El tiempo nos alcanzó

El tiempo nos alcanzó

En el discurso que pronunció en la inauguración del VIII Foro de Seguridad y Justicia, que se realizó en la Ciudad de México los días 7 y 8 de junio, Miguel Carbonell hizo un recuento de los avances que se tienen a nivel nacional al finalizar el plazo para implementar la reforma al sistema de justicia penal, y señaló los puntos clave en los que habrá que fijar la atención para garantizar su consolidación.

 

El tiempo nos alcanzó. Parecía lejana la fecha del 18 de junio de 2016 y aquí estamos, a escasos 11 días de que venza el plazo para tener funcionando en todo el país, y para todo tipo de delitos, el nuevo procedimiento penal, basado en las audiencias orales y en la aplicación de los métodos alternos de solución de controversias.

Luego de miles y miles de horas de capacitación, de cientos de foros y seminarios de análisis, de cambios legislativos de enorme magnitud, de haber invertido más de 21,000 millones de pesos, llega la hora cero, el minuto inaugural del nuevo procedimiento penal mexicano.

A partir del primer momento del 18 de junio sabremos si todos los actores estuvieron a la altura del enorme desafío que supone dotarnos de un procedimiento penal más transparente y más justo. Aunque no hace falta esperar hasta entonces para saber que algunas autoridades nos quedaron a deber. Por ejemplo, el Poder Legislativo federal prefirió faltar a su compromiso de tener las principales leyes del nuevo sistema de justicia penal aprobadas a tiempo. No se trata de que las saquen al vapor, sobre las rodillas, apenas unas horas antes de que fenezca la vacatio legis. Simplemente no les dio la gana aprobar con suficiente antelación leyes tan importantes como la que habrán de regir todo el procedimiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, la que regirá la ejecución de las sanciones o, por citar un ejemplo más, las indispensables reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es una lástima que ni eso hayan podido hacer nuestros representantes populares. Tuvieron tiempo suficiente y de sobra, pero sus intereses y su atención parecieron estar en otro sitio. Hagamos votos para que puedan remontar dichas omisiones en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso que habrá de empezar dentro de unos días.

La reforma de nuestro procedimiento penal tiene como objetivo central reducir la impunidad, lograr un respeto absoluto a los derechos humanos, racionalizar las penas y, en particular, el abuso de la prisión preventiva, tener un sistema más eficiente al concentrar el poder punitivo del Estado en los delitos que más dañan a los individuos y a la comunidad, así como generar confianza ciudadana.

La mayor responsabilidad recae en las entidades federativas, pues son de su competencia 92 por ciento de todos los asuntos penales del país; 2 por ciento corresponde a conductas de adolescentes en conflicto con la ley penal y 6 por ciento son de la competencia del fuero federal. En el México plural que vivimos hemos visto gobiernos locales muy comprometidos con la reforma penal, otros que han cumplido a duras penas y otros más que simplemente han preferido dejar que pase el tiempo sin hacer nada, para heredar a sus sucesores el problema. Cabe felicitar a estados como Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Yucatán, que han hecho un buen trabajo implementando la reforma penal. Lamentamos el enorme rezago y la falta de compromiso que se observa en estados como Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala.

Una de las piezas centrales del sistema son los métodos alternativos de solución de controversias; en la llamada “justicia alternativa” trabajan 1,225 personas, quienes en 2014 atendieron 136,115 casos en 27 entidades federativas (61 por ciento fueron casos resueltos por mediación y 15 por ciento por conciliación).

A partir de ese dato podemos comenzar a responder la pregunta acerca de si es o no importante haber implementado bien la reforma penal. Miremos los datos: 39 por ciento de los casos en Chihuahua fueron desahogados por métodos alternativos gracias al buen trabajo de implementación realizado; pero solamente 0.51 por ciento en Sonora, el estado más rezagado en el tema.

Hay otros datos que apuntan en la misma dirección. Mientras que en Chihuahua hay 18.8 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, en Sonora hay sólo 2.9. El promedio nacional es de 10. Y es más alto en los estados en los que la reforma penal ya funciona: 16 en Yucatán, 14 en Chiapas, y 12 en Morelos y en Durango.

Mientras que en el sistema tradicional se resuelve una de cada seis averiguaciones previas, en el nuevo sistema se resuelve una de cada cuatro carpetas de investigación. Aunque las variaciones son grandes: 66 por ciento de carpetas resueltas en Oaxaca (con reforma funcionando), contra 6 por ciento de averiguaciones previas resueltas en Tabasco (sin reforma).

Falta mejorar nuestro diseño institucional, sobre todo para fortalecer las defensorías públicas; 84 por ciento depende indebidamente del Poder Ejecutivo en las entidades federativas. Su presupuesto representa apenas 2 por ciento del total destinado a los operadores del sistema penal (921 millones de pesos en 2015). Solamente en seis estados las defensorías públicas tienen peritos propios.

En las entidades en las que ya funciona la reforma hay, en promedio, 3.06 defensores por cada 100,000 habitantes; en los estados sin reforma hay 2.46.

En los estados con reforma cada defensor debe atender 60 casos anualmente; en los estados sin reforma debe atender 174 casos.

En las entidades con reforma los defensores públicos ganan en promedio 20,136 pesos; en los estados sin reforma, 10,744 pesos.

Uno de los grandes protagonistas del nuevo sistema es el llamado “procedimiento abreviado”. En las causas que ya se han ventilado bajo la competencia de autoridades federales, 90 por ciento se ha resuelto mediante este tipo de procedimiento. En las entidades federativas hay muchas variaciones, ya que mientras en Baja California 62 por ciento de los asuntos se van en procedimiento abreviado, esa cifra es apenas de 17 por ciento en Guanajuato o de 21 por ciento en Tabasco. Lo cierto es que son pocos los casos que llegan a la etapa de juicio oral, lo que viene a demostrar que las salidas alternas y el procedimiento abreviado están funcionando de forma adecuada en términos generales. En el Estado de México, de cada siete causas que ingresan al Poder Judicial una termina en la etapa de juicio oral. En Baja California hay un juicio oral por cada 102 casos que ingresan a conocimiento del Poder Judicial. Menos casos llegan a sentencia dictada en la etapa de juicio, pero se trata de casos en que se ventilan delitos de mayor impacto social: la sanción promedio pasó de 420 679 días de prisión.

Es fundamental que las autoridades de las procuradurías y las fiscalías del país estén bien preparadas para presentar sus casos ante los jueces, porque de lo contrario los abogados defensores van a comenzar a ganarles cada vez más. En el sistema antiguo 93 por ciento de todas las sentencias penales de primera instancia eran condenatorias. El órgano acusador tenía enormes ventajas para obtener una sentencia de ese tipo. Con el nuevo sistema la cancha se empareja. En Morelos 56 por ciento de las sentencias son absolutorias; y en Tabasco 90 por ciento también lo son. Pero, por ejemplo, en Baja California solamente 11 por ciento de las sentencias son absolutorias bajo las reglas del nuevo sistema. No se trata, por lo tanto, de un problema de diseño del sistema, sino de capacidad institucional para hacer buenas investigaciones y presentar teorías del caso sólidas.

El nuevo sistema penal permite ganar celeridad en la impartición de justicia. En el sistema anterior un proceso penal duraba en promedio 185 días en su primera instancia. Hoy los mecanismos alternativos permiten obtener soluciones justas sólo en 30 días.

Hemos ganado también en términos de costos económicos. Cada proceso del sistema inquisitivo mixto costaba en promedio 15,198 pesos. En los asuntos resueltos por métodos alternativos bajo el nuevo sistema el costo es de 1,566 pesos en promedio.

Hemos ganado al aplicar medidas cautelares distintas de la prisión. Cada interno en nuestras cárceles cuesta diariamente en promedio 220 pesos, pero medidas cautelares distintas a la privativa de libertad tienen un costo diario de 11 pesos en Morelos y de 40 pesos en Baja California.

Gracias al nuevo sistema penal, entre 2008 y 2016 unas 70,000 personas evitaron sufrir prisión preventiva. La tasa de presos en prisión preventiva ha bajado de 45 a 25 por ciento en Nuevo León y de 47 a 29 por ciento en Morelos.

El 18 de junio no finaliza nada. Por el contrario, arranca una nueva etapa de la consolidación de nuestra justicia penal. Una etapa en la que habrá que seguir haciendo esfuerzos extraordinarios y respecto de la cual todos tendremos tareas pendientes de la mayor relevancia. A partir de esa fecha habrá que trabajar al menos en los siguientes seis puntos:

1)Informar a la sociedad acerca del nuevo sistema y de las reglas que se aplicarán (sobre todo en materia de prisión preventiva y de presunción de inocencia, incluyendo sobre todo a los medios de comunicación).

2)Formar abogados que dominen las técnicas de litigación oral, para evitar que sigan leyendo en las audiencias y que el principio de defensa adecuada siga siendo una quimera.

3)Capacitar a funcionarios públicos para que hagan investigaciones profesionales, recaben pruebas científicas y se desempeñen con éxito en las distintas etapas del procedimiento penal.

4)Complementar el marco jurídico para que las reglas de funcionamiento del sistema estén claras y sean conocidas por todos los operadores.

5)Desarrollar interpretaciones jurisprudenciales para que los órganos del Poder Judicial de la Federación definan criterios de aplicación de la nueva normatividad.

6)Contar con mecanismos de evaluación y seguimiento de la marcha cotidiana de la reforma, casi en tiempo real. Esta puede ser la tarea que haga la SETEC cuando venza su mandato legal, lo que ocurrirá antes de finalizar el año.

Nunca en la historia jurídica de América Latina se ha intentado una reforma del alcance de nuestra transformación del procedimiento penal. Se suelen citar los casos de Colombia y Chile, pero sus condiciones geográficas, su número de habitantes, la extensión de sus territorios y hasta su forma de gobierno (se trata de países centralistas, no federales como México), hacen que la comparación sea imposible. En 2008 México decidió emprender una transformación jurídica de proporciones heroicas. Nos toca ahora, entre todos, convertir tales propósitos en realidades cotidianas. No nos demoremos. La tarea no ha terminado. Apenas comienza.

Notas

* Investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Derecho de la misma Universidad.

5559-2250 / 5575-6321 / 5575-4935 - Aviso de Privacidad - Términos y Condiciones

El Mundo del Abogado