La inviolabilidad diplomática: dilema venezolano

La inviolabilidad diplomática: dilema venezolano

 

La inercia de la problemática internacional que acontece en Venezuela sigue latente, y la disputa entre los presidentes de iure y de facto durante el último mes ha rebasado las meras declaraciones de reconocimiento por parte de gobiernos extranjeros y en las últimas semanas se ha cristalizado en una contienda por el control de las representaciones diplomáticas y consulares venezolanas alrededor del mundo.

 

Si bien parecía haber sido un incidente aislado lo acontecido el pasado mes de febrero en Costa Rica, donde la enviada diplomática de Juan Guaidó tomó el control de la embajada venezolana, aprovechando el plazo de 60 días que el gobierno costarricense les había otorgado a los representantes de Nicolás Maduro para salir de su territorio, el pasado 18 de marzo dichos hechos se replicaron ahora en Estados Unidos.

 

Toma de recintos diplomáticos y consulares

El 18 de marzo representantes de Juan Guaidó tomaron el control de tres recintos diplomáticos venezolanos en Estados Unidos (dos agregadurías militares en Washington y el Consulado General en Nueva York), lo cual fue calificado por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores venezolano como una “franca violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas” y “una gravísima violación de las obligaciones internacionales del gobierno estadounidense”. Inclusive llegó a acusar que el “ocupamiento forzoso” de sus recintos diplomáticos y consulares fue realizado con el respaldo del gobierno estadounidense y por personas que actuaban como sus agentes, lo cual no fue de todo falso, ya que el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su gobierno apoyaba dicha opción y la consideraba como una acción positiva para la relación bilateral con Venezuela.

Como era de esperarse, la protesta venezolana exigiendo que Estados Unidos tomara “las medidas necesarias para revertir de manera inmediata dicha ocupación forzosa” no encontró eco en las autoridades estadounidenses, quienes hicieron ignoraron la amenaza que el régimen de Nicolás Maduro lanzó acerca de que “si el gobierno de los Estados Unidos persiste en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se reserva las decisiones y acciones legales y recíprocas correspondientes en territorio venezolano”.

Y es que el gobierno estadounidense, desde el 12 de marzo —ante la ruptura de relaciones diplomáticas y la futilidad de las negociaciones para preservar una oficina de intereses en Venezuela—, había emitido la instrucción al personal de su embajada de regresar a territorio estadounidense al considerar que la permanencia de sus diplomáticos —en palabras del secretario de Estado, Mike Pompeo— “se había convertido en una restricción [fáctica] para [la implementación de] la política [exterior] de Estados Unidos”. Instrucción que, por otro lado, fue interpretada por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores venezolano como resultado del agotamiento del plazo de 30 días que ellos habían otorgado para que el personal estadounidense saliera de su territorio, y así evitar que Estados Unidos recurriera al “uso de la fuerza militar so pretexto de proteger al personal diplomático [estadounidense] en Caracas”.

Frente a este escenario, la posibilidad del gobierno venezolano de aplicar medidas de retorsión similares a las estadounidenses básicamente es nula ante la ausencia de personal diplomático de Estados Unidos en su territorio. Asimismo, recordando que después de la interposición de la demanda que Palestina presentó en contra de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, en el caso de la reubicación de la embajada estadounidense a Jerusalén, en octubre del año pasado, Estados Unidos denunció el “Protocolo facultativo sobre la jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, en el que le otorga competencia a la Corte Internacional de Justicia para conocer cualquier controversia relacionada con la convención en comento, Venezuela técnicamente tampoco tiene ninguna instancia jurisdiccional internacional ante la cual pueda reclamar la supuesta omisión y violación al Derecho internacional por parte de Estados Unidos. De ese modo el régimen de Maduro quedó sin posibilidades de resolver de forma diplomática —a nivel bilateral— el diferendo, establecer contramedidas o demandar a Estados Unidos ante un tribunal internacional. Y tuvo como única opción remitir una misiva a las Naciones Unidas solicitando que el tema sea discutido ante la Asamblea General cuando se aborde lo relativo al “examen de medidas eficaces para mejorar la protección y la seguridad de las misiones y los representantes diplomáticos y consulares”.

 

Análisis jurídico

No obstante lo anterior, merece la pena analizar si con las acciones antes descritas efectivamente se cometió una violación al Derecho internacional o no. Para determinarlo, el punto de partida forzosamente tiene que ser la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (CVRD) y la Convención de Viene sobre Relaciones Consulares (CVRC), en las cuales se establece que “el Estado receptor tiene/tendrá la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas/apropiadas para proteger a los locales de la misión/consulares contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión/oficina consular o se atente contra su dignidad” [artículos 22(2) CVRD / 31(3) CVRC]. A la luz de ambas convenciones resulta evidente que existe la obligación de las autoridades estadounidenses de preservar la inviolabilidad del recinto diplomático o consular venezolano y, en consecuencia, asegurar la funcionabilidad de la misión extranjera, lo cual, en circunstancias normales, se traduciría en la remoción de los invasores.

Ahora bien, es importante señalar que la obligación que surge de estos tratados es una obligación vis à vis oponible solamente entre Estados Unidos y Venezuela. Dicho lo anterior, la obligación de protección de los locales de la misión o consulares, así como los privilegios e inmunidades correspondientes, se deben a los representantes debidamente acreditados del Estado venezolano en Estados Unidos y al Estado venezolano; lo cual resulta relevante, porque justo aquí se incorpora a la ecuación el reconocimiento —como valoración de política exterior— que hace el gobierno estadounidense. En otras palabras, con la discrecionalidad que otorga el Derecho internacional para declarar personas non gratas a los diplomáticos o exigirles su salida del territorio en un plazo específico, se facilita la posibilidad de dar por terminada unilateralmente la acreditación de los diplomáticos que ya se encontraban en su territorio (esto es, los representantes de Maduro) y de manera paralela acreditar a los representantes del gobierno reconocido por el Estado receptor (esto es, los representantes de Guaidó). De esa manera se permite un escenario como el que tuvo lugar en Costa Rica, donde las autoridades ticas coordinaron la transición en el control de la embajada venezolana cuidando este punto y obligando a que la representante de Guaidó esperara hasta que el representante de Maduro abandonara el país.

De esta manera, la aplicación del tratado para esta situación en concreto abandona una interpretación jurídica tradicional e incorpora elementos de política exterior, a través de los cuales el Estado obligado define —con la política de reconocimiento de gobierno— a quien considerará —para efectos legales— el beneficiario de la norma de Derecho internacional a la que está obligado.

Según esta interpretación es evidente cómo, ante la ausencia de una autoridad supranacional que pueda emitir una opinión vinculante al respecto, la aplicación de la norma internacional queda en manos de los propios sujetos del sistema; dándoles margen para que, en lugar de seguir interpretaciones positivistas de la norma (donde se podría concluir que aconteció una violación a la normativa internacional a través de conductas de particulares atribuibles a Estados Unidos), prefieran inclinarse hacia un realismo jurídico bajo el cual se incorpore a los análisis variables políticas (a través de las cuales se puede concluir que no hay violación alguna al Derecho internacional) y de riesgo de una represalia (legal o ilegal, dependiendo de la postura que se adopte), que en el caso de Estados Unidos —cuya posición frente a Venezuela coincide con otros 50 Estados miembros de la comunidad internacional— es ínfima.

 

Conclusión

Más allá de la valoración sobre si la estrategia desplegada para forzar un cambio de gobierno en Venezuela está funcionando o no, las consecuencias del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por parte de gobiernos extranjeros poco a poco se han vuelto palpables con la acreditación que los Estados receptores han otorgado a los representantes diplomáticos de Guaidó ante sus países. Así como ha acontecido en Costa Rica y Estados Unidos, en el plano bilateral, ese beneplácito se ha dado también en Panamá, Colombia, Honduras y Guatemala. En el plano multilateral, tanto los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, como los de la Corporación Interamericana de Inversiones, el pasado 15 de marzo aprobaron resoluciones a través de las cuales, cada uno, reconoció al representante de Juan Guaidó como el gobernador de Venezuela ante el banco.

En la esfera jurídica, si bien todavía está limitada a cortes extranjeras, se tiene que el pasado 21 de marzo la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito del Circuito de Columbia accedió a que los representantes de Juan Guaidó participen en las próximas audiencias que se desahogarán a partir de mediados de abril en el caso Crystallex International Corporation vs. República Bolivariana de Venezuela. Este litigio deriva de un arbitraje de inversión donde la empresa minera canadiense está buscando ante cortes estadounidenses el embargo de acciones de la refinería CITGO (subsidiaria de Petróleos de Venezuela, S.A., en Estados Unidos) como compensación al laudo arbitral de 2016 donde un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones condenó a Venezuela al pago de 1,202 millones de dólares por haberle negado un trato justo y equitativo a las inversiones de la empresa canadiense y haber expropiado su inversión. Es importante señalar que en Estados Unidos hay cuentas bancarias pertenecientes a Petróleos de Venezuela, S.A., con fondos aproximados de 7,000 millones de dólares, los cuales fueron puestos a disposición del gobierno de Juan Guaidó. Por lo anterior, resulta evidente la razón por la cual en estos momentos Guaidó está interesado en evitar que una gran parte de ese dinero sea embargada para compensar las violaciones cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.

Como se puede apreciar, la figura del reconocimiento de gobiernos y de Estados, más allá del desprecio que se le pueda tener, por considerarla una práctica denigrante e injerencista en los asuntos internos del Estado, es una herramienta de política exterior que tiene efectos jurídicos palpables y reales. No obstante que el reconocimiento de gobiernos es una de las herramientas más antiguas, es claro que en el mundo actual se encuentra más vigente que nunca.

 

 


 

 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Twitter: @VE_Corzo.

 

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