Baja California: democracia bajo asedio

Baja California: democracia bajo asedio

 

El colapso de las democracias en todo el mundo se ha dado, gradual e imperceptiblemente, a lo largo de los últimos años. Muchos gobiernos que fueron electos democráticamente han subvertido la democracia desde dentro. Ésta es, al menos, la tesis de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias.

Acallando o sobornando a la oposición, cooptando a las instituciones que debieran ser autónomas, polarizando a la sociedad en bandos irreconciliables y manipulando a la opinión pública mediante discursos demagógicos, las democracias comienzan a ser asediadas. México no parece ser la excepción.

En 2014 se aprobó una reforma a la Constitución política del país con el fin de homologar los procesos electorales locales con las elecciones federales. En octubre de ese mismo año, atendiendo a lo dispuesto por la Constitución, el Congreso de Baja California modificó su texto constitucional, con el propósito de que el próximo mandato gubernamental del estado durara dos años en lugar de seis: del 1° de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

Bajo estas disposiciones se convocó al proceso electoral del 2 de junio en Baja California, el cual se llevó a cabo de manera libre, democrática y pacífica. En él se eligió al gobernador de Baja California y se renovaron el Congreso local y los cinco municipios del estado.

Jaime Bonilla Valdez, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena, obtuvo 53 por ciento de los votos. De ese modo arrebató al Partido Acción Nacional el bastión que llevaba gobernando desde 1989, cuando Ernesto Ruffo se convirtió en el primer mandatario electo en la historia del PAN.

Sin embargo, el pasado 8 de julio, con 21 votos a favor, el Congreso de Baja California aprobó una iniciativa para reformar el artículo 8° transitorio de la Constitución local, extendiendo el mandato de Bonilla de dos a cinco años, con el argumento de que un periodo de dos años representaba un “gasto significativo para el erario”.

Lo anterior es escandaloso por donde se mire. Abre las puertas a la reelección de gobernadores y hasta del presidente. Así lo han denunciado decenas de asociaciones civiles, entre las cuales destaca la Barra Mexicana. El atropello a los principios de legalidad y certeza jurídica, con que los bajacalifornianos salieron a las urnas, resultó ofensivo para todos los mexicanos.

Los defensores de ese atropello no tardaron en enarbolar la soberanía estatal como razón del cambio. Pero si mañana, con este mismo argumento, Guanajuato decidiera prorrogar seis años el mandato de su gobernador, a quien resultaría menos costoso mantener ahí 12 años, puesto que ya se le eligió para seis, ¿nadie diría nada? Si Quintana Roo instaurara la esclavitud, Jalisco impusiera una monarquía o Chihuahua estableciera la mutilación de la mano para los carteristas, ¿nadie alzaría la voz?

La soberanía de las entidades federativas no puede implicar, en ninguna circunstancia, que los estados violenten, a su antojo, los valores y los principios de nuestra Carta Magna. La soberanía con la que cuentan los estados se encuentra al mismo tiempo garantizada y limitada por la Constitución política.

No permitamos que la demolición de nuestro Estado Democrático de Derecho comience desde dentro y se produzca ante nuestros propios ojos. Defender la Constitución, así como los principios de nuestra democracia, es una tarea común para todos: partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, académicos, medios de comunicación y, sobre todo, los poderes de la Unión, que deben cerrar filas para frenar el atropello: las cámaras legislativas, el Ejecutivo federal y, particularmente, la Suprema Corte de Justicia, que pronto enfrentará su prueba de fuego.

Callar ante esta tropelía implicaría convertirnos en cómplices de quienes pretenden asediar una democracia que tantos desvelos, tantas luchas y tanta sangre ha costado erigir y mantener.

 

Ángel M. Junquera Sepúlveda

Director

 

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