Miguel Carbonell

Miguel Carbonell

Discurso de Miguel Carbonell al recibir el Premio a la Innovación Jurídica 2018.

 

Muy buenas noches a todos y a todas. Quiero comenzar esta intervención agradeciendo al licenciado Ángel Junquera, director de El Mundo del Abogado, por la creación del Premio a la Innovación Jurídica. Su tarea al frente de la revista durante más de 20 años es un ejemplo de talento y pasión puestos al servicio de las mejores causas de la abogacía mexicana, como lo está siendo también su labor como presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados.

Agradezco igualmente a los integrantes del consejo editorial de la revista, que decidieron incluirme entre los galardonados de este año. Es un enorme privilegio recibir este premio junto a dos personas a las que admiro desde hace mucho tiempo y que tantas cosas buenas han hecho por México, como son José Ramón Cossío y Regina Tamés. A tan ilustres compañeros de premiación les expreso mi más amplio reconocimiento a sus extraordinarios méritos para recibir este premio.

Agradezco desde luego a Gerardo Laveaga por sus generosas palabras de presentación. Haber compartido tantos años de amistad con Gerardo me han hecho valorar día tras día su talento discursivo, su incesante imaginación literaria y su compromiso con la formación de excelentes abogados en el país. En todo lo que Gerardo emprende, el éxito está asegurado.

Permítanme ahora referir algunas cuestiones alrededor del tema sobre el que Ángel Junquera nos ha convocado a reflexionar.

Quisiera ser muy claro y no darle muchas vueltas al asunto. La innovación ha sido desde hace años una posibilidad para los abogados mexicanos. Ya no lo es más. Hoy en día ha pasado a ser una obligación. Innovar o morir podría ser el nuevo lema de la abogacía mexicana.

¿Pero innovar cómo, innovar para qué e innovar entre quiénes?

La innovación jurídica se debe iniciar desde las aulas. Tenemos que formar a los estudiantes de Derecho en paradigmas renovados. La forma tradicional de dar clase no sirve más: no sirve a los alumnos, no sirve a las escuelas y no sirve tampoco a los maestros. Por lo tanto, no le sirve a México.

Tenemos que introducir las nuevas tecnologías en las escuelas de Derecho, enseñar con el apoyo de videos, transmitir información jurídica relevante a través de las redes sociales; es decir, necesitamos adaptar nuestros mensajes al lenguaje que reclaman las nuevas mentalidades y los nuevos medios de interacción social.

Pero también debemos dejar atrás la idea de que todo se resuelve cambiando las materias del plan de estudios o actualizando la bibliografía sugerida a los alumnos. Por el contrario: el plan de estudios universitarios de Derecho no debe estar sujeto a revisión cada dos o cada cinco años. Debe revisarse siempre: cada nuevo periodo académico o, incluso, cada mes o cada semana, si fuera necesario. Tan pronto como surge una nueva reforma o se dicta una sentencia trascendente, sus contenidos deben ser incorporados de inmediato a la currícula escolar, tanto en licenciatura como en posgrado.

Hay que darnos cuenta de que el tiempo apremia y a veces las inútiles formalidades burocráticas que se exigen para la aprobación de cambios a los planes de estudio no deben suponer una traba para el acceso de los estudiantes a los contenidos que requieren conocer y dominar para ser abogados de excelencia.

En un mundo que se mueve a la velocidad del rayo, no podemos seguir caminando a paso de tortuga en la docencia jurídica. Las universidades han ido avanzando con una lentitud pasmosa. En muchas instituciones educativas se sigue enseñando el Derecho como lo hacían en el siglo XIX. Para algunos profesores el tiempo sencillamente no ha pasado. No quieren ni pueden adaptarse al ritmo que exige la innovación. Me temo que les espera un futuro bastante incierto.

Lo que debe hacerse en la carrera de Derecho es pisar el acelerador a fondo y convertir nuestras universidades en bólidos del conocimiento, mediante la generación de contenidos pedagógicos de vanguardia y la introducción de los métodos de enseñanza que reclama la modernidad. Tales contenidos deben estar muy atentos a las necesidades del mercado de servicios jurídicos y articularse a partir de los dos ejes transversales sobre los que descansa la educación de los futuros abogados en nuestro tiempo: los derechos humanos y la argumentación jurídica.

La innovación debe darse también en la forma de interpretar y aplicar el Derecho. Hay metodologías nuevas que —pese a que han sido utilizadas desde hace décadas en otros países— siguen siendo ajenas a una parte considerable de abogados y jueces mexicanos. Necesitamos hacer un uso intensivo y bien fundamentado de la ponderación argumentativa, del examen de proporcionalidad, del principio pro persona (pero tomado en serio, no como simple lugar común que se esgrime en cualquier escrito judicial sin precisión alguna sobre su contenido y sus alcances), del control de convencionalidad aplicando los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las observaciones o las recomendaciones generales de los comités de Naciones Unidas y un largo etcétera.

Pero todo eso debe ser utilizado con mesura y racionalidad por los juzgadores mexicanos. Hay que cambiar esa forma de dictar sentencias cuyo contenido se extiende a lo largo de cientos y cientos de páginas, como si el desempeño judicial fuera un concurso de longitud argumentativa. Sentencias más breves, redactadas con lenguaje accesible, que eviten transcripciones innecesarias y que demuestren pericia argumentativa también serían innovaciones en el panorama jurídico del país.

Un tercer sector en el que se debe innovar es en la creación y la renovación de las normas jurídicas. Resulta increíble que en pleno siglo XXI sigamos leyendo artículos transitorios de nuevas leyes que se limitan a decir: “A partir de la entrada en vigor del presente decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan al mismo”. ¿Qué está derogando esa norma? ¿Qué alcance debe tener hacia disposiciones de su mismo rango y de rango inferior? ¿Cómo se determina exactamente su impacto sobre el conjunto del ordenamiento? ¿A quién corresponde declarar qué normas han sido, en efecto, privadas de vigencia?

Necesitamos mejorar la calidad de nuestras leyes, trayendo al debate parlamentario mexicano las mejores experiencias del Derecho comparado para legislar con fundamento, de forma racional y, sobre todo (lo cual es incluso todavía más urgente a la luz de la realidad política que estamos viviendo), de forma razonable.

Ahora bien, innovar para qué. La innovación jurídica debe servir para que los abogados mexicanos, cada uno desde la función que nos toque desempeñar, presten un mejor servicio, para que cuenten con herramientas actualizadas para hacer su trabajo y para que podamos dar algunos pasos (muchos o pocos, eso ya se verá con el transcurso del tiempo) hacia el logro de los ideales de la justicia con los que muchos de nosotros soñamos mientras estudiábamos la carrera.

La innovación jurídica puede mejorar sustancialmente al gremio de los abogados, alejándolo de la posible irrelevancia a la que podemos abocarnos si no cambiamos la forma de hacer las cosas. ¿Es exagerado hablar del riesgo de la irrelevancia de los abogados? Me parece que no.

Pensemos en esto: hay programas de inteligencia artificial que son capaces de procesar en un minuto más datos jurídicos que los que puede procesar un abogado en toda su vida. Ya existen plataformas automatizadas en internet que resuelven pequeñas disputas entre proveedores y compradores de forma rápida, confiable y gratuita (la de eBay tramita al año disputas entre usuarios de esa página web en un número cinco veces superior al total de juicios que tramitan todos los tribunales de Estados Unidos). Las páginas web de asesoría jurídica están ofreciendo soluciones prácticas a problemas legales sin la intervención directa de abogados de carne y hueso. El quinto despacho que más abogados emplea en el mundo no es un despacho de abogados, sino de contadores. Y la lista puede seguir. Lo cierto es que hay que cambiar y hay que hacerlo pronto.

Estamos en un escenario de innovación disruptiva en materia jurídica. Cada día nos acercamos a la posibilidad de un “momento Netflix” (que produjo la quiebra de Blockbuster), de un “momento Instagram”, que fue adquirida por Facebook en 19,000 millones de dólares luego de que con apenas 30 empleados hizo quebrar a una firma icónica como fue durante décadas Kodak (la cual contaba con 140,000 empleados cuando quebró en 2012), o de un “momento Uber” que está poniendo del revés el mundo del transporte terrestre de pasajeros. Llamémosle como queramos, pero no olvidemos este periodo de la historia jurídica del país en el que sonaron todas las alarmas.

A partir de ahora ya nadie puede decir que no estaba advertido: llevamos años diciendo que la alternativa no es hacer las cosas igual que siempre, sino adaptarse a los grandes cambios que está produciendo el salto tecnológico que nos ha tocado vivir.

Muchos de nuestros colegas abogados dicen que eso no es posible y que se trata de malos augurios que carecen de fundamento. Yo digo, por el contrario, que la nueva realidad de la abogacía no es un presagio del futuro, sino la dura y objetiva experiencia del presente.

Por eso es que necesitamos prestar de mejor forma nuestros servicios jurídicos, explorar nuevas formas de llegar a los potenciales clientes, utilizar con frecuencia las vías alternativas al juicio para resolver contiendas legales, convertirnos en abogados preventivos y no solamente reactivos frente a los problemas, etcétera.

 

Señoras y señores, estimados colegas:

Permítanme, antes de terminar estas reflexiones, volver a agradecer a la revista El Mundo del Abogado, a su magnífico director y a su ilustre consejo editorial por el inmerecido privilegio de recibir este premio que tanto me honra. Y hacerlo además contando con la presencia física y el estímulo afectivo de mi querida familia que hoy me acompaña. Gracias a mis padres, José y María Dolores; a Mónica, mi adorada esposa, y a mis queridos hijos Mercedes y Miguel. Ellos, más que un servidor, en realidad son los destinatarios de este premio, porque ellos son el mejor premio que me ha dado la vida.

Muchas gracias y muy buenas tardes.

 


Laudatio

Gerardo Laveaga

 

Hace algunos años, conversando con Jorge Carpizo, éste declaró ufano: “Soy el investigador más prolífico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM”. Luego corrigió: “Bueno, el más prolífico, después de Miguel Carbonell”.

Hace unos días, platicando acerca del Premio Nacional de Jurisprudencia, con el que la Barra Mexicana distinguió a Eduardo Ferrer Mac Gregor, Diego Valadés me expresó que era un justo homenaje. “Finalmente —suspiro—, Ferrer es el escritor jurídico que más produce en México”. Pero rectificó al instante: “Después de Miguel Carbonell, por supuesto”.

El propio Carbonell está orgulloso de su fértil producción. En su currículum subraya que es autor de 80 libros propios y coordinador y compilador de 62. Añade que ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México y de otros países.

Pero no es por su productividad que El Mundo del Abogado le otorga una presea esta noche. Tampoco por ser investigador nacional nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, ni por haber sido la persona más joven en haber alcanzado dicho rango.

Se le otorga el Premio a la Innovación Jurídica 2018por la imaginación y el entusiasmo con los que ha contribuido a la divulgación del Derecho en México”. A través de sus libros y sus artículos, sí; de sus clases en la UNAM; de sus conferencias a lo largo y ancho del país, naturalmente; de sus editoriales en El Universal. Pero, también, de las redes sociales, sin las cuales ya no se explica el mundo contemporáneo.

Promotor infatigable del control de la convencionalidad, de los juicios públicos y orales, de la necesidad de involucrarnos con el Derecho comparado y de los más modernos criterios del mundo occidental para hacer, ejecutar e interpretar la ley, desde hace años se dedica a interpelar a los operadores del sistema de justicia. Los instruye, anima, provoca y cuestiona.

Convencido de que las viejas formas de aplicar el Derecho ya no responden al vertiginoso desarrollo tecnológico, económico y social del mundo globalizado, se ha convertido —empleo el sustantivo con entera responsabilidad— en sacerdote del neoconstitucionalismo. Con furor misionero, ha explorado los caminos más intrincados para explicar el Derecho no sólo a sus operadores sino a un ingente número de personas.

Como todo innovador, Carbonell goza de vivas simpatías —que lo digan, si no, sus más de 207,000 seguidores en Twitter, número superior al de cualquiera de los aquí presentes— pero, también, de antipatías. Éstas tienen un doble origen.

Primero, la frescura con la que arremete contra jueces, fiscales y académicos, con el ánimo de exhibir sus pifias; el donaire con el que denuncia sus contradicciones y su apatía para dar vida a las nuevas figuras jurídicas que emergen en nuestra legislación.

Segundo, su convicción de que las leyes, artículos y fracciones rebuscadas tienen el propósito de ocultar la intención de nuestros legisladores para beneficiar a un puñado de personas sobre todas las demás. Sus detractores lo acusan de ser superficial, de simplificarlo todo, de reducir los vericuetos jurídicos a su mínima expresión.

Pero esto, lejos de ser motivo de vituperio, debiera serlo de aplauso: ¿cómo pretendemos que la sociedad acate una ley que no entiende? ¿Cómo esperamos contar con una población crítica y participativa regida por un marco constitucional ininteligible? Si el acceso a la justicia es más que una mera declaración retórica, debemos comenzar por la claridad.

Esto —no faltaba más— indigna a los que se llaman a sí mismos “expertos”. Ellos quisieran ser los únicos interlocutores entre las normas y la comunidad. Carbonell frustra su intento una y otra vez. Entre quienes lo leen y lo siguen en redes desfilan tantos abogados como no abogados. Todos, ávidos de descifrar el mundo legal.

Maestro nato, echa mano de cuanto instrumento didáctico halla a su alcance, de cuanta técnica pedagógica pudiéramos imaginar, para delatar las esclerosis y los anquilosamientos que plagan nuestra legislación. Sabe que las instituciones requieren oxígeno para mantenerse y crecer. Él lo proporciona a raudales.

Celebro, por lo anterior, que el Premio a la Innovación Jurídica de este año corresponda a Miguel Carbonell, que lo comparte con otros dos impulsores de la modernización jurídica de México: José Ramón Cossío y Regina Tamés. Hombres y mujeres como ellos son los que necesita México para convertirse en el Estado Democrático de Derecho al que aspiramos.

Muchas felicidades. 

 

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