Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

 

Discurso de Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, con motivo de la recepción del Premio a la Innovación Jurídica 2019, y laudatio a cargo de Sergio García Ramírez.

 

Agradezco al consejo editorial de la revista El Mundo del Abogado el reconocimiento que hace a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al distinguirla con el otorgamiento del Premio a la Innovación Jurídica 2019.

A quienes formamos parte de la CNDH nos llena de orgullo este reconocimiento por parte de esta prestigiosa revista jurídica, que reconoce el trabajo institucional y el esfuerzo del personal que la integra por incorporar a los pronunciamientos de esta Comisión Nacional los criterios y la normativa internacional en el ámbito de los derechos humanos, así como por buscar fortalecer el cumplimiento de los mismos no obstante su carácter no vinculatorio.

En primer término, es importante señalar que actualmente no se podría entender ni realizar debidamente las tareas de defensa y protección de los derechos humanos sin la integración a las determinaciones de la CNDH tanto del Derecho interno de México como de la normativa internacional en el ámbito de los derechos fundamentales, así como de los criterios y los estándares establecidos por los sistemas regional y universal para su protección. Lo anterior es una obligación, y poder llevar a cabo esa cuestión, en concordancia con el artículo 1° constitucional, ha sido un desafío que se ha ido superando con el tiempo. Hoy en día, todas las determinaciones de la Comisión Nacional integran estos elementos y trabajamos por que se fortalezca esta parte.

Estamos convencidos de que estos instrumentos deben ser utilizados por el ombudsperson para completar la perspectiva del elenco de derechos establecidos en la Constitución, existiendo la posibilidad de integrar un bloque de constitucionalidad compuesto por los derechos asegurados en la Carta Magna, los asegurados por los tratados internacionales que se hayan ratificado, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual redundará en beneficio de la protección efectiva de los derechos humanos.

Tradicionalmente el papel del ombudsperson se asumió esencialmente vinculado a la atención de casos individuales y concretos, respecto de los cuales su tarea consiste en determinar si en los mismos se verificaron o no violaciones a los derechos humanos, a efecto de proceder a denunciar las mismas y a buscar la reparación que proceda a favor de las víctimas. Sin embargo, el desarrollo que ha tenido esta institución en los últimos años en nuestro país ha permitido modificar la concepción clásica de los organismos de protección y defensa de derechos humanos, adquiriendo cada vez un papel más relevante como garantes de la constitucionalidad y la legalidad de las actuaciones de los poderes públicos, así como un carácter activo en la conformación y la integración del sistema jurídico del país, al sugerir contenidos normativos, evaluar la pertinencia de los que se propongan y pugnar por la integración plena al sistema jurídico de aquellos derechos que, siendo reconocidos a nivel internacional, no se encuentran plenamente incorporados en el contexto nacional. De este modo, la actuación del ombudsperson deja de tener un impacto y un alcance eminentemente particulares e individuales, para adquirir una dimensión general y colectiva.

Tan sólo por citar algunos ejemplos de lo que implica la función del ombudsperson bajo estos estándares, podemos citar que en ejercicio de su autonomía y en cumplimento de los mandatos legales que se le han impuesto, la CNDH ha atendido e investigado con exhaustividad casos tan significativos como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Tlatlaya y Tanhuato.

Respecto de los estudios y el seguimiento a la armonización que produce la CNDH, si bien no constituyen por sí mismos propuestas de reformas legislativas, representan insumos de gran valor para que los legisladores resuelvan los pendientes de la agenda legislativa nacional vinculada con los derechos humanos.

De igual manera, se ha intensificado la presencia de la Comisión Nacional en los foros internacionales y ante los órganos y los representantes del sistema universal y regional de derechos humanos con los que se ha reforzado el vínculo de colaboración.

Se ha tenido un “diálogo” con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos vía la presentación de amicus curiae y la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana o medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante una situación de riesgo, como ha sido en el caso de los migrantes.

El reconocimiento formal y el compromiso retórico por su respeto y su promoción no garantiza en modo alguno su vigencia real y práctica. La diversidad y la complejidad de nuestras relaciones sociales con frecuencia nos retan y nos exigen una constante revisión sobre el contenido y el alcance de los derechos humanos frente a casos o situaciones concretas, que no pueden ser resueltas por la mera lectura o análisis de textos constitucionales o de los tratados internacionales que enumeran estos derechos, lo que hace necesaria una mayor reflexión sobre el sentido que tienen los derechos humanos, tanto en el ámbito estrictamente jurídico, como en nuestro pensamiento moral y político.1

La pluralidad de derechos que existe ocasiona que prácticamente no exista un ámbito de actividad humana sustraído a la influencia del Estado, al no estar relacionado con algún derecho humano, lo cual ha traído como consecuencia una juridificación de todos los ámbitos de la vida social,2 con el subsecuente crecimiento de la complejidad del sistema jurídico y su dificultad implícita para que el mismo se observe y se cumpla a cabalidad.

Si los derechos no se cumplen o no respetan, los mismos serán considerados por las personas como meras promesas o enunciados teóricos sin repercusiones o contenidos concretos que incidan en su existencia cotidiana, lo cual debilita la vigencia misma de la Constitución, así como la vigencia misma del Estado de Derecho. La Constitución debe operar y ser vista como una verdadera norma jurídica, no como un documento de exclusivo carácter político,3 cuestión que es particularmente necesaria en el caso de los derechos humanos, toda vez que las obligaciones del Estado de respeto y protección de los mismos no sólo tienen un fundamento o una fuente interna en las constituciones de los Estados, ya que también los instrumentos internacionales, como fuente externa, les imponen esas cargas.

La perspectiva del trabajo del ombudsperson que presenta los mayores retos, pero también oportunidades, de lograr una mayor y mejor incidencia en el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos es, precisamente, la vinculada al papel que está llamado a desempeñar como garante de la constitucionalidad, promotor de la legalidad y agente integrador del sistema jurídico en el país. El desarrollo de las atribuciones que resultan más relevantes para tal efecto es el relativo a la posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad, formular recomendaciones generales e investigar violaciones graves a los derechos humanos.

Las recomendaciones de la CNDH no son obligatorias atendiendo a la naturaleza misma del ombudsperson; sin embargo, la casi total aceptación de esos pronunciamientos radica, por una parte, en la pertinencia, la objetividad y la corrección de su fundamentación y motivación, pero también en lo que se ha denominado un poder moral y simbólico, que deriva de su capacidad de influir debido a la credibilidad y al respeto que generan sus actuaciones, sus informes y sus denuncias.4 En este sentido, es importante recordar que la fuerza de los pronunciamientos del ombudsman no radica en que los mismos cumplan alguna formalidad o se agote determinado procedimiento. Su fortaleza radica en el hecho mismo de evidenciar y exponer los casos en que no se aplica la Constitución, se viola la ley y, en consecuencia, se vulneran los derechos de las personas, siendo de especial relevancia la publicidad que tengan sus acciones, cuestión que ha sido calificada como una de las columnas sobre las cuales basa su actuación, sin lo que su actividad prácticamente no tendría efectos.5

Esta credibilidad y esta autoridad del ombudsman hacen que aun cuando los mecanismos constitucionales previstos para los casos de incumplimiento o no aceptación de las recomendaciones no operen, como ha sucedido recientemente, la fuerza de esas determinaciones subsista y sirve de base para que las víctimas puedan buscar la respuesta que les es debida en otras instancias.

La labor de difusión y fomento del respeto a los derechos humanos es muy importante e inagotable. La Comisión Nacional ha buscado crear conciencia sobre la existencia de los derechos humanos y la necesidad de que sean respetados. Requerimos un nuevo paradigma cultural que nos haga conscientes y responsables de lo que implica verdaderamente el respeto, la protección y la vigencia de los derechos humanos.

Los abogados son una pieza fundamental del desarrollo del sistema jurídico en todos sus ámbitos. Expreso mi reconocimiento a la labor de los abogados de la CNDH, así como a todos aquellos que pugnan por el respeto y la vigencia de los derechos humanos, que forman parte de una causa noble y grandiosa al poner sus conocimientos al servicio de otros y no temen innovar en la aplicación del Derecho, si eso significa proteger a quienes más lo requieren. Para ellos es este reconocimiento que la revista El Mundo del Abogado hace a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Muchas gracias.

Luis Raúl González Pérez 

 

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1 Horacio Spector, “La filosofía de los derechos humanos”, Isonomía, núm. 15, octubre de 2001, p. 7.

2 Gonzalo Maestro B., “Negociación y participación en el proceso legislativo”, Revista de Derecho Político, núm. 32, Madrid, UNED, 1991, p. 76.

3 María J. Añon R., “Derechos fundamentales y Estado constitucional”, Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furiò Ceriol, núm. 40, 2002, p. 26.

4 Rodrigo Uprimny, “Defensoría y magistratura moral”, El Espectador, Colombia, 28 de noviembre de 2015.

5 Jorge Carpizo, Derechos humanos y ombudsman, op. cit., p. 56.

 

 


Laudatio

 

Por primera vez se otorga este premio a una persona moral: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La CNDH ha sabido honrar, además, la calidad que proclama su denominación: persona moral. Pero no se ignora que, en el fundamento, en la integración y en la obra de la persona colectiva, se hallan los individuos que la fundaron, la engrandecieron y la preservan. En consecuencia, a todos ellos llega también el justo reconocimiento que hoy se confiere a la Comisión.

Heredera de una larga tradición, que tiene su origen en Suecia, hace más de dos siglos, la CNDH enfrentó la violación de esos derechos por parte de quienes debían protegerlos y garantizarlos. Los excesos en las filas de ciertas corporaciones determinaron el establecimiento de la Comisión en la última década del siglo pasado. Desde entonces ha servido a su encomienda con eficacia, vigor y gallardía.

Correspondió a Héctor Fix-Zamudio alentar la creación del ombudsman mexicano. Una institución germinal se fundó en la Universidad Nacional Autónoma de México durante el periodo rectoral de Jorge Carpizo: la defensoría de los derechos universitarios, a cargo del profesor Jorge Barrera Graf. Otro organismo precursor, impulsado por Diego Valadés, apareció en la estructura de gobierno del Distrito Federal: la procuraduría social.

Con el paso de los años y merced a los incesantes trabajos de sus dirigentes y colaboradores, la Comisión adquirió grandeza: pasó de ser un órgano desconcentrado a ser un órgano constitucional autónomo, naturaleza que posee hoy día y que no debe perder. Le ha caracterizado su voluntad de cumplimiento, sin pausa ni fisura, desde los años en que la presidió Jorge Carpizo hasta este momento en que la encabeza Luis Raúl González Pérez, a quien se entrega el premio que corresponde a la institución que él preside con dignidad y entereza.

Por varios conceptos, esa Comisión Nacional ha sido innovadora y fecunda. Su interpretación y su defensa de los derechos humanos ha contribuido a la mejor comprensión de éstos y a su arraigo en nuestro medio. En el ámbito de su competencia, la CNDH abrió horizontes, denunció insuficiencias y desaciertos y propuso rumbos. Lo hizo y lo sigue haciendo contra viento y marea.

Entre los méritos que caracterizan esa trayectoria innovadora de la Comisión Nacional es preciso reconocer que impulsó la recepción nacional del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha sido eje y factor del sistema nacional de protección no jurisdiccional de los derechos fundamentales en nuestro país y ha aportado una visión creativa y progresista de esta materia a través de recomendaciones individuales, recomendaciones generales —muy importantes— y acciones de inconstitucionalidad con las que sale al paso de notorios desaciertos en la regulación jurídica.

Ya es largo el camino recorrido por la CNDH brindando protección a millares —quizás millones— de mexicanos, cuyos derechos han sido vulnerados. En este camino ha enfrentado obstáculos formidables, como suele ocurrir cuando una institución actúa como gladiador de la libertad, el Derecho y la justicia frente a los excesos y las desviaciones del poder público. La Comisión, que forma parte del Estado, no milita por la sombra, sino por la luz; no por la violencia, sino por la razón.

Últimamente, la CNDH ha sufrido nuevos asedios. Se ha querido menoscabarla desde diversas trincheras del poder: no por faltar a sus deberes sino por cumplirlos. Contra ella se han volcado la incomprensión y el autoritarismo. La institución y muchos de sus servidores han pagado un alto precio por la puntual observancia de su misión institucional.

El premio que recibe la Comisión saluda nuevamente la trayectoria histórica de este órgano. Al mismo tiempo, expresa una convicción muy firme sobre la indispensable defensa de los derechos humanos, que constituyen la esencia del Estado social de Derecho y que se hallan en constante riesgo, bajo el acecho de vientos adversos.

Cuando concluyan su tarea, los integrantes de la Comisión Nacional, a la que hoy expresamos nuestro cabal reconocimiento, podrán retirarse con la frente en alto y la conciencia de que han correspondido, en la mayor medida de sus fuerzas, al compromiso jurídico y ético que se halla en la raíz y en el destino de esa noble institución. Lo han hecho para bien de México.

 

Sergio García Ramírez

  

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