Venezuela y sus dos presidentes

Venezuela y sus dos presidentes

 

La situación de Venezuela ha desencadenado una serie de eventos que ha obligado a la comunidad internacional a posicionarse con respecto a los diferentes bandos que ostentan el poder: por un lado, el régimen de Nicolás Maduro y, por el otro, el del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

 

Como se sabe, el 23 de enero Juan Guaidó juró como presidente encargado de Venezuela al interpretar que se daban los supuestos del artículo 233 de la Constitución venezolana: el “presidente o presidenta de la Asamblea Nacional” se encargará de la Presidencia de la República cuando “se produzca la falta absoluta del presidente electo”.

Más allá de una valoración sobre si desde el punto de vista constitucional venezolano esa interpretación es correcta, el respaldo de Guaidó de inmediato fue secundado por el gobierno de Estados Unidos. Al día de hoy se suman más de 50 naciones —incluida la Unión Europea— que lo han reconocido como el presidente legítimo de Venezuela.

 

Reconocimiento de gobiernos

La figura del reconocimiento de Estados y gobiernos es una herramienta de política exterior que ha existido en la comunidad internacional desde hace ya varios siglos. Su finalidad es bastante clara: fijar la posición de un gobierno sobre si reconoce a un gobierno extranjero como representante legítimo de un Estado.

Si bien la Doctrina Estada, esbozada por el ex canciller mexicano Genaro Estrada, considera el reconocimiento como denigrante, en la práctica la gran mayoría de los países no ha renunciado a ella por considerarla una herramienta útil a través de la cual pueden promover sus intereses y emitir una clara señal sobre la persona o el régimen con el que desean mantener una relación política.

Históricamente, desde el Pacto de Westphalia la comunidad internacional optó por no reconocer a una autoridad supranacional, como hasta aquel momento venía siendo la Iglesia católica. Bajo dicho esquema, el cual todavía rige, no existe una autoridad supranacional que establezca las reglas del juego. De ahí que el sistema internacional opere con base en relaciones horizontales donde los propios actores —con un carácter volitivo— optan por vincularse a las normas que ellos mismos crean. La figura del reconocimiento sirve como esa valoración que cada Estado realiza para determinar si reconoce a otro ente como su par (esto es, reconocimiento de Estado) o si reconoce a una persona o grupo en específico como representante de un determinado Estado (esto es, reconocimiento de gobierno).

De ahí que existan dos teorías sobre el valor de esta figura: la constitutiva, la cual considera que el reconocimiento es el elemento esencial para dar valor jurídico a una situación en específico dentro de la esfera internacional, y la declarativa, donde el reconocimiento simplemente funge como una “toma de nota” sobre cierta situación.

Generalmente se ha considerado que para que un Estado pueda ser reconocido como tal, debe poseer las características de dicha entidad: territorio, población, gobierno, independencia y estabilidad. Mientras que para que un grupo pueda ser considerado como “gobierno de un Estado” es necesario que posea tres características: primero, que tenga un control efectivo del Estado (esto es, control del territorio, la población y el aparato gubernamental); que sea independiente (esto es, que no dependa sólo del apoyo de gobiernos extranjeros), y que posea estabilidad (esto es, capacidad de permanencia y apoyo de su población).

 

Presidente de iure y presidente de facto

La figura del reconocimiento, en situaciones de cambio de gobierno abrupto o irregular, le permite valorar a un Estado si el “nuevo” gobierno cumple con las características señaladas antes. De ahí que existan casos en que, de manera paralela, existan simultáneamente dos personas que se ostenten como presidentes legítimos de un Estado, como ocurre en Venezuela.

En este sentido, vale la pena señalar que ambos presidentes contarán con distintas clasificaciones, ya que uno será reconocido como el presidente de iure y el otro como el presidente de facto. Mientras que el título de facto se otorga cuando el gobierno no cumple con un estándar de legalidad o, en el caso de América —por la Carta Democrática Interamericana— con el de régimen democrático, el título de presidente de iure se da cuando cumple con el requisito de legalidad pero no con el de control efectivo del Estado.

De esta manera se reconoce la capacidad de acción de los gobiernos de facto; empero, al no ser éstos de iure, los Estados extranjeros optan por romper relaciones diplomáticas o reducirlas a su más ínfimo nivel para dejar claro su rechazo y su intención de auxiliar al presidente de iure para que pueda consolidar su poder y unificar la figura de presidente tanto de iure como de facto.

 

Consecuencias jurídicas del reconocimiento

Más allá de una afectación en la esfera de las relaciones diplomáticas, el desconocimiento de un gobierno también influye jurídicamente en el reconocimiento de los actos de Estado, en los privilegios y las inmunidades, en la cooperación internacional, en los contactos oficiales, en la participación en conferencias internacionales y en la propia del Estado al inclinarse los Estados extranjeros por un bando.

Por esta razón se explica por qué el gobierno de Estados Unidos entregó el control de las cuentas bancarias de Venezuela a Guaidó; el gobierno de Costa Rica, por un lado, permitió que la enviada diplomática de Guaidó tomara el control de la embajada venezolana, y, por el otro, instruyó a los representantes de Maduro a salir de Costa Rica en un plazo de 60 días, así como que los diplomáticos estadounidenses ignoraran abiertamente la orden de Maduro de salir de Venezuela en un plazo de 72 horas.

Aun cuando a Guaidó no se le reconozca como presidente de facto de Venezuela, su reconocimiento como presidente de iure le permite solicitar ayuda humanitaria, lo cual ya aconteció, e inclusive solicitar una eventual intervención militar, sin que ésta pueda ser considerada una violación al Derecho internacional o a la soberanía y la integridad territorial de Venezuela.

Las reglas internacionales señalan que “el consentimiento válido de un Estado a la comisión por otro Estado de un hecho determinado excluye la ilicitud de tal hecho […] en la medida en que el hecho permanece dentro de los límites de dicho consentimiento” (Resolución 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos).

Asimismo, hay que recordar la remisión que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú hicieran, en septiembre de 2018, a la Corte Penal Internacional sobre la situación relativa a crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en Venezuela desde febrero de 2014, la cual coincidió con la declaración de la fiscal de la Corte Penal Internacional, en febrero de 2018, de iniciar un análisis preliminar de la situación que se vive en Venezuela. Lo anterior se traduce en que si en un eventual escenario la Corte Penal Internacional girara una orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro, éste no podría jugar la carta de inmunidad de jefe de Estado, que de manera fáctica le ha servido a Omar Al Bashir para escapar de las manos de la justicia internacional.

 

Conclusión

La existencia de dos presidentes en Venezuela, sin lugar a dudas, evidencia lo delicado de la situación. A pesar de que el presidente de iure puede solicitar ayuda humanitaria, el presidente de facto continúa ejerciendo el control del poder duro del Estado (esto es, las fuerzas armadas). De ahí que Nicolas Maduro pueda ordenar el cierre de las fronteras y obstaculizar el ingreso de la ayuda humanitaria que enviaron los Estados extranjeros en respuesta al llamado de Juan Guaidó.

Si bien México, junto con Uruguay y los Estados de Caricom, han buscado generar canales de diálogo para la negociación, su iniciativa no debe verse como obstaculizadora de la inercia internacional, la cual sirve como una medida paralela que funja como válvula de escape a una situación que cada vez se vuelve más volátil en un Estado en el que se presume la existencia de la comisión de crímenes internacionales.

La situación de Venezuela ha empujado a algunos miembros de la comunidad internacional a dejar atrás las posturas clásicas que consideran cualquier recriminación extranjera como una injerencia no deseada y una violación al principio de no intervención, y a reforzar, bajo el nuevo modelo, el principio de la responsabilidad de proteger los derechos humanos aun cuando se trate de poblaciones extranjeras.

Más allá del juego de realpolitik hacemos votos para que el pueblo venezolano salga avante de este capítulo oscuro.

 


 

* Doctor en Derecho y diplomático de carrera experto en Derecho internacional. Twitter: @VE_Corzo.

 

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