¿Qué ha hecho la Corte Penal Internacional en 20 años?

¿Qué ha hecho la Corte Penal Internacional en 20 años?

El próximo mes de julio el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional cumplirá 20 años de haber sido adoptado por 120 países durante aquella conferencia diplomática que tuvo lugar en Roma, Italia, el 17 de julio de 1998. A dos décadas de esta fecha histórica, la Corte Penal Internacional poco a poco ha ido encontrando su lugar dentro la estructura judicial internacional, especialmente con el vacío que deja el cierre de operaciones del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que propiamente fue la institución que cambió hace 24 años el paradigma moderno de la justicia penal internacional.

 

 

Al día de hoy la Corte Penal Internacional ha emprendido 11 investigaciones (dos en la República Centroafricana y una en Burundi, Georgia, Mali, Costa de Marfil, Libia, Kenia, Sudán, Uganda y República Democrática del Congo), iniciado 25 casos, librado 31 órdenes de aprehensión, condenado a nueve personas y declarado inocente a una. Actualmente se encuentra desahogando tres juicios y examinando de forma preliminar hechos presuntamente constitutivos de delitos bajo su jurisdicción en ocho Estados (Afganistán, Colombia, Gabón, Guinea, Irak, Nigeria, Palestina y Ucrania). Cuenta con 123 Estados partes —que equivalen a 63.4 por ciento de los 194 países miembros de la comunidad internacional— de los cuales 26.8 por ciento son países africanos, 15.4 por ciento se ubican en la región Asia-Pacífico, 14.6 por ciento en Europa del Este, 22.8 por ciento son latinoamericanos y 20.3 por ciento son Estados occidentales.

 

Reacciones que enfrenta la Corte

La jurisdicción de la Corte Penal Internacional dista mucho de ser universal, especialmente cuando algunos de los Estados ausentes (Estados Unidos, China y Rusia) son los que cuentan con mayor poderío militar o extensión territorial. De igual forma, la Corte todavía sigue enfrentándose a múltiples obstáculos, entre los cuales se encuentran la falta de voluntad de algunos Estados para ejecutar sus órdenes de aprehensión (lo que ha derivado en que existan 15 fugitivos buscados por la Corte) y el amague de salida de algunos Estados miembros por considerar que la Corte no ha cumplido con sus expectativas (Kenia, Sudáfrica, Gambia, y Burundi, este último el único Estado que hasta el momento la ha abandonado).

Inclusive durante los últimos meses la reputación de la Corte fue mancillada por el escándalo que surgió al reportarse que el ex fiscal Luis Moreno Ocampo (Argentina) había usado sus influencias en la Corte para obtener información relacionada con Hassan Tatanaki, un multimillonario empresario petrolero libio —aparentemente monitoreado por la Fiscalía de la Corte por su vinculación con crímenes de guerra— quien pagó a Moreno Ocampo tres millones de dólares por “servicios de consultoría”, supuestamente para reducir la violencia y buscar la paz en Libia, pero que, al parecer, en realidad buscaba evitar ser procesado por la Corte. Como resultado de esas alegaciones la Corte tuvo que distanciarse oficialmente e informar que la actual fiscal Fatou Bensouda (Gambia) había solicitado al Mecanismo de Supervisión Independiente de la Corte que investigara la posible falta de conducta de dos miembros de su staff por encontrarse vinculados con hechos ilegales.

Es un hecho que la realidad internacional actual dista mucho de aquella bajo la cual se gestó la Corte hace 20 años. En múltiples ocasiones se ha comentado que el comportamiento de la humanidad se asemeja al de un péndulo: a veces se está a favor de ciertas causas y, después de algunos años, poco a poco lo que antes era un apoyo incondicional se convierte en un frío desdén. En la actualidad existe una contracción en las políticas exteriores de algunos Estados por medio de la cual se ha dejado de lado la visión liberal que buscaba cooperar en aras de alcanzar el bien común de la comunidad internacional, para sustituirla con una visión realista o instrumentalista en que las instituciones internacionales son vistas como meras herramientas para promover los intereses nacionales de los Estados.

 

Aciertos de la Corte: competencia respecto al crimen de agresión

A pesar de la visión negativa que enfrenta la Corte Penal Internacional, su andar no ha sido detenido y a finales de 2017 hubo un gran avance para la justicia penal internacional cuando la Asamblea de Estados Partes decidió activar —el 15 de diciembre— la competencia de la Corte respecto del crimen de agresión. Esta competencia formalmente entrará en vigor a partir del 17 de julio de 2018 para aquellos Estados miembros que acepten o ratifiquen las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, relacionadas con el crimen de agresión, aprobadas durante la Conferencia de Revisión que tuvo lugar en 2010 en Kampala, Uganda.

Ningún tribunal internacional desde los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido competencia sobre este tipo de delitos, los cuales, dígase de paso, históricamente ha sido complicado sancionar por las consideraciones políticas que siempre entran a la ecuación, bajo las cuales se ha creído que la persecución del ilícito está peleada con los procesos de paz y que hasta épocas recientes habían evitado se lograra un consenso respecto de los elementos de su tipo penal.

Por esta razón, cuando en 1998 se aprobó el Estatuto de Roma, si bien se confería jurisdicción a la Corte Penal Internacional para investigar y perseguir a individuos por genocidio, crímenes en contra de la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, la referencia a este último delito era meramente simbólica, ya que, según el artículo 5(2) del mismo estatuto, la Corte no tendría jurisdicción sobre el mismo hasta en tanto no estuviera propiamente definido.

Durante los años posteriores a la entrada en vigor del Estatuto de Roma el gobierno de Liechtenstein tomó la batuta de los esfuerzos para codificar el tipo penal de agresión, el cual —después de 12 años de labores— finalmente quedó plasmado, el 11 de junio de 2010, en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma.

Así, a la luz actual del texto del Estatuto de Roma se considera que existe crimen de agresión cuando una persona, “estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado […] planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”, y se entiende por acto de agresión “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, como lo establece la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1974.

Como en todo el Derecho internacional, las enmiendas relacionadas con el delito de agresión solamente vincularán a aquellos Estados miembros que las acepten. De esta forma, se crean tres categorías: aquellos Estados que no aceptan la jurisdicción de la Corte; aquellos que la aceptan, pero no han otorgado su reconocimiento a la competencia de la Corte respecto del crimen de agresión, y aquellos otros que aceptan la jurisdicción de la Corte y reconocen su competencia respecto del crimen de agresión. En este sentido, si bien esta enmienda al estatuto en estos momentos sólo tendrá impacto en un puñado de Estados, vale la pena reconocer que, aunque es un pequeño paso, finalmente es un paso más en el andar de la Corte.

 

Conclusión

En el andamiaje internacional la Corte Penal Internacional solamente tiene un rol complementario a las jurisdicciones nacionales y es una institución más que —bajo la dualidad de su rol: como árbitro disuasorio y como instancia sancionadora— sirve de respaldo para prevenir la impunidad de los crímenes más graves. En palabras de la actual presidenta de la Corte, Silvia Fernández de Gurmendi, de Argentina, “la lucha en contra de la impunidad requiere un sistema de justicia global que se refuerce a sí mismo, donde las instituciones domésticas, regionales, internacionales e híbridas coexistan y se fortalezcan unas a las otras”.

La Corte Penal Internacional —como todas las demás instituciones internacionales— solamente es una herramienta adicional de un sistema que se erige principalmente en las instituciones nacionales. En otras palabras, para que la Corte pueda tener éxito es necesario que sus Estados miembros coadyuven con ella para que cuente con las circunstancias mínimas que le permitan cumplir con su mandato. Los tiempos actuales no son los más favorecedores para la Corte; sin embargo, esperemos que su carácter de permanente le permita salir avante de los reacomodos geopolíticos e ideológicos que la comunidad internacional atraviesa.

 

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Contacto: @VE_Corzo.

 

 

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado