La Caravana llega a la frontera

La Caravana llega a la frontera

 

La coincidencia de la Caravana Migrante con las elecciones intermedias de Estados Unidos propició el escenario perfecto para el empleo político del tema y para que la cobertura mediática girara alrededor de lo que Donald Trump denominó una “invasión”.

 

 

“Esto es un muro fronterizo, con fila tras fila de alambre concertina. No cometan el error. Estamos hablando en serio. No van a ingresar a nuestro país de forma ilegal”, aseveró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen, durante la conferencia de prensa que sostuvo el pasado 20 de noviembre en el Border Field State Park localizado entre Imperial Beach y Playas de Tijuana.

La coincidencia de la Caravana Migrante con las elecciones intermedias de Estados Unidos propició el escenario perfecto para el empleo político del tema y para que la cobertura mediática girara alrededor de lo que Donald Trump denominó una “invasión”, lo cual generó las imágenes transmitidas por medios de comunicación en las que se aprecia la presencia de militares estadounidenses y el reforzamiento de seguridad en los puertos de entrada que Estados Unidos tiene en la frontera terrestre con México.

Ante las voces que calificaron dicha reacción como exagerada, Nielsen justificó esas medidas como apropiadas, ya que —según cifras proporcionadas por ella— hay aproximadamente 10,000 migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos —6,200 en Tijuana y 3,000 en Mexicali—, más los que se acumulen con la llegada de otras “caravanas” que buscan ingresar de forma irregular a territorio estadounidense.

Como mencioné en otra ocasión, la migración es una falacia nominal que, al día de hoy, se ha vuelto un paradigma en contra del cual resulta imposible argumentar o posicionarse, ya que siempre habrá dos bandos: por un lado, aquel a favor de la seguridad nacional o pública (control migratorio), y por otro, el que apoya los derechos humanos de los migrantes (libre tránsito de fronteras). Bajo esta perspectiva se puede entender por qué la Caravana Migrante se ha vuelto una prueba de Rorschach, donde cada quien ve cosas diferentes. Por ejemplo, los que apoyan a los migrantes ven en la caravana una mayoría de mujeres y niños que escapan de la violencia de sus países, en otras palabras, peticionarios de asilo, y por otra parte, especialmente las autoridades estadounidenses, destacan: 1) que la caravana son solamente migrantes económicos o que buscan la reunificación familiar con sus parientes en Estados Unidos, 2) que su gran mayoría está constituida por hombres (adultos y jóvenes); 3) que se ha identificado que aproximadamente 500 migrantes son delincuentes o miembros de pandillas (esta verificación se logra a través de la cooperación internacional intrarregional que permite cruzar las bases de datos en las que se han registrado esas personas), y 4) que, si se toman en cuenta los enfrentamientos que tuvieron con las autoridades migratorias de México y Guatemala, el grupo que conforma la caravana es proclive a la violencia.

 

Proclamación presidencial

Ante ese escenario, el pasado 9 de noviembre, para evitar acrecentar la crisis migratoria generada por la llegada masiva de migrantes, Donald Trump, ejerciendo su facultad discrecional para suspender la entrada de extranjeros a Estados Unidos, emitió la “Proclamación presidencial que aborda la migración masiva a través de la frontera sur de Estados Unidos”. Mediante esta proclamación, Trump estableció que aquellos extranjeros que no ingresen a través de los puertos de entrada en la frontera con México no serían elegibles para pedir asilo en Estados Unidos. Lo anterior, con la justificación de que muchos migrantes “cruzan la frontera [de forma irregular] para evitar ser detectados [por las autoridades estadounidenses], y luego, si son detenidos, argumentan temor de persecución [en sus países de origen]” para aprovecharse de las leyes migratorias estadounidenses y quedar en libertad en Estados Unidos en lo que sus peticiones de asilo son procesadas.

 

East Bay Sanctuary Covenant vs. Donald Trump

Ese mismo día, la organización American Civil Liberties Union (ACLU), en representación de cuatro organizaciones no gubernamentales, solicitó a la corte de distrito del distrito norte de California (noveno circuito) medidas cautelares en contra de la proclamación presidencial por considerarla contraria a la legislación estadounidense (esto es, Immigration and Nationality Act y Administrative Procedure Act) pues restringe —más allá de lo establecido por la ley— la figura del asilo, al exigir que éste sea solicitado forzosamente en un puerto de entrada. En específico, la ACLU argumentó que la limitación impuesta excedía la facultad estatutaria y representaba una “violación directa al mandato claro del Congreso de que la forma de ingreso [a territorio estadounidense] no podía constituir un obstáculo absoluto al asilo”.

El gobierno de Estados Unidos respondió a la demanda señalando, primero, que, según la normatividad estadounidense, “un extranjero en el extranjero no tiene ningún derecho para ingresar a los Estados Unidos”; segundo, que los demandantes no habían sufrido perjuicio alguno en su contra, por lo que carecían de personalidad para promover, ya que eran organizaciones no gubernamentales y no peticionarios de asilo; tercero, que la proclamación —al implicar temas sensibles y negociaciones actuales con el gobierno de México sobre como administrar la frontera que comparten y la posibilidad de considerar a México como tercer Estado seguro— se encontraba exenta de ciertos requisitos administrativos, ya que involucraba las relaciones exteriores de Estados Unidos; cuarto, que la restricción deriva de la facultad constitucional del presidente de regular la entrada de extranjeros y de otorgar o negar asilo, y quinto, que la restricción solamente busca evitar el ingreso de peticionarios de asilo por lugares distintos a los puertos de entrada.

Frente a esos argumentos, el 19 de noviembre, la corte de distrito del distrito norte de California emitió una orden de restricción temporal para evitar la entrada en vigor de la “Proclamación presidencial que aborda la migración masiva a través de la frontera sur de Estados Unidos” al considerar que el presidente no tenía la facultad de “reescribir las leyes migratorias para imponer una condicionante que el Congreso ha prohibido expresamente”. En lo que respecta a la personalidad de las organizaciones no gubernamentales que presentaron la demanda, la Corte señaló que esas organizaciones han sido afectadas, primero, por la política de limitar las peticiones de asilo que son atendidas por día en los puertos de entrada y que han postergado el procesamiento de las peticiones hasta por seis semanas, obligando a los peticionarios a esperar en México, y por otra parte, que sí serían afectadas por la proclamación presidencial, pues atentan contra sus fondos y obstaculizan sus funciones de asistencia a peticionarios de asilo. Y respecto del argumento de política exterior, la Corte determinó que los representantes del gobierno de Estados Unidos no habían explicado cómo se afectarían realmente las negociaciones con México. De esta forma la orden de suspensión temporal otorgada por la corte de distrito estará vigente hasta el 19 de diciembre, fecha en que se llevará a cabo una audiencia en el caso.

Como dato al margen, resulta preocupante cómo se retrató a México en la argumentación ofrecida a la Corte por la ACLU: primero, se señaló que nuestro país no podía ser considerado una opción para los migrantes, ya que las “tasas de violencia en México han aumentado últimamente; 2017 fue el año más mortífero registrado, con más de 23,000 investigaciones abiertas por homicidio”. Segundo, se afirmó que los “refugiados en México están en riesgo de ser secuestrados, desaparecidos, traficados y abusados sexualmente, entre otros riesgos. Personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, así como aquellas con herencia indígena, regularmente han sido sujetas a persecución en México”. Tercero, “la región de México cerca de la frontera con Estados Unidos es un área particularmente violenta con una limitada capacidad de aplicación de la ley”, donde los “peticionarios de asilo retornados han sido violados, golpeados y secuestrados por miembros de cárteles, quienes los esperan a las afueras de los puertos de entrada. Incluso los albergues […] no son siempre seguros, ya que los cárteles usualmente los tienen infiltrados”. En este escenario la ACLU argumentó que “los solicitantes de asilo que necesitan obtener seguridad lo más rápido posible a menudo se sienten obligados a ingresar a Estados Unidos a lo largo de la frontera, fuera de un puerto de entrada, para escapar de quienes los persiguen y de la violencia en el lado mexicano de la frontera”.

Con independencia de lo anterior, es importante señalar que si bien la medida cautelar emitida por la corte de distrito al parecer es un triunfo de las organizaciones pro migrantes, ésta difícilmente se sostendrá ante la Suprema Corte. Hay que recordar que el noveno circuito es calificado como el más liberal y, por ende, esta decisión parece ser más una anomalía que el criterio general que prevalecerá al final. En el ínterin, esa decisión no fue del agrado del presidente Trump, quien no dudó en arremeter a través de su cuenta de Twitter señalando que el “activismo judicial, por personas que no saben nada sobre seguridad y protección de nuestros ciudadanos, está poniendo a nuestro país en gran peligro”. El “79 por ciento de estas decisiones ha sido revertido por el noveno circuito”, lo cual es “una desgracia terrible, costosa y peligrosa. [El noveno circuito] se ha convertido en un basurero para ciertos abogados que buscan victorias y demoras fáciles”.

 

Implicaciones para México

El arribo de esta Caravana Migrante ha evidenciado varios aspectos relevantes para México: primero, la contradicción entre la retórica mexicana pro migrante y las acciones de control migratorio que a diario se aplican en la frontera sur de nuestro país, por lo cual, aun cuando se quiera hacerlas pasar como falsos positivos y difuminar su contradicción con el mero argumento de ingreso ordenado y controlado, es evidente que aún no se encuentra un justo balance entre ambas posiciones. Segundo, la insistencia de Estados Unidos de llegar a un acuerdo con México que permita considerarlo como “tercer Estado seguro” y así obligar a que los migrantes soliciten asilo en territorio nacional para evitar que lleguen a Estados Unidos. Tercero, la terrible percepción que se tiene en Estados Unidos sobre la situación de seguridad en México, que si bien en este tipo de casos le favorece a los peticionarios de asilo, en otros, como en los casos de sustracción internacional de menores, muchas veces juega en contra del padre o la madre que se encuentra en México, ya que la Corte estadounidense puede llegar a rechazar el regreso del menor sustraído al país del sur, con argumentos sobre la situación de seguridad que se vive en nuestro país. Y cuarto, la necesidad de aprender a escuchar con seriedad los reclamos y las peticiones de aquellas localidades receptoras de los migrantes, ya que no es lo mismo el apoyo pasajero de los lugares por donde simplemente transitan los migrantes, al reto a mediano y largo plazos que ciudades como Tijuana enfrentan de manera permanente con la llegada, permanencia temporal o definitiva de los migrantes provenientes de otros países o de aquellos mexicanos deportados de Estados Unidos.

 

Conclusión

Aun cuando la Caravana Migrante logró esquivar varios obstáculos en su recorrido inicial, el reto por delante resultará de inmensas proporciones y el escenario bajo el cual lo tendrá que enfrentar será completamente adverso. Tan sólo el año pasado, según datos proporcionados por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Nielsen, sólo a nueve por ciento de los peticionarios de asilo provenientes del triángulo norte (esto es, Guatemala, Honduras y El Salvador) les fue reconocido ese estatus en Estados Unidos. Aunado a lo anterior, los migrantes encontrarán una frontera militarizada aproximadamente con 5,900 soldados estadounidenses en activo y 2,100 miembros de la Guardia Nacional, los cuales —si bien no están entrenados para esas funciones— fueron autorizados por el jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, para emplear el uso de la fuerza (incluyendo la fuerza letal) para proteger a los agentes de Patrulla Fronteriza, realizar detenciones temporales, controlar grandes grupos y realizar búsquedas superficiales durante su despliegue en la frontera México- Estados Unidos. Si bien los migrantes que integran la caravana sacaron ventaja del tamaño de su movilización, en estos momentos su masividad jugará en su contra.

Como se puede apreciar, en materia migratoria es complicado llegar, difícil tratar de entrar, pero casi imposible ser invitado a pasar.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Twitter: @VE_Corzo.

  

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