Avances y retos de la educación en México

Avances y retos de la educación en México

En la conferencia que dictó el abogado Claudio X. González el pasado 17 de febrero en la Escuela Libre de Derecho, abordó, entre otros temas, los avances y los retos de la educación en México y los litigios estratégicos y las acciones colectivas en materia de derechos humanos. A continuación destacamos los principales indicadores que el presidente de Mexicanos Primero ofreció en dicha ponencia.

- De cada 100 niños que entran a primero de primaria, seis años después 80 entran a secundaria (en tiempo y forma); tres años después, 52 entran a bachillerato; tres años después, 21 inician la licenciatura.

- Nuestro promedio nacional de escolaridad es de 8.8 años, mientras que el de la OCDE es de 11.9 años. En contraparte, Noruega tiene un promedio de 13.9 años, y Estados Unidos de 13.3.

- En México, en una jornada escolar típica de 4.5 horas se destinan aproximadamente dos horas a la enseñanza; una hora y media a la gestión de la clase (pase de lista, corrección de tareas, borrar el pizarrón, repartir papeles, temas administrativos, etcétera); 30 minutos de recreo, y 24 minutos a tareas ajenas a la clase.

- El principal rubro de gasto gubernamental es la educación: 4.9 por ciento del PIB (814,852 millones de pesos) en 2012.

- Uno de cada cinco pesos se va a la educación en el presupuesto público, pero ocho de cada 10 escuelas están reprobadas o pasan “de panzazo”.

- El 24 por ciento de las escuelas públicas no tiene sanitarios, porcentaje que sube a 48 por ciento en primarias indígenas (Chiapas, Oaxaca, Guerrero). El 31 por ciento no tiene agua corriente, porcentaje que sube a 60 por ciento en Chiapas. Y el 46 por ciento no tiene drenaje, porcentaje que en Oaxaca es de 82 por ciento.

- El 7 por ciento de las escuelas no tiene pizarrones; 10 por ciento no tiene electricidad; 36 por ciento no tiene la más mínima área deportiva; 94 por ciento de las primarias no tiene laboratorio.

- Se realizan 298,174 pagos irregulares o ilegales a personal que no se encuentra en su centro de trabajo: hay 39,222 aviadores, 30,695 comisionados, 113,259 personas en otro centro de trabajo y 114,998 jubilados, retirados o fallecidos.

 

¿Qué busca la reforma educativa?

Recuperar la rectoría en la educación; profesionalización docente; gasto transparente y eficiente, y autonomía escolar y participación social.

Hemos logrado 10 avances importantes:

1) Mayor atención y priorización a lo educativo.

2) Reforma profunda a la legislación secundaria.

3) Concurso obligatorio de plazas.

4) Rompimiento del monopolio de las escuelas normales a partir de 2016.

5) Evaluación y capacitación obligatoria con consecuencias.

6) Carrera profesional docente.

7) Contar con un organismo evaluador autónomo (INEE).

8) Hacer públicas las bases de datos completas del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) y tener un Sistema de Información y Gestión Educativas (SIGED).

9) Dar los primeros pasos para corregir el mal gasto: fin a la doble negociación (a partir de mayo de 2014); Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (enero de 2015); inversión de 7,500 millones de pesos en 20,000 escuelas en 2014 y 7,500 millones de pesos en 2015; colocación de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores por 50,000 millones de pesos para infraestructura escolar.

10) Tener más posibilidades de participación social, como las Jornadas de Transparencia anuales en cada escuela (pública o privada).

Litigio educativo

Se ha llevado a cabo un litigio educativo en el que han participado diversos abogados con trabajo pro bono: Luis Manuel Pérez de Acha, Antonio Ibarra y Julio Amavizca (PdeA Abogados, S.C.), Antonio Prida y Santiago Corcuera (Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, S.C.), Antonio Arámburu (Arámburu, Saldívar y Vázquez, S.C.) y Víctor Montoya (Bufete Montoya Rivero, S.C.).

En febrero de 2013 se tramitó un amparo ante un juez de distrito en contra de la ASF, la SFP, la SHCP y la Cámara de Diputados. Actos reclamados: omisión por parte de las responsables respecto de ejercer sus atribuciones para corregir y sancionar el gasto educativo (cuentas públicas 2009 y 2010). Derecho humano violado: el derecho a la educación de calidad se violenta cuando fondos públicos se desvían de su destino.

Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: reconoció el interés legítimo de Aprender Primero, ya que su objeto social es la defensa del derecho a la educación. Ordenó a la ASF llevar a cabo todas las acciones necesarias para cumplir con las facultades que tiene en materia de fiscalización de recursos en el rubro de la educación, lo que incluye iniciar y concluir los procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos federales y locales que hayan participado en el desvío de los recursos públicos. Emitió 13 tesis aisladas.

Ejecución de la sentencia: a) Responsabilidad resarcitoria: 1,028,748,264.95 pesos respecto de los desvíos del ejercicio fiscal 2009; 237,651,966.08 pesos respecto de los desvíos del ejercicio fiscal 2010. Total: 1,266,400,231.03 pesos. b) Responsabilidad penal: por orden de la juez, la ASF presentó 52 denuncias penales por los desvíos en el ejercicio 2009; 37 denuncias penales por los desvíos en el Ejercicio 2010. c) Responsabilidad administrativa: la ASF dio vista a los órganos internos de control de las entidades federativas, emitió oficios para dar seguimiento y presentó las respuestas que emitieron dichos órganos.

Litigio en materia de solicitud de información

Se ha llevado a cabo un litigio en materia de solicitud de información, en el que han participado diversos abogados con trabajo pro bono: Antonio Arámburu, Jorge Rodarte y Lorena Peniche (Arámburu, Saldívar y Vázquez, S.C.).

Solicitud a la SEP: base de datos de los resultados obtenidos por los maestros que participaron en el Examen de Docentes y Directivos realizado en 2012, incluyendo el nombre del docente y la calificación obtenida en el examen. La SEP respondió parcialmente la solicitud de información y reservó por tres años la información relativa a la calificación obtenida por los profesores en las evaluaciones. Se presentó un recurso de revisión contra la respuesta de la SEP y, posteriormente, un amparo en contra de la resolución del IFAI que reclasificó y reservó la información.

El 31 de marzo de 2014 el juez sexto dictó sentencia en la que resolvió conceder el amparo en contra de la resolución del IFAI, sentencia que fue confirmada el 24 de septiembre de 2015 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito.

Aspectos destacados de la sentencia: “Es un hecho notorio que el gremio magisterial ha protestado permanentemente a lo largo por lo menos de unos veinte años a la fecha, con la finalidad de obtener beneficios políticos y económicos exclusivamente para los dirigentes sindicales. Aunado a lo anterior, no se puede permitir que el gremio magisterial tome como rehén a la sociedad mexicana para lograr sus objetivos políticos y económicos, puesto que de ser así jamás se podría implementar en el país un programa educativo que compita a nivel internacional pues se permanecería en la mediocridad con graves consecuencias para el país. De esa manera no es posible permitir al grupo magisterial que condicione el futuro de una nación, con chantajear sobre bases políticas para siempre tener elementos de presión para que los gobernados accedan a las peticiones de los maestros siempre inconformes y poco preocupados por nuestro país”.

El juez de distrito ordenó al INAI emitir una nueva resolución que cumpla con los lineamientos determinados en la misma. En noviembre de 2015 el pleno del INAI, en cumplimiento del amparo otorgado a Mexicanos Primero, aprobó por unanimidad una nueva resolución en la que se ordenó a la SEP entregar las bases de datos.

Litigio en materia de suspensión de la evaluación de maestros

Se ha llevado a cabo un litigio en materia de suspensión de la evaluación de maestros, en el que han participado diversos abogados con trabajo pro bono: Ismael Reyes Retana, Andrés Aguinaco Gómez Mont y Fernando García (White & Case, S.C.).

La SEP anunció, el viernes 29 de mayo de 2015, que se suspendían de forma indefinida todas las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente de Educación Básica y Media Superior. Dos días hábiles después del anuncio de la SEP se presentó ante el Poder Judicial un amparo contra la suspensión de la evaluación docente. Una semana después del anuncio de la SEP el juez sexto de distrito en materia administrativa del Distrito Federal determinó que “procede conceder la suspensión provisional, para el efecto de que la autoridad responsable no suspenda los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior programadas por este año, esto es, que cumpla con lo establecido en la ley, y se lleven a cabo los procesos de evaluación de los profesores”. Posteriormente, el juez confirmó su criterio y decretó la suspensión definitiva, para el mismo efecto.

 

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