¿De veras queremos 33 consejos de la judicatura?

¿De veras queremos 33 consejos de la judicatura?

El Consejo de la Judicatura Federal vuelve a estar en el ojo del huracán. No por algún escándalo en particular ni por alguna pifia destacada, sino por la iniciativa que se envió recientemente al Poder Legislativo para crear consejos de la judicatura en todas las entidades federativas.
La pregunta a la que obliga esta iniciativa es: ¿para qué? ¿Para qué generamos consejos de la judicatura en los estados cuando el federal deja tanto que desear? ¿Para otorgar a los gobernadores más control del que ya tienen sobre los tribunales locales?
Cuando constatamos que algunos presidentes de los tribunales superiores de justicia se refieren al gobernador de su estado como “jefe”, o cuando vemos que otros tienen un retrato del gobernador en sus oficinas, confirmamos que la división de poderes dista mucho de ser una realidad en México. ¿Queremos llevar esta farsa a sus extremos?
La que sí debemos llevar a sus extremos es la tesis sobre el Consejo de la Judicatura Federal para entender mejor el problema: ¿qué ocurriría si hoy desaparecieran los siete consejeros que integran el Consejo de la Judicatura Federal? Muchos de sus hijos, nueras, sobrinos y ahijados perderían sus chambas, desde luego, pero, ¿sucedería algo más? ¿Qué tanto se verían perjudicadas la administración, la vigilancia y la disciplina de los jueces y magistrados? A decir verdad, hasta podrían verse beneficiados.
A pesar de que la Constitución le confiere independencia técnica y de gestión para realizar sus facultades, hoy día el Consejo se halla anquilosado, perdido en trámites sin sentido y discusiones con las que se acaba ignorando la corrupción flagrante que se vive en el Poder Judicial de la Federación.
Algunos abogados cuentan cómo, en pleno siglo XXI, muchos asuntos se siguen resolviendo a través de la corrupción. Como ésta es cosa de dos, estos litigantes no dan sus nombres. Más aún, desmentirían la aseveración de forma airada. Pero hay que oírlos en corto.
“Oírlos en corto y darse una vuelta por los estacionamientos de los tribunales”, denuncian algunos ministros de la Suprema Corte: “Hay que ver las casas de algunos jueces y magistrados. Hay que ver en qué escuelas del extranjero estudian sus hijos, para confirmar que sus sueldos no les permitirían esos trenes de vida”.
Los seis abogados que integran actualmente el Consejo son quijotes extraviados o burócratas anquilosados que nada han hecho para eliminar a los corruptos. Echémosle un ojo a cada uno de ellos.
Felipe Borrego es un chivo en cristalería. Busca hacer diagnósticos y denunciar el nepotismo que asfixia al Consejo, pero sus esfuerzos se extinguen en los ritmos paquidérmicos del órgano colegiado.
Rosa Elena González, la mejor de las consejeras, es trabajadora, dedicada y estudiosa. Defiende con ahínco sus puntos de vista, pero éstos siempre son técnicos. Parece asustada ante cualquier innovación o cualquier proceso que modernice lo que ella tan bien conoce.
María del Carmen Hernández, designada directamente por el titular del Ejecutivo federal, apoya incondicionalmente al presidente de la Suprema Corte —que lo es también del Consejo de la Judicatura— y lo llama “jefecito” para que no haya dudas de qué lado juega. No es mucha la independencia que puede esperarse de ella.
Alfonso Pérez Daza, cuya vocación intelectual merece aplauso, tiene la obsesión de convertirse en ministro del Máximo Tribunal. Para ello, evita confrontarse con jueces y magistrados que, al paso del tiempo, pudieran obstaculizar su camino a Pino Suárez. Apoya al presidente de la Corte con auténtica devoción.
Manuel Ernesto Saloma Vera, gris y anodino, tenía puestas sus miras en una meta más modesta: una de las posiciones que se desocuparían en el Tribunal Federal Electoral, pero el pleno de la Corte acabó con sus esperanzas. En los casi cinco años que lleva en el cargo, ha sabido flotar sin contratiempos.
Guadalupe Tafoya, el más crítico e incómodo de los consejeros, también buscó una posición en el Tribunal Electoral, lo cual era probable que obtuviera, no por sus méritos sino para que su lugar pudiera ser ocupado por un consejero más dócil a la férula del presidente, cuya única misión es no hacer olas que incomoden al gobierno federal… pero los ministros también acabaron con su ilusión.
Crear consejos de la judicatura en las 32 entidades federativas, a los que se sumaría el Consejo Federal de la Judicatura, sería un retroceso en la autonomía judicial. Si ya el pleno de magistrados ha probado sus ventajas en los estados de la República, ¿para qué crear más órganos? ¿Cómo se integrarían? ¿Con los incondicionales del gobernador?
Hay que evitar que esto ocurra. Los ejemplos de los gobernadores-virreyes, que tanto daño han hecho a México, deben disuadir a los legisladores de respaldar este despropósito.

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