Protección diplomática en Egipto

Protección diplomática en Egipto

La Secretaría de Relaciones Exteriores comunicó el 13 de septiembre que “un grupo de turistas […] nacionales mexicanos fue atacado en el desierto al sudoeste” de Egipto, a través de “una agresión injustificada” por parte —según informaría un día después el embajador de Egipto en México, Yasser Shaban— de “fuerzas de seguridad [egipcias]”. Según el dicho del embajador, el ataque se originó al confundir el convoy de turistas con terroristas que operan en el área de Wahat, en el desierto occidental egipcio. En específico, medios de comunicación señalaban que el grupo de turistas había sido confundido con militantes islamistas cercanos al grupo terrorista Estado Islámico de Siria e Iraq. Lamentablemente la confusión derivó, según informaron los sobrevivientes, en “un ataque aéreo con bombas lanzadas desde un avión y helicópteros”, el cual acabó con la vida de ocho personas de nacionalidad mexicana y con la hospitalización de otros seis mexicanos.

La respuesta inmediata por parte del gobierno de México no se esperó:

Si bien las acciones antes enunciadas no son ajenas a la asistencia que brindan las representaciones diplomáticas y consulares mexicanas a lo largo del mundo, en los casos que lo ameritan resulta relevante analizar los pormenores del presente asunto.

“Si bien un Estado no estaba obligado a admitir extranjeros, una vez que lo hubiera hecho tenía con el Estado de la nacionalidad del extranjero la obligación de ofrecer cierta medida de protección a su persona o a sus bienes de conformidad con una norma internacional mínima de trato para los extranjeros”, señala el relator especial sobre protección diplomática, Mohamed Bennouna, en su informe preliminar de 1998. De ahí la correlación entre el principio que “el Estado es responsable de los daños que cause a los extranjeros por toda acción u omisión contraria a sus obligaciones internacionales”, y la protección diplomática a través de la cual se hace “un llamamiento de nación a nación para que se cumplan las obligaciones de una para con la otra […] para hacer valer el derecho de sus ciudadanos a recibir un trato acorde con el Derecho internacional”.

El Derecho internacional, en específico la normatividad de derechos humanos, establece la obligación de los Estados de garantizar la vida y la seguridad de todas las personas que habitan en sus territorios. Cuando dicho derecho es violentado, el Estado tiene la obligación de debida diligencia para sancionar a aquellas personas responsables. Como se puede apreciar, dicha obligación se centra exclusivamente en el Estado con jurisdicción territorial. Ante esto surge la pregunta: ¿qué pueden hacer los demás Estados para proteger a sus nacionales en el extranjero?

Los Estados protegen a sus nacionales en el extranjero a través de la protección diplomática y la asistencia consular. Si bien es cierto que el marco legal internacional define en qué consiste la protección diplomática y la asistencia consular, en la práctica la extensión de las mismas variará Estado a Estado, dependiendo de sus recursos y pudiendo, inclusive, en situaciones de emergencia, llegar al ejercicio de la fuerza para rescatar a nacionales de un peligro inmediato. En este tenor, no se puede comparar la capacidad que el gobierno de México tiene a través de su red diplomático-consular, que es de las mejores, con la de ningún otro Estado.

Más allá de las gestiones específicas, las actividades de protección diplomática sirven para orientar la opinión pública hacia este tipo de incidentes, donde aparte de acarrear una imagen negativa para el Estado que cometió dichos atropellos, se busca que con la presión diplomática se logre obligar al Estado a adherirse a sus obligaciones internacionales.

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