México, ¿tercer Estado seguro?

México, ¿tercer Estado seguro?

 

“Hoy el señor Trump expidió una ley que prohíbe el asilo en Estados Unidos a personas que hayan ingresado de otro país a México. Éste es un punto de debate importante que me gustaría se aclarara. Eso significa tercer país seguro, ya no de hecho sino de derecho. Y a eso sí pido que responda la cancillería porque hace semanas, meses, nos dijeron en la Comisión Permanente, la Secretaría de Relaciones, que no aceptaríamos el principio de tercer país que hoy se consuma”, declaró Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el 15 de julio de 2019.

De conformidad con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por tercer Estado seguro se debe entender como “parte de los procedimientos de asilo [que se emplea] para transferir la responsabilidad del examen de una solicitud de asilo de un país de acogida a otro país que es considerado ‘seguro’ (es decir, capaz de proporcionar protección a los solicitantes de asilo y los refugiados)” [vid. “La protección de los refugiados y la migración mixta. El plan de los 10 puntos en acción” (2011)].

El tercer Estado seguro, así como otro tipo de arreglos (por ejemplo, primer país de asilo, primer país de ingreso), tiene como finalidad definir a aquellas autoridades responsables del asilo para distribuir la carga entre dos o más Estados. De igual forma, evita el forum shopping, o “asilo a la carta”, al considerar a aquellos países clasificados como “terceros Estados seguros” como primera opción para los peticionarios de asilo. Esta corresponsabilidad encuentra respaldo en la propia Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatus de los Refugiados, la cual, en su preámbulo, señala: “Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas, no puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional”. Este tipo de arreglos ya se han celebrado anteriormente entre Estados Unidos y Canadá (Acuerdo de Cooperación en la Examinación de Solicitudes de Peticionarios de Asilos de Nacionales de Terceros Estados, 2002), entre los miembros de la Unión Europea (Reglas de Dublín, 2013) y entre la Unión Europea y Turquía (Declaración Unión Europea-Turquía, 2016).

Históricamente ha existido un constante flujo de migrantes hacia Estados Unidos y su apertura a los flujos migratorios ha variado dependiendo de la época. Mientras que en algunos periodos su política ha sido más receptiva a los migrantes de ciertos países (por ejemplo, a partir de 1965 se favoreció la migración proveniente de países europeos), en otras ha llegado a criminalizar a los nacionales de otros Estados (por ejemplo, en 1882 se prohibió toda migración de trabajadores chinos). Los esfuerzos por parte de las autoridades estadounidenses para asegurar sus fronteras y detener la migración irregular han ido aumentando, particularmente en la actualidad, con las políticas migratorias de la administración Trump.

Desde el inicio de su presidencia se diseñó y se puso en marcha un esquema operativo y normativo para: i) robustecer el aparato gubernamental de persecución y deportación de migrantes irregulares; ii) lograr una remoción más expedita de éstos, y iii) disuadir el arribo de personas que quieran abusar de la figura del asilo e ingresar de forma irregular a territorio estadounidense o que representen una amenaza a su seguridad nacional. Alrededor de estos objetivos se han implementado diferentes medidas, desde separar a menores de edad de sus padres durante su intento de cruce irregular, hasta desplegar la Guardia Nacional y al ejército en la frontera con México.

Aun con la implementación de esas medidas el flujo de migrantes irregulares durante 2017 y 2018 fue constante. Destacan, por ejemplo, las caravanas masivas que superaron —por mucho— la capacidad humana de las autoridades estadounidenses para procesar a las personas que buscaban ingresar a Estados Unidos por los puertos de entrada. Particularmente, esto obligó a la implementación de acciones —de facto— que permitieran establecer cierto control de la situación, como el sistema de fichas o listas (metering, en inglés). Este sistema busca: i) mantener un orden al evitar que los migrantes estén formados a la intemperie a las afueras del puerto de entrada de Estados Unidos esperando su turno (lo cual, en los momentos más álgidos, tomaba hasta dos meses para que pudieran ser atendidos) y ii) darles la certeza de que serán procesadas conforme al orden con el lleguen, aun cuando esperaran su turno en los albergues para migrantes.

A raíz de que el flujo de los migrantes irregulares permanecía constante hacia Estados Unidos, a finales de 2018 las autoridades estadunidenses anunciaron la implementación de los protocolos de protección a migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). Bajo éstos —de conformidad con la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad Estadounidense— se regresaría sin demora a México a todos los peticionarios de asilo para que esperasen en territorio nacional la resolución de sus solicitudes de asilo. Ante el anuncio unilateral de Estados Unidos, las autoridades mexicanas, de acuerdo con el compromiso histórico de protección a los derechos humanos de los migrantes, anunciaron —también de forma unilateral— que permitirían el retorno de dichos migrantes a territorio nacional para que esperaran en libertad (de quedarse en Estados Unidos habrían permanecidos en centros de detención migratorios) la determinación final de sus peticiones de asilo en aquel país. Contrariamente a lo esperado, este anuncio generó una paranoia colectiva que orilló a cientos de personas a intentar migrar a Estados Unidos por el temor de que en el futuro cercano pudiese llegar a ser más difícil ingresar a territorio estadounidense y que México terminase convirtiéndose en un tercer Estado seguro.

De esta manera, las aprehensiones en la frontera fueron aumentando desde inicios de 2019, con 58,288 personas detenidas en enero, hasta llegar a su cúspide en mayo cuando se detuvo —según cifras de las autoridades estadounidenses— a 144,278 migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Es justamente cuando se conoció esta cifra que Donald Trump amenazó a México con la imposición de aranceles.

Como se conoce, el gobierno mexicano se vio en la necesidad de negociar diferentes temas, mismos que fueron plasmados en la Declaración Conjunta México-Estados Unidos del 7 de junio de 2019. Así, para evitar un perjuicio económico y financiero, se acordó “el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur”. Gracias a este despliegue se logró que el flujo creciente de las detenciones de migrantes en la frontera terminara y se redujera de 144,278 detenidos en mayo a 104,344 en junio. Situación que, durante la reunión sostenida con el secretario de Estado Mike Pompeo, el pasado 21 de julio, les permitió a los representantes mexicanos afirmar que “no [se] considera[ba] necesario iniciar ningún tipo de negociación con respecto a un eventual acuerdo de tercer país seguro entre México y Estados Unidos”.

Por otro lado, el 16 de julio, el gobierno estadounidense anunció la entrada en vigor de una “regla interina de asilo” bajo la cual se determina que “cualquier extranjero, quien ingrese, o intente ingresar, o arribe a los Estados Unidos por la frontera terrestre sur [esto es, la que comparte con México], después de haber transitado hacia Estados Unidos, por lo menos a través de un tercer Estado diferente al de su Estado de ciudadanía, nacionalidad o última residencia habitual-legal, no será considerado como elegible para solicitar asilo”. El peticionario de asilo se encuentra exceptuado de la regla, siempre y cuando evidencie: i) que en los Estados de tránsito se le negó una petición de asilo; ii) que es “víctima de una forma severa de trata de personas”, o iii) que haya transitado por Estados no partes a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, su protocolo, o la Convención contra la Tortura.

Esta regla obligará a los peticionarios de asilo a que se trasladen directamente desde sus Estados de origen (esto es, donde están siendo perseguidos) a Estados Unidos vía aérea o marítima, o, en su defecto, a través del corredor terrestre-marítimo que de facto se generará en el continente americano por aquellos Estados no miembros de las convenciones antes mencionadas (esto es, Guyana, Venezuela, Islas Grenada, Saint Kitts y Nevis, Saint Lucia, San Vicente y las Granadinas, y Cuba).

La nueva medida del gobierno de Estados Unidos termina por cerrar la pinza a lo que considera un sistema migratorio que no funciona y que ha sido abusado por años por aquellos extranjeros que emplean el argumento del “asilo” como estrategia defensiva para evitar un proceso de deportación o por aquellos que arriban con menores de edad para evitar la aprehensión bajo interpretaciones que las cortes estadounidenses han emitido a favor de los menores no acompañados (esto es, Acuerdo Flores).

Han surgido voces que acusan a México de convertirse en un tercer Estado seguro en los hechos. Sin embargo, éstas no toman en consideración que bajo las tres acciones antes explicadas (esto es, metering, MPP y regla interina de asilo) todos los migrantes y peticionarios de asilo, al final del día —a menos que soliciten refugio en México— terminarán en Estados Unidos, ya sea para recibir la protección del gobierno estadounidense en caso de que sus peticiones de asilo sean otorgadas o para ser repatriados a su país de origen o a algún otro Estado en caso de que logren acreditar un miedo creíble (para casos de asilo) o un miedo razonable (para casos de tortura).

Asimismo, es importante aclarar que las tres acciones antes mencionadas coexisten en la práctica y no se excluyen entre sí. El metering, o sistema de listas, debe ser visto por su practicidad para ordenar el flujo de los peticionarios de asilo. El MPP implica una simple reubicación física de los peticionarios mientras esperan la decisión a su solicitud de asilo (esto es, de Estados Unidos a México) que aplica una vez que el migrante es procesado. Por último, la regla interina de asilo es una norma sustantiva que dará por terminado el procesamiento de la petición de asilo, la cual no es de aplicación inmediata, sino hasta que el migrante comparezca ante el juez migratorio o hasta que su caso sea valorado por un agente especialista en materia de asilo.

Si bien la manera unilateral mediante la cual han sido implementadas estas medidas y la forma burda en que se ha obligado al Estado mexicano a cooperar con las autoridades estadounidenses no es la más diplomática o adecuada, es importante reconocer que esa cooperación pone en evidencia la complejidad del fenómeno migratorio y la necesidad de que se ataje de forma multilateral y regional. La gran mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas es parte de la Convención sobre el Estatus de los Refugiados y tiene las mismas obligaciones de brindar protección a los peticionarios de asilo. La magnitud de este tipo de problemas entrevé la necesidad de fomentar una solidaridad internacional con aquellos que más lo necesitan, la cual es la que menos existe actualmente.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Twitter: @VE_Corzo.

  

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