Las “entregas extraordinarias” y su incompatibilidad con los derechos humanos

Las “entregas extraordinarias” y su incompatibilidad con los derechos humanos

Los hechos de este caso giran alrededor del secuestro y la entrega extraordinaria del jefe religioso islámico (imam), Osama Mustafa Hassan Nasr, también conocido como Abu Omar, quien, en febrero de 2003, fue detenido por agentes de la CIA —en contubernio con autoridades de inteligencia italianas— en las calles de Milán, Italia, y posteriormente trasladado y entregado a las autoridades egipcias, quienes lo torturaron y lo mantuvieron en cautiverio secreto durante varios meses.

 

“Si quieres un interrogatorio en serio, mandas al prisionero a Jordania. Si quieres que sean torturados, los mandas a Siria. Si quieres que alguien desaparezca y nunca vuelva a ser visto, lo mandas a Egipto”, declaraba el ex agente de la CIA, Bob Baer, a la revista británica New Statesman.

De acuerdo con el reporte elaborado por Dick Marty para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, “Estados Unidos ha tenido desde hace varios años la capacidad de capturar a objetivos individuales en el extranjero y transportarlos a diferentes partes del mundo”. Este programa que incluye la detención, entrega e interrogatorio de personas de “alto valor” ha permitido —según cifras de The Rendition Project— la captura de más de 130 individuos, los cuales han sido retenidos en una o más de la prisiones secretas que la CIA opera a nivel mundial.

En uno de sus informes, Open Society Justice Initiative indica que “se ha documentado que, por lo menos, 54 gobiernos extranjeros han participado en estas operaciones de diferentes formas: albergando en sus territorios a prisioneros de la CIA; deteniendo, interrogando, torturando y abusando de individuos; asistiendo en la captura y la transportación de detenidos; permitiendo el uso del espacio aéreo nacional y de sus aeropuertos para los viajes secretos en los que se transporta a los prisioneros; proveyendo información de inteligencia que ha permitido la detención y la entrega extraordinaria de individuos, e interrogando a aquellas personas que fueron tomadas bajo custodia por terceros Estados de forma secreta”.

Si bien el sistema jurídico estadounidense, a través de la doctrina Ker, ha abrazado históricamente la teoría male captus bene detentus, a través de la cual ha validado los secuestros trasfronterizos so pretexto de llevar a los fugitivos ante las manos de la justicia, el programa de “entregas extraordinarias” toma un giro radical ante la retórica de la “guerra en contra del terrorismo”, ya que el mismo ya no busca llevar a los detenidos ante una corte, sino detenerlos indefinidamente y sacarles información de inteligencia —a través técnicas de interrogación extremas que rayan en la tortura— que permita inutilizar a otros supuestos terroristas.

Durante los últimos años, dicho programa ha recibido mucha atención a nivel mundial por las graves violaciones a los derechos humanos que conlleva su ejecución. Uno de los casos más emblemáticos y mejor documentados es “Nasr y Ghali vs. Italia”, el cual fue archivado ante la Corte Europea de Derechos Humanos en agosto de 2009 y resuelto por la misma el pasado 23 de febrero.

Nasr y Ghali vs. Italia

Los hechos de este caso giran alrededor del secuestro y la entrega extraordinaria del jefe religioso islámico (imam), Osama Mustafa Hassan Nasr, también conocido como Abu Omar, quien, en febrero de 2003, fue detenido por agentes de la CIA —en contubernio con autoridades de inteligencia italianas— en las calles de Milán, Italia, y posteriormente trasladado y entregado a las autoridades egipcias, quienes lo torturaron y lo mantuvieron en cautiverio secreto durante varios meses.

El imam egipcio Abu Omar nació en 1963 y es miembro del grupo Jama’a al-Islamiya, el cual es considerado por el gobierno Egipcio como un grupo terrorista. Por esta razón, desde 1998, buscando sustraerse de la persecución del gobierno egipcio, Abu Omar se trasladó y comenzó a residir en Italia, donde en 2001 le fue otorgado asilo político. Durante ese mismo año se casó con la codemandante Nabila Ghali, también de nacionalidad egipcia.

Según relata la Corte Europea de Derechos Humanos, Abu Omar fue secuestrado el 17 de febrero de 2003 en las calles de Milán, Italia, por agentes estadounidenses, quienes después de someterlo, lo subieron a una camioneta para trasladarlo a la base militar de Aviano (una instalación aérea militar de la OTAN en el noreste de Italia) de donde partió hacia una base aérea estadounidense ubicada en Ramstein, Alemania. Finalmente, de ahí fue llevado a El Cairo, Egipto, donde fue interrogado, torturado y mantenido en cautiverio secreto, en condiciones degradantes e inhumanas, por más de cuatro años.

Durante un breve periodo de un mes, en abril-mayo de 2004, fue liberado por autoridades egipcias, después de que Abu Omar asegurara que no saldría de Alejandría, que no se comunicaría con nadie, y que validara la versión de que voluntariamente salió de Italia y por sus propios medios había llegado a Egipto. Contrario a lo que había prometido se comunicó de inmediato con su esposa en Italia para informarle sobre su ubicación y las condiciones en las que se encontraba. Gracias a que la esposa de Abu Omar denunció, casi de inmediato, ante autoridades italianas el secuestro de su esposo, éstas iniciaron una investigación y pudieron grabar los audios de las llamadas telefónicas realizadas desde Egipto. Las autoridades de inteligencia egipcias, al percatarse de la violación del acuerdo, procedieron a detener de inmediato a Abu Omar, y permaneció detenido hasta el 12 de febrero de 2007.

Las investigaciones en Italia siguieron su curso y el Departamento de Policía de Milán determinó que 23 ciudadanos estadounidenses —incluyendo personal consular y diplomático acreditado en Italia, así como el agregado legal de la CIA en Milán— participaron en el secuestro de Abu Omar. Como era de esperarse, por un lado, el equipo de extracción estadounidense ya no se encontraba en territorio italiano, por lo que no se cumplimentaron las órdenes de aprehensión giradas en su contra, y, por el otro, al haber sido una operación en la que los servicios de inteligencia militares italianos estuvieron involucrados, el Misterio de Justicia declinó buscar la extradición de los estadounidenses o emitir difusiones rojas de la Interpol en su contra.

Sin importar lo anterior, la Corte de Distrito de Milán concluyó que el operativo fue orquestado por la CIA en contubernio con autoridades italianas; enjuició en abstentia a los acusados estadounidenses, condenándolos a seis y nueve años de prisión. Asimismo, condenó a prisión al jefe de los servicios de inteligencia militares italianos y a dos de sus subalternos por obstrucción de la justicia. En lo que respecta a las autoridades italianas, esta sentencia quedó sin efectos cuando se invocó ante la Corte de Casación el secreto de Estado. Y en lo que respecta a los estadounidenses, el presidente italiano, Giorgio Napolitano, indultó al único que no era agente de CIA y que es miembro de la fuerza aérea de Estados Unidos, Joseph Romano.

En relación con el resto de los estadounidenses la atención de las autoridades italianas se centró en aquellos individuos acreditados como personal diplomático y consular en Italia, ya que era de los únicos de los que se tenía certeza de su identidad. En lo que respecta al agregado de la CIA en Milán, Jeffrey Castelli, éste logró salir bien librado gracias a la inmunidad diplomática con la que contaba; en cambio, para Robert Seldon Lady y Sabrina de Sousa, acreditados al consulado estadounidense, la historia fue muy diferente, ya que la inmunidad consular no logró blindarlos del todo. Al primero, Robert Lady, aparte de girarle una orden de aprehensión, el gobierno italiano le enajenó un bien inmueble en Italia para otorgarlo como compensación para pagar los daños y perjuicios infligidos a Abu Omar. Y la segunda, Sabrina de Sousa, es la única persona involucrada en el caso que en la actualidad se encuentra detenida, desde octubre de 2015. Lo anterior no necesariamente como consecuencia de un esfuerzo incansable de procuración de justicia, sino de la decisión de la propia estadounidense de viajar a Portugal a sabiendas de que existía una orden de aprehensión europea en su contra.

Regresando a la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, ésta falló en contra del gobierno italiano por considerar que el mismo faltó a sus obligaciones y violó los artículos 3, 5, 8, 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Lo anterior, al permitir la detención en su territorio y participar en la entrega extraordinaria de Abu Omar, la cual violó los derechos humanos que prohíben la tortura y los tratos inhumanos o degradantes; el derecho a la libertad y seguridad; el derecho al respeto a la vida privada y familiar; y el derecho a un recurso efectivo. Como reparaciones la Corte determinó que Italia debía pagar 115,000 euros a Abu Omar y a su esposa, por daños no pecuniarios y costas judiciales.

Años más tarde a los hechos que dieron origen a la presente controversia, una corte italiana confirmaría los vínculos terroristas de Abu Omar y su participación directa en la planeación y la organización de diversos actos terroristas, por lo que fue juzgado en ausencia y sentenciado, a finales de 2013, a seis años en prisión. Al mantenerse al día de hoy en Egipto, dicha sentencia tampoco ha sido compurgada y no se vislumbra que lo vaya a ser al no existir una orden de extradición en su contra.

Conclusión

Como se ha explicado en ocasiones anteriores, en materia de cooperación internacional existen diferentes opciones para detener a los fugitivos que buscan emplear las fronteras nacionales como obstáculos para sustraerse de la acción de la justicia. Dentro de las herramientas más conocidas y sancionadas como legales se tiene la figura de la extradición, y las deportaciones o las expulsiones. Empero, también existen otras de más dudosa calificación legal como las entregas simples (que es lo equivalente a una extradición a empujones en la frontera), los secuestros trasfronterizos o las capturas directas (estas últimas en un escenario en el que se esté ejercitando el derecho de legítima defensa).

Con el fin de llevar a un prófugo de la justicia ante la autoridad competente, las agencias de cooperación o los propios Estados se han ido adaptando al incluir herramientas como las que se adoptaron en el caso Nasr y Ghali vs. Italia. Si bien de las opciones antes mencionadas queda claro que unas son legales y otras ilegales a la luz de la normatividad de los derechos humanos, la realidad apunta a que en situaciones como las de seguridad nacional o internacional, los Estados caminan por una línea bastante estrecha entre lo que está permitido y lo que no. Más allá de que pueda existir una práctica en la que es recurrente el uso de estas herramientas, estos casos confirman que su uso es ilegal y aberrante.

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