Cómo erradicar la corrupción

Cómo erradicar la corrupción

En su comparecencia ante el Senado como aspirante a magistrado de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 17 de julio, Álvaro Castro reflexionó sobre las alternativas que tiene la autoridad jurisdiccional para contribuir a erradicar la corrupción.

 

 

Senador Raúl Paz Alonzo, presidente de la primera comisión —Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia— de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.

Muy apreciables senadoras y senadores, diputadas y diputados:

Buenos días a todos.

 

Uno de los factores más relevantes para explicar la extensión y la frecuencia de la corrupción es la expectativa de impunidad y la ganancia esperada, producto de un acto de corrupción, que conduce a una espiral viciosa, tanto en el sector público como en el privado.

Respecto del sector público, hay quienes han encontrado en la corrupción y la impunidad un modo de vida y fuente de riqueza, bajo el entendido de que es más conveniente no reprochar a los adversarios si éstos tampoco los reconvienen a ellos.

En la raíz de la corrupción se encuentra la decisión individual que adopta una persona para realizar una conducta deshonesta con pleno conocimiento de sus consecuencias. Es decir: “No se nace corrupto, se elige ser corrupto”.

El problema trasciende lo moral y se traduce en inercias para permitir o incentivar que las personas físicas o jurídicas —sea en el ámbito público o privado, sea en ambos en contubernio— realicen conductas corruptas, al punto de considerar que es más rentable violar la ley que obedecerla.

En ese devenir, pueden coordinarse diferentes actores públicos y privados, montando “redes de corrupción”, es decir, organizaciones subrepticias, sofisticadas, simuladoras, suplantadoras, falsificadoras, evasoras, mutantes, efímeras, trianguladoras, muchas veces de operación trasnacional, “de difícil pero no imposible rastreo”.

Ante esa realidad compleja, contamos con una renovada base legal anticorrupción, cuya aplicación habrá que consolidarse; aunada a la alta especialización de los investigadores en diversas materias, y una robusta plataforma digital nacional que integrará y conectará los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información relevante, entre otros instrumentos.

Para muchos, el escenario es francamente desalentador; sin embargo, investigaciones globales revelan que la corrupción puede abatirse.

Una primera línea de embate residiría en nuestra fuerza ética, individual y colectiva, que exalte los mejores valores de nosotros mismos, con el convencimiento de que tolerarla nos denigra y repudiarla nos dignifica.

En un segundo plano, será necesario refrenar la corrupción con el aparato gubernamental, con la punición firme de la norma jurídica y la desarticulación de mecanismos de corrupción cada vez más identificados.

La verdad de las cosas es que no existe receta perfecta ni modelo único contra la corrupción, pero si la unión hace la fuerza, habrá que enfatizar los esquemas de coordinación, colaboración y cooperación que incluya a las autoridades y a la sociedad civil y a sus organizaciones. La responsabilidad exige convicciones firmes, sin claudicación.

A la sazón, los controles del sistema deben estar basados, esencialmente, en los principios sustentadores del orden jurídico y en una vigilada organización administrativa gubernamental para identificar y desmantelar redes de corrupción.

La buena administración, el Estado de Derecho y la ética son aspectos esenciales de la calidad de la democracia. No es exagerado afirmar que en el eficaz combate a la corrupción nos jugamos la viabilidad de nuestras instituciones y la legitimidad de nuestro régimen democrático.

En este sentido, se evidencia como prerrogativa de la administración pública la facultad de imponer sanciones a los administrados y servidores públicos, en ejercicio del jus puniendi del Estado, y como limitaciones, la sujeción a procedimientos formales y el respeto a las garantías de los imputados.

Lo anterior reafirma la importancia del fortalecimiento de la cultura de la legalidad, la aplicación de la ley sin distingos y el respeto ciudadano a la misma; suponiéndose que todos —sociedad y gobierno— debemos asumir las consecuencias de nuestros actos u omisiones.

Igualmente, es necesario reforzar acciones en aras de dignificar el servicio público y de reconocer a quienes no son corruptos; lo mismo para precisar facultades y atribuciones en los distintos instrumentos normativos, evitar dispersión o ambigüedad en los tramos de mando, profesionalizar a las autoridades investigadoras, que revisar el marco legal de las adquisiciones y la obra pública para restringir las excepciones y la discrecionalidad.

En sede jurisdiccional la pauta constante es el estudio riguroso de la ley y sus principios, para fortalecer las cualidades de las magistradas y los magistrados en su alta responsabilidad de “decir el derecho”, y proveerse de herramientas necesarias para tan delicada actividad; entre ellas, la de actuar con autonomía y discernir las faltas administrativas sin cortapisas, basados en el principio de "verdad material", con pleno respeto a los derechos humanos y a los principios de coherencia, exhaustividad y objetividad.

Así, para contribuir a erradicar la corrupción —o, cuando menos, acotarla al mínimo—, es pertinente configurar un comportamiento esperado de la autoridad jurisdiccional, compuesto de lo siguiente: honestidad, es decir, conducirse ejemplarmente, tanto en lo personal como en la función resolutora; integridad moral, que entraña consistencia institucional, profesional, familiar y personal; independencia, que representa conservar la neutralidad y resistir presiones, y conocimiento del contexto socioeconómico, que permita evaluar el impacto de sus decisiones.

Estoy plenamente convencido de que si la ciudadanía observa que las autoridades cumplen la ley; que existe la posibilidad de denunciar y ser atendido; que el funcionario que faltó a su deber y transgredió la norma es sancionado, y que la ley se aplica sin distingos, crecerá en más ciudadanos el respeto por la ley y sus instituciones.

El Sistema Nacional Anticorrupción deberá, en consecuencia, enfocarse en la corrección de las debilidades institucionales; la instauración de mecanismos efectivos para cumplir sus funciones; al establecimiento de un esquema eficaz de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para la indispensable colaboración en la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, y también, profundizar la fiscalización y el control de recursos públicos y posibilitar la integración de la política anticorrupción, donde está llamada a participar activamente la sociedad civil.

Como es fácil advertir, la aprobación y puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción tiene resonancia en la cultura jurídica global porque entraña un verdadero hito en la historia de las instituciones de nuestro país. Por consiguiente, es urgente demostrar que es más beneficioso acabar con la corrupción que seguir tolerándola, y entender también que el objetivo del Derecho administrativo sancionador, como diría el juspublicista Alejandro Nieto, “no es la protección del autor de la infracción, sino su castigo con respeto a las garantías que como ciudadano de un Estado Democrático de Derecho se merece”.

Una sociedad tan solidaria como la nuestra tiene la fuerza para sobreponerse a la corrupción que mina la sana convivencia social, socava el potencial de las políticas públicas y los beneficios del gasto público; porque los ciudadanos saben que la corrupción es indignante, eclipsa los esfuerzos democráticos, traiciona la moralidad pública e individual, inhibe la productividad, la competitividad y la inversión y, por ende, obstaculiza el crecimiento y el desarrollo económicos. Y ante ello decimos con claridad y firmeza: no podrá haber intocables en la lucha contra la corrupción.

Por otra parte, dentro de las múltiples ventajas del Sistema Nacional Anticorrupción están las siguientes: la precisión de conductas como delitos y faltas graves integradas en un catálogo único y nacional; especializa la impartición de justicia en materia de responsabilidad administrativa; incorpora a los particulares vinculados con faltas graves; establece el beneficio de reducción de sanciones a quien confiese su responsabilidad; vigoriza la cultura de la denuncia, y privilegia la inclusión de la “política de integridad” de las personas morales.

Entonces, una de las premisas básicas es que el respeto a la ley debe hacerse todos los días y todas las horas. El combate a la corrupción no debe ser un esfuerzo de moda, episódico o temporal, sino que merece representar una verdadera y permanente prioridad nacional para acotarla y erradicarla. Para ello son necesarias personas con independencia política, decididas, valientes y resueltas, pero respetuosas de los derechos fundamentales.

En el caso de su servidor, puedo decirle a esta honorable asamblea que tengo una trayectoria de casi 40 años en la función pública, donde he ocupado múltiples cargos, entre ellos, que tanto me honra, el de impartidor de justicia por siete años, primero como magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y hoy como magistrado regional metropolitano en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Desde joven me he decantado por el estudio de los distintos aspectos de la responsabilidad pública, entre ellos la patrimonial del Estado que se encuentra desarrollada en libros y ensayos de mi autoría. Además, he impartido clases durante 20 años en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, principalmente.

 

Señoras y señores:

No quisiera terminar esta primera intervención sin antes hacer un respetuoso exhorto a revisar los tiempos que apuntan la justificada urgencia del combate a la corrupción. Todos sabemos que estamos compareciendo más de dos años después de la designación para esta altísima responsabilidad y también estamos conscientes de la presentación de sendas iniciativas de reforma constitucional que pretenden modificar la anterior de 2015, que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción —aún no plenamente integrado— en el que se invirtieron varios años de estudio y trabajo previo por parte de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil interesadas en el tema.

En todo caso, debemos tener presente la aplicación de las leyes en el tiempo, pues el que tome este nuevo proceso legislativo constitucional y de adecuación de leyes reglamentarias será, por lo menos, provechoso para los agentes de la corrupción, para quienes el tiempo corre a su favor considerando los plazos de prescripción de la ley.

Por su atención, muchas gracias.

 

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