Verdades y mentiras del asilo a Evo Morales

Verdades y mentiras del asilo a Evo Morales

 

En los días posteriores a la llegada de Evo Morales a México, el gobierno interino de Bolivia parece cuestionar el gobierno mexicano —por lo menos en la retórica— por permitir que un político asilado siga haciendo política desde el exterior.

 

 

La cancillería mexicana respondió el 13 de noviembre a través de una nota informativa en la que defiende la libertad de Evo Morales para continuar pronunciándose sobre la vida política de Bolivia. Primero, la nota se apoya en los artículos 6 constitucional y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagran el derecho a la libertad de expresión. Segundo, la cancillería también remite al artículo VII de la Convención sobre Asilo Territorial, que indica que “la libertad de expresión […] no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados”. Finalmente, la nota señala que —ante cualquier posible conflicto normativo— se aplicaría el principio pro persona.

A pesar del pronunciamiento oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que envió a México una protesta formal por la supuesta “violación de los principios que rigen la institución del asilo político”, invocando el artículo 4 de la resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1967, intitulada la Declaración sobre el asilo territorial, que señala que los “Estados que concedan asilo no permitirán que las personas que hayan recibido asilo se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”. La protesta formal surgió a raíz de que se divulgó un video en el que supuestamente se escucha la voz de Evo Morales coordinándose —vía telefónica— con un dirigente sindical boliviano para la realización —como forma de protesta— de bloqueos —y cercos de comida— a ciudades en Bolivia.

Bolivia le exige al gobierno mexicano que no sea omiso ante la incitación a la violencia que Evo Morales está realizando desde territorio nacional, misma que según la cancillería boliviana “atenta contra la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano”.

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