Apliquemos la ley

Apliquemos la ley

 

El ambiente tan crispado en el que vivimos desde hace unos meses suele suscitar el pesimismo de muchos mexicanos. Es entendible. Las acusaciones cruzadas sobre corrupción que vienen y van de un grupo a otro y las que pronto van a sumarse— hacen pensar a algunos que estamos sumidos en un lodazal. Esto ayuda a las encuestas de popularidad, pero no a la cohesión social.

Afortunadamente, tenemos una Constitución, códigos penales y una serie de ordenamientos jurídicos que nos indican qué se vale y qué no. “Nadie los respeta”, se quejan los pesimistas: “Las revanchas son lo único que importa. Están a la orden del día y lo que se busca es desprestigiar al otro, humillarlo, inhabilitarlo para las elecciones de 2021”. Es posible que esto sea lo que busquen algunos pero, más allá de lo que éstos pretendan o no, ahí está nuestro marco constitucional y legal. Lo único que tenemos que hacer es aplicarlo.

El debido proceso es resultado de largas confrontaciones y luchas, de aciertos y errores, de experiencias internacionales exitosas y malas prácticas que han demostrado resultar muy costosas para quienes han incurrido en ellas. Si ya tenemos trazados los procedimientos, echemos mano de ellos. Más aún: aferrémonos a ellos. No permitamos que nadie los vulnere.

Afirmar esto no supone una ingenuidad sino una advertencia: si lo que afirma Emilio Lozoya es cierto y consigue aportar pruebas para sancionar a quienes violaron la ley, celebrémoslo. Si resulta que las “aportaciones” que recibió el hermano del presidente de la República no tenían origen lícito, y eso acarrea un castigo, enhorabuena. Mientras todo se lleve al cabo conforme a la ley, México saldrá ganando. No importa quiénes resulten responsables y quiénes no. Lo importante es que nos atengamos al proceso que se ha constituido al efecto.

Se habla de someter a votación popular si se persigue a algunos ex presidentes de la República, pero esto sería tan incorrecto (y tan peligroso) como someter a votación si se le debe cortar la mano a los carteristas del metro o no. Significaría abrir puertas que luego, quizás, ya no puedan cerrarse. “La ley es la razón libre de pasión”, escribió Aristóteles. Y tenía razón: si la ley exige perseguir a los ex presidentes, persigámoslos. La aplicación de la ley no está sujeta al humor de un fiscal, ni a las encuestas de popularidad de un partido político.

Una de las condiciones para que esto ocurra es que contemos con jueces, magistrados y ministros independientes. La división de poderes es una conquista centenaria y, como lo hemos visto en diversos momentos, ignorarla puede resultar catastrófico para el Estado Democrático de Derecho.

Hoy, más que nunca, los abogados estamos obligados a velar por él y a exigir que se respete en todos los ámbitos. Beneficie a los imputados que beneficie y perjudique a los imputados que perjudique, si éste se respeta, saldrán ganando el gobierno y los jueces, los fiscales y los defensores. Pero, sobre todo, saldrá ganando México.

 

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