Durante la cena de fin de año del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, el autor hizo una invitación al gremio para no olvidar que el mundo está cambiando. Muchas leyes e instituciones que prometimos defender en la universidad están cayendo a pedazos ante la sensación de que el Estado de Derecho sólo beneficia a unos cuantos.
Estimados colegas:
Las ceremonias de fin de año constituyen una oportunidad para festejar lo que hicimos en este periodo pero, también, para reflexionar dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
Representar los intereses de nuestros clientes y defenderlos con éxito en los tribunales puede traducirse en jugosos honorarios y un abogado ordinario no tendría por qué hacerse más preguntas: “Trabajo, pago mis impuestos y vivo bien”. Punto.
Sin embargo, siendo esta cena la del colegio de abogados más antiguo de México, cuyos miembros se han distinguido por ir más allá de protocolos, códigos y jurisprudencia, estamos obligados a averiguar si, como gremio, hemos estado a la altura de lo que espera el país de nosotros.
Quienes nos reunimos aquí esta noche, aprendimos en la universidad que nuestra tarea consistía en preservar el Estado de Derecho. Nos preparamos para defender la división de poderes, los derechos humanos y el apego irrestricto a la Constitución y a la ley.
Al paso del tiempo, sin darnos cuenta, nos erigimos en los guardianes de la seguridad jurídica y del statu quo. “Nuestra misión”, decíamos en nuestra época estudiantil, “será luchar por la justicia”. Lo seguimos pensando...
Devoramos los libros de aquellos autores que pontificaban al respecto y desmenuzamos las teorías que apuntalaban esta posición. Las adoptamos e internalizamos.
Lo que difícilmente hicimos fue examinar temas como la desobediencia civil y la anarquía. Me costaría trabajo imaginar que alguno de nosotros hubiera leído, entonces, los textos de Étienne de la Boétie, Pierre Joseph Proudhon, Howard Zinn o Wilhelm Reich.
Como van las cosas en el mundo, sin embargo, hoy es preciso conocer los argumentos de estos promotores del desacato a la ley y el desconocimiento de las instituciones. Este último autor —Reich—, por ejemplo, está convencido de que “la verdadera cuestión no es saber por qué se rebela la gente, sino por qué no se rebela”.
No podemos ignorar que, en los últimos meses, a impulso de miles de ciudadanos indignados, fueron echados de sus cargos los jefes de gobierno de Bolivia, Irán, Líbano y Malta. Ha habido revueltas trepidantes en Colombia, Chile, Ecuador, Francia y Hong Kong.
Howard Zinn escribe, por su parte: “Cuando los juristas y filósofos hablan con rimbombancia de un Estado de Derecho, lo que hacen es proporcionar un disfraz ideológico a las desagradables realidades de un orden político y social plagado de leyes injustas y prerrogativas legales arbitrarias”.
El Estado de Derecho también se ha puesto en tela de juicio con el ascenso de políticos como Jair Bolsonaro, en Brasil; Rodrigo Duterte, en Filipinas; Recep Erdogan, en Turquía; Viktor Orbán, en Hungría, y Donald Trump, en Estados Unidos.
A todos ellos parece estorbarles la ley para hacer prevalecer su voluntad. Y todos ellos están donde están porque así lo quisieron sus respectivos pueblos. “Paradojas de la democracia”, exclaman algunos académicos.
“Las engañosas apelaciones al Estado de Derecho”, vuelvo a citar a Zinn, “no hacen sino ocultarnos el papel que la ley desempeña como sostén de la injusticia. Los activistas de la desobediencia civil en ningún caso tienen obligación de expresar fidelidad alguna a la ley”.
Cualquiera de nosotros que hoy se dé una vuelta por una librería o, mejor, por las redes sociales, descubrirá la cantidad de libros e invitaciones a la subversión. Se nos convoca a ignorar las normas jurídicas, a desobedecer, a rebelarnos contra todo lo que huela a esa legalidad que poco o nada tiene que ver con un orden equitativo.
Ante esta ola de desprecio a la ley que recorre el mundo, ¿qué debemos hacer los abogados? Ante todo, cuestionarnos: ¿Vale la pena defender el Estado de Derecho? Si es así, ¿qué Estado de Derecho estamos dispuestos a apuntalar? Luego, calibrar el marco constitucional y legal que nos rige. Preguntarnos cuántas de nuestras instituciones son eficaces y cuántas no son, apenas, mera simulación, utilería de oropel para legitimar la desigualdad que sofoca a México.
Cuando converso con colegas de Alemania, España o el Reino Unido, no pueden creer que, en México, exista una fórmula que permita que la misma ley sea constitucional para unos e inconstitucional para otros. “Eso es consagrar la desigualdad desde la Carta Magna”, dicen estupefactos.
Tenemos que preguntarnos si la complejidad de ciertos ordenamientos jurídicos (pienso particularmente en los fiscales) está diseñada para que unos cuantos se salgan con la suya y si la oscuridad que todavía prevalece en juzgados y tribunales beneficia a quien tiene la razón jurídica o sólo a quien sabe moverse entre sombras y laberintos, sin rendir cuentas a nadie.
Quienes formamos parte del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados debatimos abiertamente temas como la interrupción voluntaria del embarazo, la conveniencia de legalizar la producción y distribución de la marihuana, el derecho que tenemos de disponer de nuestros órganos y de nuestra propia vida cuando así lo decidamos, la conveniencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, la falta de regulación del compliance y las oportunidades que se dejan pasar a falta de una legislación energética más audaz.
Pero hay temas que no abordamos y, en nuestra complacencia, intentamos convencernos de que vivimos en el mejor de los mundos. Nos esforzamos en creer que México es esta burbuja en el Club de Industriales. Y lo es. Pero sólo una parte pequeñísima.
Cuando advertimos que uno de los libros más vendidos en los últimos tiempos ha sido El capital en el siglo XXI, donde Thomas Piketty denuncia la asimetría entre el desarrollo de unos cuantos favorecidos a cambio del sufrimiento y desesperanza de ingentes mayorías, no nos queda más remedio que interrogarnos si, en México, las leyes sólo rigen para el 30 por ciento de los mexicanos o si de veras lo hacen para todo el país.
Cuando nos enteramos que, según OXFAM, 26 individuos poseen en el mundo la misma riqueza que otros 3,800 millones juntos, hay que revisar lo que no está funcionando y, a mediano o corto plazo, puede provocar un estallido.
La desigualdad, sea económica o jurídica, genera resentimiento. El resentimiento deviene represión, homicidios, desapariciones, corrupción y toda suerte de delitos. Ya no podemos confiar, como nuestros abuelos, en que la Iglesia Católica persuada a la población de que los pobres son bienaventurados y de que si esta vida es “un valle de lágrimas”, es porque la venidera será infinitamente mejor.
Ya no podemos esperar que todo se decante a nuestro favor, como en su momento lo hicieron, ingenuamente, el rey Carlos I de Inglaterra, el rey Luis XVI de Francia o el zar Nicolas II de Rusia. Por todas partes recibimos señales de que nuestro entorno está cambiando.
Volviendo al México del siglo XXI, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, dicen algunos, fue una arbitrariedad. Lastimó la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas. Para otros, sin embargo, fue una válvula de escape, una medida necesaria —casi urgente— que ayudó a despresurizar la rabia contenida de muchos mexicanos. Imagino que, entre ellos, figurarían algunos de los 100 millones que ni siquiera tienen pasaporte en nuestro país.
Celebremos, pues, el año que termina, pero no sin una sana ponderación sobre lo que hemos hecho y sobre lo que hemos dejado de hacer. Resistir al cambio o mantenernos rezagados no parece opción. Las circunstancias nos obligan a situarnos a la altura del desafío.
¿Qué espera México de uno de sus gremios más respetados e influyentes? ¿Cómo vamos a conseguirlo? Éstas podrían ser dos preguntas que, como personas y como colegio de abogados, podrían ayudarnos a divisar los horizontes para 2020.
