, o el reconocimiento de sus potestades, derechos y obligaciones, ha modificado radicalmente el entendimiento clásico del término. 

 

 

Soberanía. 1. f. Cualidad de soberano. 2. f. Poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. [Real Academia Española.]

Soberano, na. Del b. lat. superanus, der. de super “sobre, encima”. 1. adj. Que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. [Real Academia Española­.]

En el siglo XVI, Jean Bodin acuñaba, en su obra Les six libres de la République, la acepción más popular del principio de soberanía: “El poder más alto en un territorio dado”. Dicha definición daría pie, años más tarde, a que el concepto de soberanía, en conjunción con el de pueblo y territorio, fuera entendido como elemento esencial para la existencia de cualquier Estado. A partir de entonces, filósofos como Rousseau afirmaron que un ente soberano “nunca puede obligarse […] [a una] sumisión a otro soberano. [Ya que] violar el acto por el cual existe significaría anularse y lo que nada es, nada produce”.

La evolución de la figura del soberano permitió que el concepto de soberanía se desplazara de la persona hacia la entelequia del sistema jurídico nacional. Hans Kelsen afirmó en su obra General Theory of Law and State que “el ordenamiento jurídico estatal es un ordenamiento sobre el cual no existe un ordenamiento superior”. La transición de la visión clásica de soberanía poco a poco fue evolucionando del absolutismo a una versión más moderada, siendo John Locke el postulante principal que afirmara que el poder soberano se encuentra restringido por la misma normatividad de la que deriva. De ahí que juristas como Hugo Grocio o Francisco Suárez empezaran a esbozar las ideas de lo que actualmente se conoce como la “obligación de proteger” y la “intervenciones humanitarias”.

Un ejemplo claro de este pensamiento clásico es el razonamiento que estampó la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso Lotus (Francia vs. Turquía, 1927), donde afirmó que las “restricciones a la independencia de los Estados no pueden […] ser asumidas” ya que el Derecho internacional otorga a los Estados “un gran margen discrecional, el cual solamente es limitado en ciertos casos por leyes prohibitivas”.

Con esta visión clásica se acuerda la postura “westfaliana” de régimen internacional donde se reconoce la coexistencia de Estados territorialmente soberanos, los cuales no deben intervenir en los asuntos internos de los otros para así preservar la paz internacional. El Pacto de Westfalia, así como los demás acuerdos internacionales, serviría para ejemplificar la dualidad —interna y externa— de la soberanía estatal cristalizada en la máxima par in parem non habet imperium, de donde derivarían múltiples conceptos del Derecho internacional, como jurisdicción, libre autodeterminación, inmunidad, no intervención, igualdad soberana, reconocimiento de derechos adquiridos (vested rights), etcétera.

Al incorporar en la cotidianidad la variable internacional al estudio del concepto de soberanía, su estatus como absoluto se reduce, y es ahí cuando surge la discusión sobre la jerarquización de las normas y el dilema tradicional sobre la primacía del Derecho estatal vis-à-vis el Derecho internacional. Inclusive con este razonamiento se reconoce que los Estados, por su propia facultad soberana, se autoimponen medidas restrictivas al entrar en acuerdos internacionales; aunque es importante reconocer que en otras ocasiones el Derecho internacional llega a cristalizarse sin la necesidad de una participación unánime de la comunidad internacional, como en el caso de la costumbre internacional.

En otras palabras, hay una sinergia entre soberanía y Derecho internacional donde ambos coexisten gracias al otro. Por ejemplo, los tratados sinalagmáticos que se suscriben a partir de la voluntad soberana de los Estados; la protección que otorga el Derecho internacional al mismo principio de soberanía a través de figuras jurídicas como la igualdad soberana, la no intervención, la cláusula democrática y la inmunidad soberana, o la creación de instituciones regionales, como la Organización de Estados Americanos donde la propia carta constitutiva señala que dicha organización buscará, para sus miembros, proteger “su soberanía, su integridad territorial y su independencia”.

Esta corriente se ve ejemplificada con el pensamiento del juez Shahabuddeen —en su opinión disidente en el caso “Threat of Use of Nuclear Weapons” (opinión consultiva del 8 de julio de 1996, Corte Internacional de Justicia)— donde afirmó que “la idea de supremacía interna asociada con el concepto de soberanía dentro del Derecho municipal no es netamente aplicable cuando ese concepto se transporta al plano internacional. La existencia de un número de soberanías, lado a lado, establece límites a la libertad de cada Estado a actuar como si los otros no existiesen”.

En la actualidad, tanto el principio de soberanía como el Derecho internacional han modificado sus paradigmas, ya que bajo el principio de libre autodeterminación de los pueblos y la doctrina de los derechos humanos, el principal sujeto de ambos sistemas ya no es el Estado, sino el individuo. Permitiéndose, a través de esta reformulación, una mejor comprensión de la compatibilidad entre los conceptos de soberanía y derechos humanos, ya que gracias al Estado se reconocen y se protegen los segundos, llegándose en la actualidad a fomentar el desarrollo de la doctrina de derechos humanos bajo el estatus de norma erga omnes que le reconoce el Derecho internacional. Así, en la Carta de las Naciones Unidas se puede apreciar cómo se adecua el concepto de soberanía, y se reconoce la no existencia de una soberanía absoluta ante temas de interés de la comunidad internacional.

En otras palabras, el enfoque clásico de no intervención de los asuntos del Estado —que fuera encumbrado por el principio de soberanía absoluta y catalogado por Antonio Cassese como un “viejo patrón de la comunidad internacional”— ya no tiene cabida en el sistema jurídico internacional contemporáneo. Se deja atrás el modelo “hermético” del Estado, que Georges Abi-Saab ejemplificaba como esferas de cristal opacas, “cuyo interior no se podía ver”, para transicionar a esferas transparentes que permiten un escrutinio desde el exterior.

Las dos posturas tradicionales respecto del concepto de soberanía son claras. Por un lado, la postura clásica (horizontal) afirma que el Estado es soberano de forma absoluta, sin limitación alguna, y convive hombro a hombro con otros entes soberanos. Por el otro, la postura moderna (vertical) reconoce que el Estado es soberano de forma relativa, ya que el sistema internacional es superior al sistema jurídico nacional del cual deriva su poder soberano, llegándose a tener que el mismo Estado delega algunas de sus facultades soberanas a organismos internacionales.

En épocas recientes se puede a empezar a apreciar una tercera mutación del concepto de soberanía, especialmente en temas como Derecho ambiental, derechos humanos, obligación de proteger, Derecho de los refugiados y Derecho penal internacional. Bajo esta “tercera postura” (transversal) se reconoce que se vive en una comunidad internacional interdependiente, con responsabilidades compartidas, donde los Estados cooperan entre sí para atajar problemas de carácter trasnacional que no pueden ser solucionados de manera unilateral.

Esto significa que los Estados cooperan de manera más estrecha entre sí para alcanzar fines comunes que promuevan sus intereses. Así se dan escenarios en los que un Estado en particular puede asumir responsabilidades de un tercero para llevar a cabo actos que de lo contrario —por carecer de las posibilidades o las circunstancias adecuadas— el primer Estado no podría llevar a cabo de forma inmediata o a cabalidad, como en el caso de persecuciones en caliente, la protección de extranjeros en el extranjero (a través de la figura de la protección diplomática o la asistencia consular), el auxilio en materia de desastres naturales, o la persecución de delitos de carácter trasnacional o internacional.

Curiosamente, en este rubro es donde quizás existe mayor evolución por parte de la realidad que se vive que en la psique colectiva, la cual, probablemente por los traumas históricos que han vivido los Estados, se niega a aceptar las limitantes estatales y la necesidad de complementar los esfuerzos nacionales —con aquellos ofrecidos por gobiernos extranjeros— para atajar de lleno problemas trasnacionales. Irónicamente el propio individuo, quien es el nuevo sujeto del Derecho internacional, es el que se opone —quizás por nostalgia— a abandonar su identidad nacional profundamente arraigada en el concepto del Estado-nación clásico.

 

Conclusión

El concepto de soberanía se ha ido modificando, muchas veces en respuesta a factores externos y a diversas circunstancias de la realidad. La inclusión de los nuevos actores, o el reconocimiento de sus potestades, derechos y obligaciones, ha modificado radicalmente el entendimiento clásico del término. No cabe duda de que este concepto seguirá mutando en las próximas décadas, principalmente por los fenómenos del cambio climático, la crisis de refugiados, la llamada obligación de proteger, las nuevas formas de vida política, entre muchos otros aspectos. Sin embargo, este concepto tan difícil de definir no dejará de ser un punto de referencia fundamental tanto para el Derecho internacional como para las relaciones internacionales.

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