Cerremos el caso Iguala

Cerremos el caso Iguala

La noche del 26 de septiembre de 2014 murieron tres estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos, situada en Ayotzinapa, Guerrero. También un joven futbolista, un chofer de camión y una mujer que viajaba en taxi. Otros 43 estudiantes de esa misma escuela desaparecieron…

Desde entonces, el caso Iguala se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Aunque la investigación que se hizo fue intensa, aún quedan cabos sueltos que los enemigos del régimen, algunas OSC's y ciertos luchadores sociales han visto como oro molido para cobrar viejas cuentas o para sacar raja.

 

A lo anterior se sumaron algunas declaraciones desafortunadas del procurador, del secretario de Gobernación y hasta del presidente de la República. Pero no sólo han sido sus declaraciones. El propio gobierno invitó y financió al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por cinco activistas que vinieron a agitar las aguas y a incrementar las sospechas de que el responsable de los 43 desaparecidos “fue el Estado”, como se clamaba en las calles.

Siguiendo tácticas predecibles en el ámbito de la resistencia civil, los “expertos” se dedicaron a denunciar más que a investigar. Todo lo pusieron en duda: los testigos fueron torturados, las pruebas fueron sembradas, no pudo haber ardido una pira sin que se viera a kilómetros de distancia, los soldados no fueron correctamente interrogados, los estudiantes siguen encerrados en un cuartel militar… Nada sostenible, a decir verdad.

Todo indica que los estudiantes que salieron ese aciago 26 de septiembre a “tomar” autobuses para transportar a sus colegas a las marchas del 2 de octubre en la Ciudad de México, fueron confundidos por Los Guerreros Unidos, uno de los grupos que se disputa la siembra de amapola y el comercio del opio en Guerrero. Creyeron que pertenecían a Los Rojos, otro de los grupos delictivos que operan en la región, y exigieron a las policías municipales de Iguala y Cocula —infiltrados por el crimen organizado— que se los entregaran para ejecutarlos.

Por órdenes del Cabo Gil, jefe de Los Guerreros Unidos, los normalistas fueron llevados hasta una barranca a la que sólo puede accederse por un camino de terracería —el famoso basurero de Cocula—, donde todo sugiere que fueron ejecutados. Luego, los sicarios encendieron una hoguera en la que se incineraron los cadáveres.

Aunque algunos peritos insinuaron que no se podían “desintegrar” 43 cuerpos en una hoguera semejante, otros aún más calificados determinaron que esto era perfectamente posible. Lo que habría sido imposible es que, en aquel paraje inhóspito, alguien hubiera podido ver la columna de humo que se alzó. Los restos carbonizados fueron machacados con palas y metidos en bolsas que se arrojaron al río San Juan, el cual desemboca en el río Balsas.

La historia puede tener inconsistencias —como toda reconstrucción en un proceso penal—, pero los indicios, testimonios cruzados y pruebas periciales indican que así ocurrió. En algunos casos, incluso, los jueces han emitido “la verdad judicial”, confirmando la verdad histórica, que tanto indignó a algunos. Las acusaciones del GIEI no han pasado de ser hipótesis o elucubraciones.

Quienes han comenzado a hacer un modus vivendi de esta tragedia, sin embargo, no se conforman. Apegándose a una práctica de sindicalismo mal entendido, que pretende convertir cualquier hecho desafortunado en demandas a largo plazo, exigen más. Si se les da 10, quieren 20; si se les da 20, quieren 50. Pero ¿cuánto más se les puede dar? Arely Gómez, que es una servidora pública ejemplar y se ha conducido con la serenidad y la honestidad que la caracterizan, ha llegado casi a las mismas conclusiones que Jesús Murillo Karam.

Hay quienes dicen que habría que meter a Murillo y a Tomás Zerón a la cárcel por encubrir… pero ¿encubrir a quién? ¿A un jefe político, a uno militar o a uno policial? En ese caso, al que habría que encerrar primero sería a ese personaje. Pero nada conduce a alguien así. También se clama por que se ponga tras las rejas al ex gobernador de Guerrero. Pero ¿con qué cargos?

Por doloroso que se antoje, el caso debe cerrarse. Y cerrarse ya. Hay que dar vuelta a la página. Ahora bien, si aún quedan líneas de investigación abiertas —que uno de los camiones "incautados" por los normalistas llevara droga, por ejemplo—, y se quiere seguir dando juego a los inconformes, entonces lo que hay que hacer es crear una fiscalía especial en toda forma, un organismo con un titular bien visible, que pueda ser el interlocutor ante los padres de los jóvenes asesinados, la ONU, el gobierno de Estados Unidos, la Comunidad Europea, las OSC's, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, sobre todo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), cuyo titular, James Cavallaro, se da ínfulas de juez supremo.

No podemos permitir que la Procuraduría General de la República, y ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores, sigan desgastándose con un tema agotado. La politización de la justicia mina al gobierno federal y, también, al Estado Democrático de Derecho. A la larga, todos saldremos perdiendo.

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