Reflexiones sobre la Guardia Nacional

Reflexiones sobre la Guardia Nacional

 

En su intervención en la Cámara de Diputados con relación al tema de la Guardia Nacional, el 10 de enero pasado, Pedro Salazar dejó en claro que la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe ser excepcional, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles y fiscalizada por órganos también de naturaleza civil.

 

 

Agradezco la oportunidad de exponer mis opiniones sobre la iniciativa para reformular las funciones de la figura constitucional de la Guardia Nacional y los derechos humanos. Advierto que, si bien dirijo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, acudo a este foro a título personal. Ello en aras del respeto y la deferencia que me merecen la pluralidad y la diversidad de opiniones al interior de mi entidad académica. También estoy consciente de que la representación y la facultad jurídica y política para modificar la Constitución y las leyes de nuestro país corresponde a ustedes, nuestras y nuestros legisladores. En esa misma medida también les corresponde asumir la responsabilidad histórica de sus decisiones. A nosotros nos toca una corresponsabilidad social que, en este caso, se traduce en expresar nuestra opinión con compromiso cívico hacia el constitucionalismo democrático.

Después de leer con cuidado el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados puedo afirmar que la propuesta para crear una Guardia Nacional sí implica la constitucionalización de la militarización del país. La clave está, sobre todo, en una porción de lo que sería un nuevo rrafo del artículo 21 de la Constitución: “La Guardia Nacional forma parte de la administración pública federal, a través [...] de la dependencia del ramo de la defensa nacional, en lo que respecta a la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación...”

Lo que se intentó con la Ley de Seguridad Interior (LSI) declarada inconstitucional por la SCJN— ahora se pretende imponer con una reforma a la norma suprema. Ello me permite realizar un atento y siempre respetuoso llamado a la congruencia por parte de aquellos hoy legisladores que en su momento se opusieron a la aprobación de aquella legislación

Al reformar la Constitución, como sucedió con el arraigo en su momento, se buscaría evitar los controles jurisdiccionales ante la estrategia militar para combatir al crimen; ello —según se ha dicho— en aras de recuperar la seguridad pública (que en el debate anterior los impulsores de la LSI intentaban con malabares lingüísticos, como si con ello se zanjara el debate, distinguir de la seguridad interior). Lo cierto es que en la vía de los hechos la cuestión era y sigue siendo la misma y se resume en la interrogante de si la estrategia militar es o no es compatible con un Estado constitucional digno de ese nombre.

Lo digo sin rodeos: en teoría ambas cosas son incompatibles. La intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad en los estados constitucionales debe ser excepcional, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles y fiscalizada por órganos también de naturaleza civil. Eso es lo que dice la teoría constitucional moderna. Por eso, la reforma constitucional que se propone, aunque técnicamenteal menos en principio— estaría blindada contra los controles jurisdiccionales de constitucionalidad, por su contenido y su sentido, apartarían al Estado mexicano del paradigma del constitucionalismo moderno. Alguien podría pensary debo reconocer que con algo de razón— que esta advertencia peca de academicismo y sólo encierra una petición de principio. Pero tampoco es una advertencia jurídicamente baladí.

México, como ya se ha advertido por quienes me han precedido, es parte del sistema interamericano de los derechos humanos. Se trata de un sistema internacional que vela por los derechos humanos de las personas. Las normas y las decisiones de las instancias de dicho sistemaque no es el único del que el Estado mexicano forma parte— son Derecho vigente en nuestro país y son vinculantes para las autoridades del Estado. De hecho, lo son incluso en los casos en que el Estado mexicano no es parte involucrada. Pero, más allá de ello, sobre el tema que nos ocupa, hace algunas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso “Alvarado Espinoza y otros vs. México”, con claridad sostuvo lo siguiente: “Si bien los Estados partes de la convención podrían desplegar a las fuerzas armadas para desempeñar tareas ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados, dicho empleo debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad [...] dado que el entrenamiento que reciben las fuerzas militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.

Ese caso se suma a otros casos lamentablemente, que han sido documentados y acreditados por autoridades nacionales e internacionales, en los que elementos de las fuerzas armadas cometieron violaciones a los derechos humanos, como Tlatlaya, Ostula Michoacán, Fernández Ortega y, desafortunadamente, muchos más. Si bien es cierto que las violaciones a derechos humanos en Méxicocomo en otros países— no son cometidas exclusivamente por las fuerzas militares, también lo es que estas últimas como advierte la Corte IDH— no están adiestradas para realizar tareas de seguridad siguiendo protocolos orientados por los principios y las reglas de eso que en el constitucionalismo liberal moderno se conoce como “debido proceso”. De esta manera, cuando las fuerzas civiles violan derechos humanos están infringiendo los procedimientos para los que fueron entrenadas; en cambio, cuando lo hacen las fuerzas militaresen diversos supuestos— están llevando a cabo las acciones para las que fueron entrenadas en situaciones de conflicto violento. Por lo mismo, según diversos estudios académicos, cuando intervienen las fuerzas militares en tareas de seguridad aumentan los muertos y desaparecidos frente a los detenidos y procesados.

Pero también hay casos en que las violaciones a los derechos humanos de las personas por parte de militares responden a lógicas de autoridad en las que se refleja el resorte autoritario de la formación castrense. Pienso en el caso, condenado por la Corte IDH, de Valentina Rosendo Cantú. Déjenme que sea la voz de sus palabras para entender, en su experiencia, de qué es de lo que estoy hablando: “El día 16 de febrero de 2002, en un arroyo ubicado como a cinco minutos caminando de mi casa [] estaba […] lavando, ya casi acababa [] cuando de pronto escuché un ruido de paso, me volteé a ver, salieron ocho militares y uno de ellos [] enojado me preguntó que dónde estaban los encapuchados y yo contesté con miedo que no sé, que no conocía a nadie. [] Dos militares se acercaron a mí y los seis militares [restantes] me rodearon y me quedé en medio con los dos militares. Uno de [ellos] me apuntó con su arma en el pecho, me amenazó con disparar si no le decía nada, uno de los militares sacó una fotografía de una persona [] me preguntó nuevamente que si no [] conocía [a] la persona de la foto y contesté que no, ese mismo militar sacó una lista de nombres de once personas y me dijo si conocía estos nombres y contesté no [] me dijo cómo que no sabes, qué no eres de Barranca Bejuco, contesté que no, que era de Caxitepec, que apenas me había casado con un hombre de Barranca Bejuco, y ese mismo militar que me estaba apuntando me golpeó en el esmago con su arma, c en la piedra donde yo estaba lavando, me desmayé y cuando [] recobré el conocimiento me senté [] y otro militar que me estaba enseñando la lista de las personas me [tomó del] cabello [] enojado, cómo que no eres de Barranca, [] contesté que no […], si no vas a decir nada vamos a ir a matar a todos de Barranca Bejuco, y [] yo no quise decir nada pues tenía [] mucho miedo de que me matara, y ese militar me agarró con fuerza, me rasguñó la cara, me exigía que yo dijera dónde estaban los encapuchados y ahí [es] donde uno de los militares me abusó, me encimó [] en contra de mi voluntad [] abusó de mí y los seis militares que estaban ahí se burlaban y riéndose de mí como me hacían sus compañeros, y ahí donde abusaron los dos militares en contra de mi voluntad no podía escapar [] pues estaban rodeándome los seis militares, [] yo [] pedía auxilio, como pues nadie me va a escuchar porque es un lugar donde no hay gente, […] muy solitario y cuando terminaron los militares de abusar de mí como [] pude escapé casi desnuda, lleg a mi casa, conté a mi cuñada [] lo que […] me pasó y estaba llorando, golpeada de mi esmago y sangrado de la cara del rasguño que me dieron [] y llegó mi esposo, [quien] en ese mismo tiempo estaba trabajando [] y yo le conté que fui abusada sexualmente [por] los militares”.

A partir de casos como éste la Corte IDH ha madurado sus criterios sobre el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. Desde esta perspectiva, la reforma constitucional con la que se pretende crear la Guardia Nacional sería inconvencional. Es decir, jurídicamente sería incompatible con normas contenidas en sentencias que estamos obligados a cumplir. Con ello el Estado mexicano se apartaría de sus compromisos internacionales y las autoridades mexicanas podrían incurrir en responsabilidad. Pero, además, y esto es en lo que interesa insistir, las resoluciones de la Corte IDH están orientadas a prevenir y a evitar la repetición de graves violaciones a los derechos humanos de las personas. Es decir, no se trata de una postura teórica o retórica sino de un postulado normativo fundado en la experiencia de lo que sucede cuando dejas en manos de la lógica militar el expediente de la seguridad pública o interior, como quieran que se llame.

Para terminar, tomando en cuenta la experiencia reciente de otros países de nuestra región, la propia Corte IDH ha advertido otra razón para objetar la estrategia militar en estas lides: las fuerzas armadas van ganando poder, recursos y control territorial. ¿Por qué aceptarían renunciar a ello —como sugiere la propuesta— dentro de cinco años?

La historia de las instituciones nos enseña que las organizaciones que tienen poder tienden a conservarlo y, en la medida de sus posibilidades, a acrecentarlo. Es la lógica elemental que ha documentado una larga tradición del pensamiento político. Así que sólo desde la ingenuidad resulta sensato suponer que será fácil el retorno a los cuarteles. Si no se ha podido hasta hoy, mucho menoscon todo lo que supone la Guardia Nacional— se podrá mañana. Hoy la apuesta debe ser por el fortalecimiento de las policías civiles, por la utilización de la Constitución vigente por ejemplo, de su artículo 29 cuando sea inevitable— y por el paulatino regreso de nuestras fuerzas armadas a las funciones constitucionales que les corresponden y que durante décadas ejercieron de manera ejemplar.

Lo que está en juego es que lo que se ha propuesto como una cuarta transformación sea, como todoscreo— deseamos que sea, la consolidación de un Estado en el que la democracia, la paz social y los derechos humanos de todas y todos se concatenen o, a pesar de la voluntad de sus promotores, observadores y destinatarios, termine por sentar las bases de un ominoso e indeseado pero siempre posible cambio de régimen.

 

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