Futbol y derechos fundamentales

Futbol y derechos fundamentales

  

El 11 de abril de 2018 la primera sala del Tribunal Constitucional Federal alemán dictó una sentencia** que resolvió una queja constitucional —proceso similar al amparo— relativa a la prohibición de acceder a estadios de futbol, impuesta a un seguidor del Bayern Múnich que supuestamente participó en disturbios durante un partido. El autor nos ofrece su traducción de los considerandos de dicha resolución, la cual es importante porque analiza cómo y con qué alcances los derechos fundamentales tienen efectos entre particulares.

 

 

1. La decisión constitucional de las sentencias impugnadas se ajusta al principio de eficacia indirecta frente a tercero (mittelbare Drittwirkung) de los derechos fundamentales.

a) Las sentencias impugnadas se refieren a una disputa jurídica entre particulares contrapuestos respecto de los alcances frente a tercero de sus facultades de Derecho civil derivadas de la propiedad y de la posesión. De acuerdo con jurisprudencia constante, los derechos fundamentales pueden, en tales controversias, tener vigor en virtud de la eficacia mediata frente a tercero […] Según esto, los derechos fundamentales principalmente no obligan de modo inmediato a que los particulares se sometan por sí mismos a otro. En cambio, despliegan un efecto de irradiación también sobre las relaciones jurídicas privadas, y los tribunales ordinarios —en especial a través de las cláusulas generales del Derecho civil y los conceptos jurídicos indeterminados— los hacen valer en la interpretación del Derecho ordinario. Los derechos fundamentales con ello despliegan su eficacia como decisiones axiológicas de Derecho constitucional e iluminan como “líneas directivas” al Derecho civil […] En este sentido, la jurisprudencia también ha hablado de los derechos fundamentales como un “orden de valores objetivos” […] Así, ellos no tienden a una consecuente minimización al máximo posible de las intervenciones restrictivas de la libertad, sino que han de desplegarse como decisiones fundamentales en equilibrio y con libertad igualitaria. La libertad de uno debe ponerse en consonancia con la libertad del otro. De esta manera, las posiciones iusfundamentales en colisión han de entenderse en su reciprocidad, y, según el principio de concordancia práctica, ponerse en equilibro de tal manera que para todas las partes sean eficaces en el modo más extenso posible […]

Los alcances de la eficacia iusfundamental indirecta dependen de las circunstancias del caso concreto. Es determinante que las esferas de libertad de las ciudadanas y de los ciudadanos tengan que ponerse en tal equilibrio que las decisiones axiológicas subyacentes a los derechos fundamentales se hagan valer de modo suficiente. Para ello pueden tener un papel decisivo la inevitabilidad de las situaciones, el desequilibrio entre las partes que se oponen, el significado social de determinados resultados o el poderío social de una parte […]

b) La interpretación y la aplicación del Derecho civil incumbe a los tribunales ordinarios. Regularmente no toca al Tribunal Constitucional Federal prescribir a los tribunales civiles cómo han de decidir en cuanto al resultado […] El umbral de una contravención al derecho fundamental, que ha de corregir el Tribunal Constitucional Federal, sólo se alcanza si se advierten errores en la interpretación del tribunal civil que se basen en una fundamentalmente incorrecta apreciación del significado de los correspondientes derechos fundamentales, y que también sea de cierto peso en su significado material para el caso concreto, en especial porque con ella se vulnere la ponderación de las posiciones jurídicas de ambas partes en el marco de la regulación jurídica privada […]

2. Las sentencias impugnadas se apoyan en […] los alcances del derecho privado al domicilio que tienen los operadores de estadios frente al fanático futbolístico que desea acceder a ellos. Desde el punto de vista constitucional, debe observarse aquí la garantía de propiedad del artículo 14.1 de la Ley Fundamental, al igual que la tutela ante un arbitrario trato diferenciado según el artículo 3.1 de la Ley Fundamental.

a) La demandada invoca como operadora de estadio su derecho privado al domicilio. Éste se halla protegido por el artículo 14.1 de la Ley Fundamental. Los artículos 862 y 1004 del Código Civil, adoptados por el tribunal civil a este respecto, y el derecho al domicilio que se desprende de la propiedad o la posesión básicas del Derecho civil, conforman la garantía constitucional de propiedad para el Derecho privado. En esta medida, los derechos de la operadora del estadio en la controversia de Derecho civil han de interpretarse de una manera que den cuenta del contenido de la libertad de propiedad según el artículo 14.1 de la Ley Fundamental.

[…]

Sin embargo, el agravio en cuestión, relativo a la exclusión de partidos de futbol, no encuentra su equilibrio constitucional en el significado y en la extensión de la aquí presente restricción de [la] libertad [genérica de acción], sino en la prohibición de participar en un gran evento abierto para un público amplio. El núcleo de la queja constitucional es el trato diferenciado frente a todos aquellos que pueden acudir al estadio. En este sentido, la Constitución no requiere en el presente caso sopesar constitucionalmente el concreto deseo del quejoso de asistir a juegos de futbol, y situarlo desde la perspectiva de la libertad genérica de acción en la interpretación del Derecho civil y de la ponderación.

c) Frente al derecho de propiedad de la titular del estadio derivado del artículo 14.1 de la Ley Fundamental debe observarse en el presente litigio el mandato de trato igualitario del artículo 3.1 de la Ley Fundamental.

Pero el artículo 3.1 de la Ley Fundamental no contiene un principio constitucional objetivo según el cual las relaciones jurídicas entre particulares en principio hubieran de conformarse de modo igualitario. Exigencias en ese sentido tampoco resultan del principio de la eficacia indirecta frente a tercero [de los derechos fundamentales]. Pertenece fundamentalmente a la libertad de cada persona determinar según sus propias preferencias respecto de con quién, cuándo y bajo qué condiciones celebra contratos, y también cómo quiere con ello hacer uso de su propiedad. Esta libertad es configurada del modo más próximo, y muchas veces delimitada, por el Derecho civil; para ello, éste se halla sujeto a exigencias específicas a causa de la Constitución. En cambio, en el sentido de una eficacia indirecta frente a tercero [de los derechos fundamentales], del artículo 3.1 de la Ley Fundamental no se sigue un principio general según el cual las relaciones contractuales privadas siempre estén sujetas a las exigencias de justificación del mandato de trato igualitario. Sobre eventuales exigencias adicionales derivadas de derechos especiales de igualdad según los artículos 3.2 y 3.3 de la Ley Fundamental no ha de decidirse aquí.

Sin embargo, del artículo 3.1 de la Ley Fundamental pueden derivar exigencias del derecho de igualdad para la relación entre particulares aplicables en constelaciones específicas. Una constelación de esta clase subyace a la aquí cuestionada prohibición de acceder a estadios, de extensión federal. Decisivo para la eficacia indirecta frente a tercero del mandato de trato igualitario es el carácter unilateral de la exclusión de actos, apoyada por el derecho al domicilio, que en razón de la propia decisión del organizador están abiertos a un gran público sin consideración de persona alguna, y que resuelve para la persona a quien se dirige su participación en la vida social en un alcance considerable. En tanto un particular pone en marcha un evento así, a causa de la Constitución surge para él una especial responsabilidad jurídica. No le está permitido ejercer su poder de decisión, que en este caso resulta del derecho al domicilio —así como posiblemente en otros casos de un monopolio o de una superioridad estructural—, para excluir a determinadas personas de tales eventos sin razones materiales. El reconocimiento constitucional de la propiedad como derecho absoluto, y el poder de determinación del tenedor del domicilio que resulta de él, relacionados con la vinculación social de la propiedad (artículo 14.2 de la Ley Fundamental), han de ponerse aquí en equilibrio con el efecto de irradiación del mandato de trato igualitario que debe observar el tribunal [ordinario].

Por la materia, igualmente halla consideración el derecho a la participación en la vida cultural conforme al artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ([…] cf., en relación con eventos deportivos generalmente accesibles, también la posición del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 21 [2009], […] párrs. 13 y 16).

[…]

3. Corresponde primeramente a los tribunales civiles solucionar la relación de tensión entre las facultades propietarias y el mandato de trato igualitario al enjuiciar una prohibición de acceso a estadios apoyada por el derecho privado al domicilio; ellos tienen para esto un amplio margen de actuación. El Tribunal Constitucional Federal sólo interviene si se advirtieran errores interpretativos basados en una apreciación fundamentalmente incorrecta del significado de los derechos fundamentales […] A este respecto, no es determinante que para hacer valer sus estimaciones los tribunales civiles invoquen los derechos fundamentales mismos, o que las efectúen por medio de consideraciones jurídicas ordinarias y recurriendo a principios de interpretación del Derecho civil, y con ello mantengan abierto el ordenamiento jurídico a desarrollos ulteriores. Solamente es decisivo que en el resultado se dé suficiente cuenta de las estimaciones iusfundamentales.

a) Por tanto, y considerando el mandato de trato igualitario, los tribunales civiles deben asegurar que las prohibiciones de acceder a estadios no se establezcan arbitrariamente, sino que tengan que basarse en razones materiales. Les incumbe especialmente concretizar de manera próxima el prescrito equilibrio de las facultades del propietario en vista de las circunstancias fácticas bajo las cuales se da dicho veto, con su efecto previsto al igual que con la responsabilidad de la persona a quien se dirige. No es de objetarse constitucionalmente que los tribunales vean una razón material para imponer una prohibición de acceder a estadios incluso en la preocupación fundante de resultar de una persona el peligro de futuros disturbios. En vista del justificado interés del operador del estadio a que los juegos de futbol transcurran libres de disturbios y a su responsabilidad para con la seguridad de los deportistas y del público, no se requiere aquí que se demuestre una conducta contraria a Derecho o delictiva. Basta con que la preocupación por futuros disturbios por parte de los destinatarios [de dicha medida] se apoye en hechos concretos y comprobables. A ello corresponde que también de otra manera se reconozcan en el Derecho civil sanciones en conexión con una situación de sospecha que las funde.

b) Con la exigencia de una razón material para imponer una prohibición de acceder a estadios se vinculan requerimientos procedimentales. Los operadores de tales sedes tienen especialmente que emprender esfuerzos razonables para esclarecer los hechos. A esto corresponde básicamente en todo caso la audiencia previa del destinatario. También ha de fundarse la decisión cuando lo solicite, para hacer posible que el destinatario haga valer sus derechos.

El reconocimiento de tales derechos procedimentales no se opone al carácter civil de la controversia. Es verdad, por cierto, que carecen de fundamento en el Derecho civil cuando se trata del intercambio de prestaciones que queda a la libre voluntad de las partes. No estando desde un principio las decisiones jurídicas privadas en contraposición de las posiciones jurídicas propias de un tercero, y pudiéndose regularmente resolver sobre ellas sin considerar los intereses de la contraparte, por regla general en ningún caso son exigibles tales derechos. Mas es diferente lo anterior en la medida en que el mandato iusfundamental de trato igualitario irradia a la relación jurídica entre las partes, y la denegación de una prestación requiere una razón que la justifique. Cuando aquí se trata de la decisión que fácticamente tiene el efecto de una sanción, basada en el derecho al domicilio, y la cual exige frente al destinatario una razón sólida, en todo caso han de observarse exigencias fundamentales que hagan posible al destinatario controvertir los reproches [que se le dirigen] y hacer valer oportunamente sus derechos según la exposición de su perspectiva. Lo anterior no excluye que, en casos justificados, al principio se emita la decisión sin audiencia, y que ésta pueda buscarse con posterioridad. Tales derechos procedimentales normalmente no son extraños para el Derecho civil […]

También aquí corresponde primeramente a los tribunales ordinarios la concretización próxima de los requisitos. Los tribunales ordinarios asimismo han de concretizar qué esfuerzos de los operadores de estadios son razonables para el esclarecimiento de los hechos, así como las exigencias de una audiencia previa y, en su caso, la motivación. En esto también debe tomarse en cuenta el carácter masivo de los grandes eventos deportivos, al igual que los riesgos específicos que surgen por los grupos de fanáticos dispuestos a la violencia y los intereses de los proscritos del estadio.

a) El Tribunal Federal confirma que la prohibición de acceder a estadios dictada contra el quejoso es apegada a Derecho, porque puede apoyarse en una razón material. Sus consideraciones al respecto resisten a las exigencias constitucionales de eficacia frente a tercero del artículo 3.1 de la Ley Fundamental.

aa) La fundamentación del Tribunal Federal no se coloca en el punto de vista de que la decisión sobre un veto de estadios queda a la libre voluntad del promotor, sino que para ella requiere una razón material. Semejante razón se da en el riesgo de que el destinatario vaya a producir futuros disturbios en eventos deportivos. La suposición de dicho peligro no debe apoyarse en temores subjetivos sino en hechos objetivos.

Este punto de partida se corresponde con las expuestas exigencias constitucionales. El Tribunal Federal recoge en esta constelación la pretensión del quejoso de una decisión libre de arbitrariedad resultante de que los valores del artículo 3.1 de la Ley Fundamental se hagan efectivos también en las relaciones jurídicas privadas, y la pone en equilibrio con el derecho de la operadora del estadio de configurar los partidos de futbol en él conforme a su propio concepto, y en especial según las precauciones de seguridad de que es responsable. Que para ello el Tribunal Federal no haya querido basarse en “ninguna exigencia exorbitante” es inherente al marco de valoración de la jurisdicción ordinaria a la vista de las particularidades de los grandes eventos deportivos que de modo próximo le corresponde apreciar.

bb) En consonancia con la promotora del estadio demandada, las decisiones judiciales impugnadas ven la base material para el establecimiento original de la prohibición de acceso a estadios en la conducción de un procedimiento de averiguación ante la Fiscalía, sobre el cual en aquel momento no se había decidido. La conducción de un procedimiento de averiguación presupone en virtud de la ley una sospecha inicial basada en hechos. Ya que a este respecto el promotor no tuvo a su disposición mejores medios de convicción, éstos le permitieron, en la extensión en que había transcurrido el procedimiento de averiguación, apoyarse en las apreciaciones de las autoridades de seguridad. Para ello, el Tribunal Federal igualmente confirmó la admisibilidad jurídica de la regulación del artículo 4.3 de los SVRL1 como parámetro directivo interno aplicable al caso.

Contra lo anterior no hay objeciones constitucionales que formular. Como explícitamente señaló, no mediante un control de plausibilidad, el Tribunal Federal proscribió al organizador a excluir casos en que un procedimiento fuera conducido de modo evidentemente arbitrario o con base en erróneas suposiciones de hechos. Pero no es absurdo que por lo demás el promotor del estadio pueda adherirse a la apreciación de la Fiscalía dentro del aún pendiente desenlace del procedimiento de averiguación. Por el justificado interés de los operadores de estadios a adoptar medidas para garantizar al máximo la seguridad, no es de suponerse que tengan que esperar el resultado de la averiguación.

cc) Además, el Tribunal Federal señaló que el sobreseimiento del procedimiento no suprime el motivo de fondo para la prohibición de acceder a estadios. Es verdad que, conforme al artículo 153 del Código de Procedimientos Penales, en virtud del sobreseimiento no puede asumirse que el quejoso mismo ha incurrido en un acto delictivo. No obstante, con el sobreseimiento del procedimiento no se anulan las circunstancias que en un comienzo fundaron el principio de sospecha para la conducción del procedimiento y también la ulterior inquietud por futuros disturbios por parte del quejoso. Éste conscientemente se situó en un entorno propicio a actividades violentas, en función del cual efectivamente fueron perpetrados actos de violencia. Con referencia a las correspondientes constancias del Tribunal de Primera Instancia, se apoya la resolución de que el quejoso pertenece a un grupo […] con disposición a la violencia, y que luego del juego en cuestión se encontraba en un grupo del cual en efecto surgieron provocaciones y delitos de lesiones en un alcance considerable.

Lo anterior permitió al Tribunal Federal ver una razón material que permite sostener la prohibición de acceder a estadios. A este respecto, el tribunal no parte a ciegas de que la averiguación continúe justificando la interdicción aun luego de su sobreseimiento, sino que ahora sostiene la prohibición de acceder a estadios con la comprobación firme para él de una justificada preocupación, incluso posterior al sobreseimiento del procedimiento, de que el quejoso originaría futuros disturbios […]

b) Igualmente, la queja constitucional no puede prosperar a la vista de las exigencias procedimentales.

Sin embargo, existen dudas sobre si los requisitos del operador del estadio en los que se basa el Tribunal Federal para la concesión de una audiencia satisfacen plenamente las exigencias constitucionales. Mas sobre lo anterior no se requiere decisión alguna […] Para lo que concretamente está en litigio, la prohibición de acceder a estadios que entretanto finalizó, en el marco del proceso civil el quejoso tuvo por lo menos posteriormente la posibilidad de controvertir los motivos para adoptar dicha medida y obtener audiencia a tal efecto.

 


 

* Doctor en Derecho por la UNAM, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán e investigador nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores. Twitter: @RSanchezGil.

** Expediente 1 BvR 3080/09. Original alemán en http://bit.ly/2w2Dsbk. Véase la versión inglesa del respectivo comunicado de prensa en http://bit.ly/2Jz1ZHg.

[1] Lineamientos para el Manejo Unificado de la Prohibición de Acceso a Estadios (de modo abreviado: “Lineamientos de Prohibiciones”) de la Federación Alemana de Futbol. Véase el párrafo 4 de esta misma sentencia.

 

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