¿La marca "Escuela Libre de Derecho" es un ejemplo de la capacidad distintiva adquirida?

¿La marca "Escuela Libre de Derecho" es un ejemplo de la capacidad distintiva adquirida?

Ante la demanda que hizo la Escuela Libre de Derecho para que la Escuela Libre de Derecho de Chiapas no pudiera seguir usando esa denominación, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció el caso. Negó a la Escuela Libre de Derecho la exclusividad que pretendía, aduciendo que ser una escuela libre no es una marca, como no lo es ser un instituto tecnológico o un centro universitario. A continuación publicamos una síntesis del voto particular del magistrado disidente.

 

Las marcas son el instrumento a través del cual los empresarios buscan preservar y aprovechar el crédito comercial que van obteniendo en el comercio, esto es, la preferencia de los consumidores respecto de sus bienes y servicios.

Es por ello que la doctrina ha establecido categóricamente que la principal función de un signo distintivo es la identificación, como consecuencia de ser el único nexo entre el público y los proveedores de los diversos insumos que se ofertan en el mercado.

En este orden de ideas, se debe concluir que la principal función de un signo distintivo es, al mismo tiempo, el primer requisito que debe satisfacer para ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Corrobora lo anterior el hecho de que todas las hipótesis previstas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial para rechazar el registro de una determinada marca reflejan supuestos en los que un signo es incapaz de cumplir tal labor, ya sea por una deficiencia en su propia constitución, esto es, por ser descriptivos, genéricos o engañosos (motivos absolutos), o por inducir a error en el público respecto de otro signo previo, afectando con ello derechos de terceros (motivos relativos).

El uso del signo: un mecanismo para generar su capacidad distintiva

La capacidad distintiva de una marca resulta de la mayor o la menor aptitud que tiene para identificar en el comercio a una empresa en particular como el origen del producto o servicio al que se aplica.

A efecto de resolver si un signo es, por su propia conformación, capaz o no de cumplir esa función, es necesario verificar, en primer lugar, si el vocablo o diseño que lo integra tiene o no, per se, una conexión con el bien o servicio al que se aplica.

Si lo describe de forma directa inmediata (descriptividad) o constituye una referencia genérica usual de él (genericidad), la consecuencia inmediata es, en principio, negar su inscripción, pues carecería de justificación otorgar a un solo agente económico la exclusividad sobre un vocablo o elemento gráfico que es de empleo regular en una determinada actividad comercial.

Sin embrago, la propia dinámica comercial ha demostrado que la incapacidad distintiva con la que, en principio, pudiera verse afectado un determinado signo por su composición, puede ser superada por el propio uso que de él se haga en el comercio.

En efecto, hay ocasiones en que el desarrollo de una determinada actividad económica dentro de una localidad, junto con el desempeño que en particular realiza alguno de sus participantes, es capaz de generar que un determinado vocablo, diseño o embalaje funcione, en realidad, como el medio para identificar en el comercio a un fabricante o prestador de servicios particular, y no al bien o servicio per se.

Esta ponderación no es contraria al Derecho marcario, sino que, por el contrario, es acorde con su propia naturaleza, si se toma en cuenta que es el instrumento concreto a través del cual se busca preservar una competencia leal en el mercado, al garantizar tanto la protección del mecanismo mediante el cual se resguarda el crédito comercial de un empresario, como la preservación del libre empleo de todos aquellos elementos que en cada actividad mercantil sean necesarios por quienes participan en ella para informar respecto de alguna cualidad de sus insumos o servicios.

Por esto, Carlos Fernández Novoa refiere, en su obra Tratado sobre Derecho de marcas, que el carácter absoluto de ciertas prohibiciones, como es la descriptividad o genericidad del signo, es susceptible de relativizarse por la forma en que se ha empleado cierto signo en el transcurso del tiempo al grado de que la elimina, circunstancia que, aun cuando paradójica, es totalmente congruente con la naturaleza del Derecho marcario, pues su capacidad distintiva debe ser valorada en razón de si es o no apta de generar en el consumidor una asociación con un origen en particular.

Este fenómeno ha sido identificado por la doctrina como “significado secundario”, el cual, si bien no está expresamente reconocido en la Ley de la Propiedad Industrial, lo cierto es que, como se explicó, es connatural al propio Derecho marcario, motivo por el cual debe ser considerado por quienes tienen a su cargo la aplicación del ordenamiento referido, máxime si se toma en cuenta que, como contrapartida de dicho fenómeno, encontramos el diverso denominado “vulgarización” de las marcas, esto es, la pérdida de su capacidad distintiva como consecuencia de que su empleo ha sido efectuado de tal forma que el público lo identifica, en realidad, como un término genérico o descriptivo, y no a una empresa en particular, aspecto que se encuentra previsto en el artículo 153 de la legislación mencionada, al ordenar la cancelación del registro de un signo que actualice tal supuesto.

Escuela Libre de Derecho: un ejemplo de capacidad distintiva adquirida

Mediante decreto publicado el 23 de noviembre de 1929 en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal reglamentó el funcionamiento de las escuelas libres, denominación que, conforme a su primer artículo, tenía como propósito identificar a aquellas instituciones docentes operadas por el sector privado cuyo objeto era impartir educación artística, secundaria, preparatoria o profesional.

Si bien la norma referida permitiría asumir, como inmediata e irreflexiva conclusión, que el vocablo “escuela libre de derecho” no es capaz de cumplir con la función de una marca, lo cierto es que su realidad histórica demuestra lo contrario, como se explica a continuación.

En primer lugar, no debe perderse de vista que la razón por la cual fue expedida dicha normatividad, como lo revela el contenido del propio decreto, fue la necesidad de reconocer validez oficial a los estudios superiores que se realizaban, en ese entonces, en las escuelas privadas (escuelas libres) a efecto de sentar las bases de su organización y, con ello, estimular el desarrollo de las ya existentes y generar la formación de nuevos centros educativos similares, ante la necesidad del gobierno revolucionario “de que los presupuestos puedan dedicarse en toda su amplitud al fomento de la enseñanza secundaria, técnica, primaria y rural de las clases trabajadoras de la República”.

La justificación anterior, como toda norma jurídica, tiene un porqué fáctico; a saber, que hasta ese momento, esto es, 1930, la educación media superior en el país sólo era impartida con reconocimiento oficial por centros educativos dependientes del Estado, aun cuando existían escuelas constituidas por la iniciativa privada, por lo que, ante la necesidad de brindar mayor atención presupuestaria a la educación primaria, secundaria y técnica, pero sin desatender la media superior, se estimó oportuno validar los estudios de las “escuelas libres” existentes y, con ello, estimular la generación de nuevos centros educativos privados respecto de ese nivel educativo.

Por otro lado, de la información disponible en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública se puede deducir solamente la existencia de dos “escuelas libres” con antelación al decreto referido; a saber, la Escuela Libre de Derecho y la Escuela Libre de Homeopatía, y los estudios de éstas fueron reconocidos mediante decretos del 29 de enero de 1930.

Asimismo, se advierte que, con posterioridad a 1930, se han otorgado a diversas entidades privadas sendas autorizaciones que reconocen validez oficial a los estudios de nivel medio superior que proveen, sin que incluyan en su denominación de forma regular el vocablo “escuela libre”; a saber, por citar algunos ejemplos, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1952), el Instituto Tecnológico de México (1963) y el Liceo Franco-Mexicano (1972).

Finalmente, diversos sitios webs revelan que la Escuela Libre de Derecho no sólo es, después de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la institución académica jurídica más longeva del país, sino que su aparente desproporción entre su antigüedad y el número de sus egresados se explica por su política restrictiva de ingreso y, sobre todo, por su alta exigencia académica, circunstancia que le ha valido un alto reconocimiento a nivel nacional, reconocimiento y longevidad que le han redituado ser identificada de forma regular en un contexto jurídico-académico como “La Libre”, lo que se corrobora de su página electrónica.

Por lo tanto, resulta patente que la denominación “Escuela Libre de Derecho” es un signo que ha adquirido capacidad suficiente para identificar a un centro de enseñanza en particular.

En efecto, aun cuando el vocablo “escuela libre” surgió con el propósito de identificar un género específico de estos centros de enseñanza, a saber, aquellos que son constituidos y operados por la iniciativa privada con el objeto de impartir educación media superior, lo cierto es que actualmente ya no tiene esa significación informativa, puesto que: a) no fue empleado de manera regular por las entidades privadas de enseñanza superior con posterioridad a 1930 para identificarse; b) la participación de esa clase de prestadores de servicios en nuestro país tiene ya una presencia considerablemente longeva y c) ha sido utilizado durante un considerable tiempo de forma única por la Escuela Libre de Derecho para identificar los servicios de enseñanza jurídica que provee, habiendo adquirido un alto reconocimiento del público, circunstancias que, en su conjunto, permiten asumir que se trata de un signo que ha adquirido, en razón de su empleo y sus circunstancias, suficiente capacidad de distinguir un origen en particular.

 


 

* Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, presidente del Pleno de Circuito en Materia Administrativa y coordinador general de magistrados del Primer Circuito. 

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