La detención arbitraria de Julian Assange

La detención arbitraria de Julian Assange

Según afirma la defensa de Assange, éste “es víctima de una persecución en distintos países, la cual deriva no sólo de sus ideas y sus acciones, sino de su trabajo al publicar información que compromete a los poderosos, de publicar la verdad y, con ello, desenmascarar la corrupción y graves abusos a los derechos humanos de ciudadanos alrededor del mundo”. 

“El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias considera que las diversas formas de privación de libertad a las que Julian Assange ha sido sometido constituyen una variación de detención arbitraria”, afirmaba Seong-Phil Hong (República de Corea), quien encabeza el grupo de expertos de Naciones Unidas.

Como es ampliamente conocido, Julian Assange lleva más de 44 meses refugiado en la embajada de Ecuador, en el Reino Unido, para evitar una potencial reextradición a Estados Unidos, donde enfrentaría una posible pena hasta de 45 años de prisión por filtrar millones de documentos clasificados estadounidenses a través de su página Wikileaks.

Asilo diplomático

Según afirma la defensa de Assange, éste “es víctima de una persecución en distintos países, la cual deriva no sólo de sus ideas y sus acciones, sino de su trabajo al publicar información que compromete a los poderosos, de publicar la verdad y, con ello, desenmascarar la corrupción y graves abusos a los derechos humanos de ciudadanos alrededor del mundo”. Como apoyo a dicho alegato se tiene el caso del militar Bradley Manning, quien fue condenado por el gobierno estadounidense a 35 años de prisión por filtrar información reservada a Wikileaks.

Por esta razón, en agosto de 2012 el gobierno de Ecuador hizo pública su decisión de otorgar asilo a Assange al hacer “suyos los temores del recurrente, y asumir que existen indicios que permiten presumir que puede haber persecución política, o podría producirse tal persecución si no se toman las medidas oportunas y necesarias para evitarla”.

Estatus jurídico del asilo diplomático

La figura del asilo diplomático siempre se ha clasificado como una mera costumbre regional latinoamericana, ya que se encuentra codificada solamente en las convenciones de La Habana (1928), Montevideo (1933) y Caracas (1954). Esta institución se erige en tres reglas básicas: asilo —sin ninguna discriminación— para todos los perseguidos por cuestiones políticas; calificación unilateral de la ofensa por parte del Estado asilante, y obligación del Estado territorial de otorgar las garantías necesarias para que la persona asilada pueda salir de su territorio libremente.

Obviamente, la parte más complicada la constituye este último elemento, donde es necesario obtener del Estado receptor un salvoconducto a través del cual se garantice la salida segura de la persona para poder ser trasladada al extranjero. En caso de no obtenerse o retrasarse su otorgamiento, se corre el riesgo de que la persona permanezca por tiempo indefinido en el recinto diplomático, como aconteció en el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien duró cinco años en la embajada de Colombia en Perú, o del cardenal Jozsef Mindszenty, quien vivió 30 años en la embajada de Estados Unidos en Hungría.

En el presente caso, una vez conocida la decisión de Ecuador de otorgar asilo diplomático a Assange, el secretario del Exterior del Reino Unido, William Hague, declaró: “No le otorgaremos al señor Assange un salvoconducto fuera del Reino Unido, ni hay un fundamento legal para que lo podamos hacer. Reino Unido no acepta el principio de asilo diplomático, el cual está muy lejano de ser reconocido como un principio universal: el Reino Unido no es parte de ningún instrumento que nos obligue a reconocer el otorgamiento de asilo diplomático por una embajada extranjera en este país”. De ahí que Assange esté por cumplir cuatro años —el 19 de junio de 2016— refugiado en la sede diplomática ecuatoriana, sin que se vislumbre algún cambio en el futuro cercano.

Queja ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias

Ante este panorama, la defensa de Assange sometió una queja alGrupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para que analizara su situación. Cabe destacar que este grupo de trabajo es el único mecanismo de Naciones Unidas —sin tener como fundamento un tratado— que tiene la capacidad de recibir quejas individuales de cualquier persona alrededor del mundo.

El grupo de trabajo está compuesto por cinco expertos de diferentes nacionalidades, los cuales escuchan a todas las partes involucradas, y tiene como mandato investigar casos de detención arbitraria o inconsistente con estándares internacionales. Según definió en su momento la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una privación de libertad es arbitraria cuando: 1) es claramente imposible invocar fundamento legal alguno para justificar la privación de la libertad; 2) ésta resulta del ejercicio de los derechos y las garantías codificados por algunos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; 3) la inobservancia total o parcial de las normas internacionales para un juicio justo son de tal gravedad que derivan en una privación de libertad arbitraria.

En el presente caso el grupo de trabajo concluyó que “la privación de libertad de Julian Assange es arbitraria y en contravención de los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 7, 9(1), 9(3), 9(4), 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. Lo anterior debido a la falta de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad que existió y existe por su detención en aislamiento en la prisión de Wandsworth, los 550 días de arresto domiciliario y el tiempo que se ha encontrado confinado en la embajada de Ecuador en Londres.

De igual forma, el grupo de trabajo solicita al gobierno de Suecia y Reino Unido valorar la situación del señor Assange, para asegurar su seguridad y su integridad física, facilitar el ejercicio de su derecho de libertad de tránsito de forma expedita y asegurar el disfrute pleno de sus derechos garantizados por las normas internacionales sobre detención. Destaca que resulta alarmante que Assange esté detenido sin estar acusado formalmente en Suecia por ningún delito, ya que la orden de detención europea simplemente fue emitida para desahogar una mera investigación preliminar por la supuesta comisión de delitos sexuales.

A la luz de lo anterior, el grupo de trabajo concluye que el remedio procedente para subsanar la violación a los derechos humanos de Julian Assange es asegurar su derecho de libre tránsito y otorgarle el derecho de recibir una compensación por el daño causado a su persona.

Reacciones

Ante la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido indicó que “Assange nunca ha sido detenido arbitrariamente” y que, en cambio, “está evitando voluntariamente una detención legal al elegir permanecer en la embajada”. Dicho argumento también tuvo eco en la opinión disidente de uno de los miembros del grupo de trabajo, Vladimir Tochilovsky (Ucrania), quien señaló que “los fugitivos por lo general se encuentran autoconfinados en los lugares donde buscan evadir su arresto y detención”, y este autoconfinamiento es una restricción de libertad mas no una privación, por lo que el análisis del caso cae fuera de la competencia del grupo de trabajo.

Algunos reporteros llegaron a atacar la constitución del grupo de trabajo al señalar que eran meros “académicos claramente sin ninguna experiencia judicial”; inclusive, el primer ministro de Reino Unido, Hugo Swire, se mofó, a través de su cuenta de Twitter, al subir una fotografía donde aparece abrazando a su perro, con la leyenda: “Rocco parece estar detenido arbitrariamente”.

¿Cuál es la validez de la opinión emitida por el grupo de trabajo?

El sistema de Naciones Unidas declara que las opiniones del grupo de trabajo son “jurídicamente vinculantes en la medida en que están basadas en normas internacionales de derechos humanos” de aplicación obligatoria. Sin embargo, es importante aclarar que esto es cierto de forma parcial, ya que lo único que hace la opinión del grupo de trabajo es aclarar —para un caso concreto— cuál es el comportamiento que se espera de los Estados respecto de sus obligaciones internacionales.

En otras palabras, la opinión del grupo de trabajo no tiene fuerza jurídica por sí misma. Su importancia recae en la interpretación de normas que son vinculantes para los Estados involucrados por haber sido suscritas por éstos a través de los tratados correspondientes. Por esta razón, no es de extrañar que representantes de Reino Unido o Suecia hicieran declaraciones en el sentido de que “la declaración del grupo de trabajo no tiene ningún impacto formal en la investigación” en contra de Assange.

¿Cuál ha sido el rol de Australia?

Dado que Julian Assange es oriundo de Australia, la pregunta lógica es: ¿cuál es la asistencia que ha recibido por parte de su gobierno? Como en cualquier otro caso de asilo, si el individuo se encuentra en el extranjero solicitando el apoyo de un tercer Estado, es más que obvio que existe desconfianza hacia su país de origen y que tácitamente afirma que su Estado no quiere o no puede protegerlo. En el presente caso esto se confirmó cuando Assange declaró que tenía miedo “de ser entregado a las autoridades de Estados Unidos por las autoridades británicas, suecas o australianas”.

Es importante recordar que las actividades de Julian Assange no son nuevas y que su historial con el gobierno australiano y estadounidense viene desde tiempo atrás. En 1994 fue detenido por 31 cargos de hackeo y delitos conexos al haber accedido ilegalmente a la red computacional del ejército estadounidense donde obtuvo información relacionada con los objetivos militares de la primera guerra en el Golfo Pérsico.

En este tenor, no es de extrañarse que Ecuador declarara, en su decisión de otorgar asilo, que se había “constatado que el señor Assange se encuentra sin la debida protección y auxilio que debía recibir de parte del Estado del cual es ciudadano”, la cual se vio reafirmada recientemente cuando se confirmó ante el Senado de Australia que la cancillería de ese país no realiza ninguna gestión ante las autoridades suecas desde diciembre de 2011; que consideraban como válido que las autoridades inglesas tuvieran retenido el pasaporte de Assange, y que catalogaran como “no vinculante” la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias donde se concluía como arbitraria la detención de Assange en Reino Unido.

Conclusión

Si bien es cierto que, desde una perspectiva legaloide, el confinamiento actual de Assange es autoimpuesto, ya que tiene toda la libertad para salir de la embajada cuando así lo desee, también lo es que dicha acción lo expondría al daño potencial que el mismo asilo busca evitar, y que al final del día —como lo apunta la profesora Liora Lazarus— la “libertad debe ser capaz de ser disfrutada realmente. Cuando el ejercicio de dicha libertad puede conllevar resultados potencialmente coercitivos, tales como una mayor privación de libertad o poner otros derechos en riesgo, esto no puede ser descrito en la práctica como libertad”. Por esta razón resulta ilógico no favorecer la postura pro homine a favor de Assange.

 

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